Otro 25 de noviembre que nos duele como sociedad

por Andrea Maddalena

En Uruguay la violencia doméstica se ubica entre los principales delitos, superado solamente por los hurtos, según las estadísticas vigentes. A nivel gubernamental se han implementado políticas públicas que significan avances pero lejos están de ser eficientes a la hora de atenuar dicha realidad.

La Ley Nro. 17514 contra la Violencia Doméstica (2/6/2002) dio respuesta a una sentida demanda del movimiento de mujeres expresada en forma cada vez más organizada y propositiva con el objetivo que el Estado asumiera un problema que afectaba a las relaciones del ámbito privado pero con consecuencias en el orden público y la seguridad ciudadana. La norma tipifica una conducta peligrosa en la relación de personas en el marco de la vida privada defendiendo sus distintas formas de expresión. Todas implican consecuencias para quiénes las sufran ya sea físicas, sicológicas o económicas y determinan un acotamiento de la libertad personal.

A once años de la aprobación de la Ley Nro. 17514 surgen dificultades que tiene el Estado en sus tres Poderes para encarar un problema que implica fundamentalmente un cambio muy profundo en las relaciones personales. El cumplimiento de dicha ley involucra principalmente al Poder Judicial al determinar los procedimientos para aplicar las medidas cautelares detalladas en el articulado. La Fiscalía de Corte es parte imprescindible en la aplicación de esta ley que pone el acento en la defensa y apoyo para las/os denunciantes como forma de prevención de consecuencias letales o invalidantes. Faltan recursos técnicos especializados para jerarquizar y visibilizar la problemática de la violencia doméstica a nivel de la justicia.

Otro organismo base para la acción de la justicia y aplicación de las medidas cautelares es el Ministerio del Interior. Primer organismo en iniciar capacitaciones de los procedimientos para recibir y canalizar las denuncias de violencia doméstica cuando se tipificara el delito en la ley de Seguridad Ciudadana (Programa de Seguridad Ciudadana). En 1988 se instaló la primera Comisaría de la Mujer especializada en atender las denuncias de Violencia. Actualmente funciona la División de Políticas de Género, responsable del seguimiento de la capacitación y creación de unidades especializadas en todo el país; estas unidades especializadas dependen de la jefatura departamental por lo que es difícil que este personal no sea derivado a otros temas y tareas.

El MIDES a través del Instituto de las Mujeres tiene responsabilidad directa en la aplicación y control del cumplimiento de los compromisos que implica la Ley Nro. 17514. Inmujeres tiene una Dirección específica para la atención de la Violencia Doméstica; actualmente los servicios de atención a dicha problemática dependen de la Dirección de Programas del Ministerio con otros servicios que presta el mismo. Inmujeres carece de autonomía institucional y presupuestal.

El INAU tiene el cometido de proteger a los niños y adolescentes que sufren maltrato o abuso por parte de los adultos. Cuando existe una situación de violencia intrafamiliar, los jueces consultan a las divisiones del INAU por si es necesario conseguir un hogar transitorio para el niño o para la madre y los niños. Hoy el Sistema Integral de Protección para la Infancia y la Adolescencia integrado por varias instituciones no logra dar respuestas coordinadas para proteger a los niños/as y su familia.

Indirectamente implicados, con responsabilidad de detectar casos y de prevenir educando se encuentra el sistema educativo ANEP mandatado especialmente por al Ley marco de Educación Nro. 18437 y el sistema sanitario en cumplimiento de la Ley Nro. 18104 de igualdad de Oportunidades y Derechos. La ANEP tiene una Dirección de Derechos Humanos que coordina con los programas específicos de educación y prevención de la violencia de género de los Consejos Nacionales de Primaria y Secundaria en integra ámbitos de coordinación operativa como el SIPIAV y el Consejo de Género de Inmujeres.

El MSP creó un Programa de Violencia Doméstica dependiente de la Dirección de Género que ha generado equipos de referencia en todos los Centros de Salud públicos y privados del país. En 2009 se implementa el Observatorio de Violencia de Género y Salud para monitorear el funcionamiento de la normativa vigente, entre las dificultades se encuentran la no disponibilidad de tiempo específico remunerado para esa tarea y el empleo poco frecuente de la detección de forma adecuada. Tampoco se han asignado recursos humanos en tiempo y forma.

Las respuestas no alcanzan, en el Día Internacional de la NO violencia contra las mujeres, el Uruguay registra 27 asesinatos de mujeres consumados y 7 tentativas en 2013 a la fecha. Los esfuerzos gubernamentales y de las organizaciones de la sociedad civil son insuficientes para frenar el feminicidio; se necesita un cambio cultural que incida de manera contundente en el accionar cotidiano de la gente, una deuda que nos duele como sociedad. Otro 25 de noviembre que nos obliga a reflexionar….