Mis palabras en la sesión que crea un Servicio Descentralizado para atender a los Menores Infractores

Mis palabras en la sesión que crea un Servicio Descentralizado para atender a los Menores Infractores

 

SEÑOR BORDABERRY.– Señor presidente: hoy es un día agridulce. Por un lado estamos contentos de que finalmente se apruebe este proyecto de ley –propuesta que elevamos en el año 2010–, pero por otro reflexionamos acerca de los tiempos que insume la concreción de las iniciativas porque transcurrieron cuatro años para que finalmente se llegara a algo. Los tiempos del sistema político no parecen ser los que necesita el país, y esto –cuando finalmente estamos aprobando aquella propuesta– debería hacernos reflexionar.
En el año 2010 alertábamos al Parlamento y a la ciudanía sobre un problema que nos ponían de manifiesto, no solamente las estadísticas, sino también las noticias: el aumento de la participación de los menores en los delitos.

SEÑOR BORDABERRY.– Con mucho gusto.

SEÑOR BORDABERRY.– Señor presidente: las palabras de la señora senadora me hicieron acordar a aquel pasaje de Romeo y Julieta en el cual Julieta se le queja a la aya porque la pelea entre Montescos y Capuletos no permite llevar adelante su amor. Y Julieta dice, quejándose: «¿Qué hay en un nombre? Si una rosa dejara de llamarse rosa, seguiría oliendo a rosa». Y bueno, ¿qué hay en el nombre de un instituto? Si no le cambiamos el contenido, seguirá siendo el mismo instituto. En eso coincido con la señora senadora Payssé.
Debo decir que discrepo en este avance en el uso de «senadores y senadoras». Nosotros no decimos «menor y menora». La Real Academia está de mi lado. Y antes de que salte alguna «senadora» o «senadoro», voy a seguir adelante con el tema.

En el año 2010 alertábamos sobre lo que estaba viviendo la sociedad, y lo hacíamos en base a estadísticas y no solo a los titulares de los diarios y de los noticieros, que empezaban a dedicarle espacios a un dato que surgía de la realidad. Estaba aumentando la participación de los menores en los homicidios, que habían pasado de un 9 % a un 21 %. También había aumentado la participación de los menores en las rapiñas, llegando hasta un 50 % o 51 %; esto no quiere decir que fueran los únicos que los llevaban adelante, sino que participaban en hechos de rapiña con mayores. Ese era un problema que tenía que enfrentar la sociedad. Durante su primer Gobierno, el Frente Amplio había enfrentado el problema de la minoridad delincuente de una forma –yo diría– ingenua. Todos recordamos aquel episodio que tuvo como protagonistas a la señora ministra de Desarrollo Social y al exsenador Lorier, que hoy no está acá con nosotros, pero a quien le tenemos tanta estima. En ese incidente se produjo un motín y, con esa ingenuidad en el enfrentamiento de estos problemas de la sociedad, fueron raudamente a solucionarlo, al grito de: «¡No me toquen a mis gurises!». Y entraron para que no les tocaran a sus gurises, quienes dijeron que simplemente querían ir a ver a sus familias. Dijeron: «Les ponemos una camioneta», y los funcionarios exclamaron que no lo hicieran y se negaron a manejarla. A todo esto, el exsenador Lorier dijo: «Yo la manejo, porque tienen derecho a ir a ver a sus familias». Ahora, cuando llegaron a la esquina, le pusieron un cuchillo en el cuello y le dijeron que doblara en la siguiente esquina, lo largaron y se escaparon.

Este es un tema muy triste porque, ¡qué cosa más triste en una sociedad que enfrentar la delincuencia, pero en especial la delincuencia de jóvenes! ¡Qué tema que nos golpea, y duramente, creo yo, el de tener jóvenes encerrados! ¡Y encerrados para trabajar con ellos, pero encerrados también para proteger a la sociedad porque a veces no atendemos todos los objetivos que una política debiera tener! A veces hablamos mucho de los gremios de la educación y de los docentes, pero no hablamos del alumno; a veces hablamos mucho del Fonasa y de los derechos de los funcionarios, pero no hablamos del usuario del sistema de salud. Y muchas veces hablamos de seguridad pensando, sí, en el derecho de los que delinquen –que lo tienen, porque este es un Estado de Derecho–, pero nos olvidamos de atender la situación de la víctima o de la posible víctima, que tenemos que resguardar de la acción de quienes delinquen, sean mayores o menores.

Entonces, creo que el encierro es una pésima solución, pero no conozco otra para proteger a las víctimas, o a las posibles víctimas, que esa: que quien exhibe conductas peligrosas o gravísimas tiene que ser alejado, mientras trabajamos en su reeducación, de la posibilidad de seguir cometiendo esos delitos, de seguir delinquiendo o atentando contra los ciudadanos que trabajan, cumplen las normas y quieren –o queremos– vivir en paz.
Analizando las causas de todo esto tuvimos la oportunidad de leer estudios muy interesantes, realizados por los defensores de oficio y por los fiscales. En aquel entonces el defensor de oficio de adolescentes Daniel Sayagués Laso, analizaba estadísticas elaboradas por él en base a datos del Poder Judicial y decía que el descenso de las fugas y el aumento de las penas por la ley que estableció una pena mínima de 12 meses para menores que cometen delitos graves, había causado un descenso del 40 % en las rapiñas. Asimismo, analizaba los motivos –como también lo hizo en su estudio el economista Ignacio Munyo– que tenían los menores para delinquir; en aquel entonces había una suerte de creencia de que era por necesidad y se terminó concluyendo que por necesidad el 1 % delinquía; para satisfacer su necesidad de pasta base el 10 %, el restante 89 % porque había encontrado una forma de vida rápida y fácil. Las declaraciones que hacían eran realmente impresionantes.

Por eso en el 2010 anunciamos en el Parlamento que había que aprobar normas -y propusimos esta como una de ellas– sobre este tema: sacar al Sirpa de adentro del INAU; atender el problema enorme de que no se mantenían los antecedentes después de los 18 años; atender el problema de los mayores que utilizaban cada vez más menores para delinquir; y atender el problema de la edad de imputabilidad. No insistiremos con la baja de la edad de imputabilidad porque la gente votó, pero queremos hacer una advertencia, señor presidente: la gente también votó esto, porque cuando salimos a reunir firmas, en la papeleta se puso la siguiente disposición transitoria y especial B): «El Estado asegurará la existencia de un Servicio Descentralizado dedicado exclusivamente a la internación y rehabilitación de los delincuentes menores de 18 años, debiendo dotar al mismo de los recursos necesarios para su funcionamiento».

Quizás el tema que se nos plantea hoy es: ¿no estaremos votando algo que la ciudadanía rechazó el año pasado, porque al rechazar la papeleta no acompañó esta solución? Es un tema más profundo de lo que nos imaginamos. Yo me animaría a decir que, en realidad, la ciudadanía se pronunció sobre todo sobre la baja de la edad de imputabilidad, que fue el tema en el que lamentablemente se centró el debate. Nosotros insistimos públicamente en la campaña que se trataba de un paquete de soluciones que encaraba un problema que hoy tiene la sociedad uruguaya.

Cuando en el año 2010 hicimos esa propuesta y comenzamos a juntar firmas, desde el oficialismo se respondió rápidamente, un poco con la finalidad de vaciar de contenido la propuesta, lo cual fue bueno porque en el 2011 aprobamos la Ley n.º 18771, cuyo artículo 1.º, inciso segundo, establecía que si bien no se hacía lo que pedíamos, en el futuro y dentro del plazo más breve, se iba a crear un instituto como servicio descentralizado, y se decía que iba a ser antes de que terminara este período. Sin embargo, cumplir con ese inciso del artículo 1.º nos ha llevado solamente ¡cuatro años! . Durante este período seguimos muy de cerca lo que se hacía en el Sirpa, y nos parece muy importante dejar constancia acá de algo sobre lo cual en su momento conversamos con su exdirector, el señor Villaverde, hoy tan cuestionado. En el año 2012 él vino al Parlamento a entrevistarse conmigo, y creo que también con líderes de otros partidos. Él no ha hecho público lo que voy a decir, pero lo voy a hacer porque creo que en la política hay que ser franco y leal. Él vino enviado por el entonces presidente Mujica a decirnos que de acuerdo con lo que le permitía hacer el Tocaf, y ante la necesidad urgente de hacer obras por el hacinamiento que había, iba a hacer contrataciones directas y no iba a recurrir a las licitaciones porque ese procedimiento no le permitiría dar respuesta rápidamente. En ese momento, y luego de hacer las consultas correspondientes en la interna de nuestro partido, le dijimos al señor Villaverde que siguiera adelante con esa idea porque entendíamos que había motivos de urgencia suficientes como para encarar las obras por contratación directa y no mediante licitaciones. Había hacinamiento y la mayor eficiencia que se estaba dando evitando las fugas había generado superpoblación de menores.

Estoy dejando esta constancia porque sé que el señor Villaverde ha sido cuestionado por eso, y me consta que no fui el único dirigente político en ser consultado y que lo avaló. Por otra parte, es notorio que el señor Villaverde no pertenece a nuestras filas partidarias.
Pero el tema no quedó ahí; luego visité los centros que se estaban reformando, las colonias –era nuestra tarea hacerlo–, y vi que se habían hecho obras. Creo que aquella recolección de firmas y propuesta de reforma constitucional tuvieron un efecto positivo en el Uruguay porque, para empezar, el Gobierno tuvo que dedicar más recursos a la minoridad delincuente y, en segundo lugar, porque se puso el foco sobre un problema grave que teníamos. Durante las visitas se notaba que se estaba trabajando; con esto no quiero decir que avalo todo lo que se ha hecho porque, obviamente, no intervinimos en las contrataciones directas, pero sí en cuanto a la utilización de ese instrumento.

También he seguido de cerca, con algunas dudas, lo que está pasando en los últimos tiempos. El año pasado el entonces director del INAU –Javier Salsamendi– se opuso a sacar el Sirpa de la órbita del INAU, a cumplir con la ley, lo que nos pareció un error. Por suerte, vemos que hoy eso está cambiando. Pero también hoy hay errores, porque la actual directora y el actual ministro del Interior están planteando sacar del Sirpa –hoy esta institución– a quienes siendo menores delinquieron, están recluidos y tienen más de 18 años. Si se los saca, obviamente no se los debería enviar al sistema carcelario de los mayores. Pero en eso no han sido del todo claros ni el señor Bonomi ni la señora Fulco. Ella ha dicho que, quizás, una de las soluciones sea enviarlos al sistema penal mayor. Creo que eso sería, además, contrario al convenio de Pequín, porque para quien delinquió siendo menor tiene que haber una institución especializada en su reeducación, que es por lo que estamos luchando y hoy se está concretando. Habrá que estar atento al respecto, sobre lo que poco se dice en este proyecto de ley.

La senadora Montaner –que, lamentablemente, hoy no nos puede acompañar por motivos de fuerza mayor– trabajó activamente en este proyecto de ley y hace un par de días envió un correo que decía: «Mirá que estamos de acuerdo. Mirá que trabajé mucho e hice muchos aportes». Y yo le dije: «Quedate tranquila porque tan de acuerdo estamos, que era una de nuestras propuestas».

Voy a tomar unos minutos más, señor presidente, no para traer a colación la propuesta de la baja de la imputabilidad, pero sí las otras dos, que quizás puedan seguir este camino y podamos trabajar en ellas para mejorar la situación de los menores. En el actual proyecto de ley de presupuesto una norma establece el uso secreto de los registros de antecedentes criminales, y es algo que comparto mucho. El antecedente criminal no tiene que estar para estigmatizar a una persona que se puede haber recuperado, si el sistema cumplió realmente con los objetivos no tendríamos que cargarle esa estigmatización. El sistema de registro de antecedentes sirve para que, si esa persona vuelve a delinquir, el magistrado interviniente y las autoridades carcelarias que deben trabajar para su reeducación tengan en cuenta que no es la primera vez que rapiña, comete un homicidio o delinque; es para valorar su peligrosidad y las medidas profilácticas a trabajar con él.

Eso se establece, a propuesta del Poder Ejecutivo, en la ley de presupuesto y comparto que debería tenerse en cuenta en lo que refiere a los antecedentes de los menores –es una de las propuestas–, porque cuando el Frente Amplio recibió aquellas cuatro propuestas, en el año 2010, trajo un híbrido –una mezcla de algo que parece una gran embarcación, pero es un bote – auto y dijo que los antecedentes se mantienen en algunas circunstancias: siempre que el juez lo establezca y establezca el período. En definitiva, si un muchacho cometió un homicidio a los 16 o 17 años, sería bueno que esos antecedentes no se borren, pero sí que se mantengan en secreto, porque si vuelve a cometer un homicidio a los 20, 21 o 22 años, es obvio que quien va a trabajar con él para tratar de reeducarlo y resocializarlo tiene que tener en cuenta que tuvo un antecedente tan grave. Quizás esa norma de la ley de presupuesto podría contemplar esto y entonces, de las cuatro propuestas que presentamos, estaríamos aprobando dos: la que estamos aprobando hoy y otra más.

Y hay otra más, que responde a un fenómeno que se dio a partir de aquella política ingenua del entonces ministro José Díaz, quien cuando llegó al gobierno entendió que la forma de enfrentar el hacinamiento carcelario era liberando presos, y hablaba del descongestionamiento del sistema carcelario. Cuando largó mil doscientos presos a la calle, obviamente, aceleró una situación de inseguridad que teníamos y la convirtió en lo que hoy estamos padeciendo todos. Entonces, muchos de esos mayores que salieron de prisión se valieron de las normas de inimputabilidad penal de los menores de 18 años, y los utilizaron para delinquir. Fue notorio aquel caso de la contadora cuyo marido intentó asesinarla utilizando los servicios de un menor. El mayor que utiliza a menores para cometer delitos, o les hace asumir conductas delictuales, debe ser penado con mucho mayor severidad. Ese es un punto sobre el cual tendríamos que trabajar.

Por eso, hacemos votos para que este cambio de nombre y este planteo de sacar la institución del INAU sean mucho más que eso. Hacemos votos para que se siga analizando esta propuesta que hicimos y se agreguen las otras dos, con amplitud, porque entendemos que este es un problema muy serio, que nos afecta duramente y del que no solo tenemos que acordarnos de tanto en tanto, cuando un menor comete un delito y sale en los noticieros o en la tapa de los diarios.

Por todos estos motivos, vamos a votar este proyecto de ley, que además creemos que es equilibrado, señor presidente, porque cuando el artículo 3.º habla de los cometidos principales del instituto, balancea la seguridad y la autoridad con las medidas que hay que tomar para ayudar al menor privado de libertad. Creo que ese artículo 3.º habla, al igual que el 4.º, de lo que hay que hablar: de propiciar un ambiente seguro, pero donde esté la autoridad; de promover vínculos y relaciones del adolescente privado de libertad con su familia o con personas cercanas; de articular y coordinar con otros organismos, y de ejecutar medidas socioeducativas, pero también medidas de seguridad. Es decir, no se trata de poner el foco solo en la seguridad ni únicamente en las medidas socioeducativas. Asumamos maduramente esto que está sucediendo y, obviamente, al establecer los programas tengamos en cuenta, como lo hace del artículo 4.º, la educación, la inserción social, pero también la seguridad y el traslado, así como la instrumentación, vigilancia y evaluación de medidas privativas de libertad.

Y otro motivo para votar este proyecto es la conformación del Directorio. Vemos que el oficialismo ha dejado de lado una suerte de conducta que tenía, en el sentido de proponer para la integración de estos organismos a los llamados representantes sociales: de los gremios y de los usuarios. Tener en este caso un representante de los usuarios del servicio no iba a ser posible, por motivos evidentes, pero, como estaban tan envalentonados con la presencia de los usuarios, por algún momento pensé que, de repente, organizaban entre ellos una elección y teníamos a uno sentado ahí. Por suerte, eso no ha sucedido, como tampoco se ha hecho lugar al corporativismo, y por eso vamos a votar este proyecto de ley.