Regasificadora¿Una nueva novela de final incierto?
José Amy
Durante las primeras dos semanas del mes de Octubre asistimos a un nuevo hecho de falta de coherencia y transparencia, que se suma a los tantos “como te digo uno cosa te digo la otra”, de ambas administraciones del FA. El Martes 2/10 Gas Sayago, con el respaldo de ANCAP, UTE y la empresa GDF Suez (de capitales Belgo-francesa) firmaron el contrato para la construcción de un muelle y el alquiler de una planta regasificadora a instalarse en la bahía de Montevideo. Se trata de construir un gasoducto de 20 pulgadas de diámetro, y 14,5 kilómetros de largo (2,5 kilómetros serán subacuáticos). En otro orden de cosas, es posible decir que, si bien no se aceptó una audiencia publica previo a la firma del contrato, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) antes de su autorización definitiva, tenia previsto y concretó una audiencia el lunes 14/10. Esta última constituye un punto de inflexión natural que nos permite interrogarnos la misma cuestión, en tres sentidos: ¿Qué paso en el lapso previo a la audiencia? ¿Qué paso en la audiencia? ¿Y luego de esta? En lo que resta de esta exposición analizaremos estos puntos uno a uno, tratando de desentrañar los engaños, las idas y vueltas y la falta de transparencia del gobierno. Mediante constantes declaraciones a la prensa las autoridades del gobierno daban por hecho el proyecto, un síntoma raro sabiendo las etapas que quedaban por concretar. Lo que si podemos decir que ha sido un hecho es la falta de transparencia durante todo el proceso. En primer lugar, podemos constatar la existencia de un expediente que ha sido negado a los vecinos, que indicaría que la localización de la regasificadora en Puntas de Sayago sería inviable, si bien alguna persona pondría objetarlo por falta de pruebas, ver el antes y el después de las declaraciones de Ramón Méndez (Director de Energía) despeja cualquier duda. En el año 2010 la consultora Norteamericana Foster Wheeler Iberia aconsejó -mediante un informe- construir la terminal en una localización distante de la costa, para evitar los potenciales impactos sobre la seguridad de la población. Recientemente en una nota a la prensa (El Observador) Méndez dijo que en el informe que el gobierno tiene en su poder no aparecen estas recomendaciones y que, por lo tanto, el documento al que había accedido el mismo medio (El Observador) es “falaz” o puede estar “adulterado”. En este sentido, el gobierno defendió la ubicación donde se emplazará la regasificadora (a 2,6 kilómetros de Puntas de Sayago) pero como frutilla de la torta también en el año 2010 Méndez dice cosas que hoy niega, como por ejemplo que la regasificadora estará a 40 kilómetros de la costa. Entonces este desconocimiento por parte de las autoridades pueden generar siniestros fatales, y como dicen los vecinos se “privilegia el carácter económico en contraposición de la seguridad de la población”. Ya tenemos ejemplos muy claros de mala gestión y costo para los uruguayos, la sigla PLUNA dice todo por si misma. Otra cuestión sorprendente, así como caótica, en la nueva novela del gobierno, fueron las declaraciones de Jorge Rucks (titular de DINAMA) enfatizando en las constantes presiones que integrantes del gobierno ejercen ante el organismo. “Esa es la tragedia que se vive acá adentro: trabajamos presionados de todos lados, el problema es que no podemos ceder a esa presión (…) desde las instituciones de gobierno nos plantearon que teníamos que resolver las cosas rápido, que eso tenía que estar firmado en tal fecha.” Cuando el pueblo se despierta, el gobierno no tiene respuesta, y este fue el clima que se vivió en la asamblea pública organizada por el gobierno. Entre insultos y visiones contrapuestas tuvo lugar la asamblea, no respetando la voluntad de quienes asistieron y confirmando la actitud soberbia del gobierno, que mientras los vecinos pedían nada más que un mayor control, los actores del gobierno decían que la regasificadora “tiene el mismo riesgo que cocinar”. Como si fuese poco luego de culminada la asamblea no sabemos aún: ¿Qué medidas preventivas existen en caso de un siniestro? ¿Cómo se van a detectar las fugas de gas si llegasen a existir? ¿Quién será el encargado de controlar los buques de magnitudes extremas que trabajarán allí? ¿Existe un sistema de evacuación en caso de un siniestro? Y por último, y no menos importante: ¿y los riesgos sociales de esta actividad para los vecinos de la zona afectada? Claramente el gobierno nuevamente, dice una cosa y hace otra, convoca asambleas para no respetar la voluntad de los involucrados y comienza un nuevo proyecto que esperemos no sea otra novela de final incierto como la ex PLUNA.