Mis Palabras – Pedro Bordaberry

SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: quiero hacer un llamado de atención esta mañana sobre las sociedades anónimas propiedad de los Entes del Estado, de las que muchas veces se ha hablado en los últimos tiempos en el Parlamento por la necesidad del control que debemos tener sobre ellas.

No hay controles del Tribunal de Cuentas ni del Parlamento sobre esas sociedades que, según se dice, son de Derecho Privado porque, de esa forma, tienen flexibilidad para competir en el mundo privado y, por ende, no están sujetas a nuestro contralor. Se aceptará o no este argumento, podremos mirar para el costado o no, pero la preocupación que hoy tenemos es sobre la sociedad anónima Gas de Sayago S.A., que tiene a cargo el proyecto de la planta regasificadora, porque es una entidad que va a manejar cientos de millones de dólares y, además, va a funcionar en el ámbito privado.

Esa sociedad va a recibir del Estado Central una garantía soberana para avalar a la empresa a la que le concesiona la construcción de la planta regasificadora, y se dice que no es necesario que, a esos efectos, cumpla lo establecido en el numeral 6.º) del artículo 85 de la Constitución de la República, que establece, como competencia privativa del Poder Legislativo: “Autorizar, a iniciativa del Poder Ejecutivo, la Deuda Pública Nacional, consolidarla, designar sus garantías y reglamentar el crédito público, requiriéndose, en los tres primeros casos, la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara”.

Por ende, si esa empresa funciona en el mundo del Derecho Privado, señor Presidente, no podemos decir que es pública para, de esa forma, evitar el cumplimiento del numeral 6.º) del artículo 85 de la Constitución. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de cientos de millones de dólares de todos los uruguayos que va a utilizar el directorio de una sociedad anónima designado por los Directorios de los Entes que la integran, es decir, UTE y Ancap.

Además, surge hay una preocupación evidente, y es que la empresa adjudicataria de la licitación no tiene la garantía y el respaldo suficientes para encarar esta operación y necesita la garantía y el respaldo del Estado uruguayo. Eso nos tiene que llamar la atención porque, obviamente, en el pasado hemos tenido algunas experiencias no del todo exitosas o buenas de parte de privados que, con la garantía del Estado, se “lanzaron” a desarrollar actividades comerciales.

En este caso, se da la situación –con esto termino, señor Presidente– que una empresa de Derecho Privado, que está fuera del control del Tribunal de Cuentas y del Parlamento, va a recibir una garantía de todo el Estado uruguayo por cientos de millones de dólares sin contralor alguno. Creo que debería solicitarse la autorización correspondiente.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería, a UTE y a Ancap.

Gracias, señor Presidente.