Realidad, urgencia y dolor
Actualmente, la Mesa Interinstitucional para la Prevención de la Trata y Explotación de Personas está promoviendo el debate sobre el Anteproyecto de Ley Integral sobre Trata y diversas formas de explotación de Personas en el Uruguay.
Con un importante apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el carácter de “Integral” supone garantizar los derechos humanos en todas sus expresiones. Una realidad que expresa urgencia y dolor.
La Ley Integral aspira a fortalecer el marco normativo vigente, en base al Protocolo de Palermo y Directrices Internacionales en relación a los Derechos Humanos.
Se trata de una Ley humanista basada en dos principios fundamentales: PRO persona en general y PRO víctima en particular.
Los ejes fundamentales se describen en distintas acciones: Prevención; Persecusión; Atención a Víctimas; Protección a Víctimas; Penalización.
El aspecto penal debe manejarse con una mirada humanitaria y profundizar los esfuerzos en el seguimiento y reparación de los daños causados en las víctimas como prioridad.
Se diferencia de otros crímenes organizados porque involucra directamente a seres humanos (mayoritariamente mujeres, niños/as) tratados como objetos. Evidencia una significativa inequidad de género según estadísticas internacionales.
Este tipo de delito transnacional moviliza aproximadamente cuarenta millones de dólares anuales en beneficio de quiénes mercantilizan personas en contra de su voluntad, siendo un negocio redituable en el tiempo por especular con la expectativa de vida de las víctimas.
Hablamos de explotación sexual; víctimas forzadas; matrimonios simulados; embarazo forzado; venta de niñas/os; remoción y transferencia de órganos; exclavitud; explotación laboral; mendicidad obligada; y adopciones irregulares, entre otras actividades que vulneren la dignidad humana.
Uruguay hoy es un país de origen-tránsito y destino. .Ciudades limítrofes con fronteras terrestres y/o fluviales presentan mayor vulnerabilidad a este flagelo; la presencia de puertos, intensa actividad turística, entre otras características facilitan este tipo de delito. Colonia es uno de los departamentos con alta vulnerabilidad y riesgos de trata y explotación sexual. Los gobiernos departamentales deben apoyar con políticas locales que adviertan la dinámica de organizaciones de trata y denuncien las potenciales rutas internas y externas al territorio nacional. Es necesaria la sensibilización y capacitación obligatoria de los operadores privados del transporte (carga y pasajeros) y turísticos, entre otros, como medida preventiva.
Perú, Colombia y Argentina tienen leyes y sistemas de control que funcionan eficientemente; Chile recién inicia esfuerzos en el tema. En la región queda mucho por hacer y requiere del compromiso real de toda la sociedad.
Algunas propuestas a considerar: garantizar los derechos de las víctimas y reparación de los daños no condicionados a la realización de la denuncia; que los apoyos por parte del Estado sean gratuitos; crear una Unidad Especializada en Trata con presupuesto propio; que la Ley tenga “dientes”, lo que significa que para su implementación cuente con recursos que pueden originarse de los bienes requisados en crímenes de estas características y/o a través de impuestos de salida del país cómo sucede en Costa Rica (un dólar).
Realidad que existe, invisibilizada e hipócritamente denunciada. Estar omisos al dolor y la urgencia que nos genera el menoscabo de la dignidad humana nos hace reflexionar sobre nuestros derechos y obligaciones para con una sociedad más justa y humanista. Bienvenida la Ley, impostergable debate, imperiosa aprobación parlamentaria e implementación en Uruguay.