Mis palabras en la sesión que trató el Impuesto al Agro

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR BORDABERRY.– Señor Presidente: resulta claro que para no llamar mamarracho a lo que estamos haciendo, podríamos citar a Ramón del Valle Inclán y decir que es un esperpento. Ya era desatinada la redacción cuando se utilizó el término «restablécese» para que ahora, encima, le agreguemos «establécese». Quien tenga que interpretar esta ley va a estar en problemas.

Si este proyecto de ley se interpreta de forma literal, podríamos concluir que es retroactivo porque restablece, es decir que vuelve a poner las cosas en el lugar en que estaban cuando se creó el impuesto y, encima, modifica el artículo que creó el impuesto para volver a ponerlo. Reitero que algún intérprete podría sostener que es retroactivo. Obviamente, todos estamos de acuerdo y somos contestes en que no es lo que estamos votando. Y lo digo de esta forma porque, como estamos creando una gran interrogante, quien mañana deba interpretarlo va a tener que recurrir, ante la posibilidad de discusión, a los medios de interpretación establecidos por el Código Civil, entre los que se encuentra la historia fidedigna de su sanción.

Entonces, al estar nosotros escribiendo hoy la historia fidedigna de la sanción, es bueno que digamos que no es intención del Parlamento aprobar esta norma en forma retroactiva, que es lo que puede suceder, en definitiva. No olvidemos –y esto surge de reiteradas sentencias de la Suprema Corte de Justicia– que la irretroactividad de la ley no tiene rango constitucional sino legal, tal como está establecido en el título preliminar De las Leyes, del Código Civil, en el sentido de que una ley posterior puede derogar una ley anterior. Sobre esta cuestión, la doctrina tributaria está enfrentada con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, al sostener que las leyes tributarias no pueden ser retroactivas por una razón de inconstitucionalidad, porque afectaría la seguridad jurídica, un bien que está contemplado en los artículos 7, 72 y 332 de la Constitución de la República.

Salvado este esperpento de redacción, hacemos nuestras las palabras de los señores senadores Mieres y Delgado y queremos llamar la atención sobre algunos aspectos por los que votaremos negativamente este proyecto de ley, y lo haremos a partir de formularnos ciertas preguntas. En primer lugar: ¿debe el sector agropecuario aportar a la educación y pagar el impuesto de Primaria? ¿El sector agropecuario debe contribuir a solventar las cargas públicas? Con mucha fuerza decimos, como ya lo hemos hecho aquí y en otros ámbitos: ¡Sí, debe hacerlo! Es más, ya estaba haciéndolo. Por eso hay que ser muy claro: todo el sector agropecuario debe pagar, especialmente el que tiene más: el que posee más tierras y el que genera más riquezas es el primero que tiene que pagar. Pero, lamentablemente, el Poder Ejecutivo no le cobra el impuesto al que tiene más en el sector agropecuario, sino al productor con 300 hectáreas o al productor lechero que tiene 100 y arrienda 250 hectáreas.

Quiso el destino que en el día de hoy esté a consideración un tercer fondo lechero para atender la situación que están atravesando los productores lecheros a consecuencia de los mercados y de la sequía. Justamente, el sector que necesita atención es el que pagará este impuesto; es decir, por un lado estamos dándole dinero a través de un fondo y, por otro, le decimos que tiene que pagar. Son esas cosas difíciles de entender.

Mientras esto sucede –en este punto me permito discrepar con el señor senador Camy–, el sector forestal deberá pagar todo, salvo el más grande tenedor de tierra que existe en el país: la empresa Montes del Plata. El gobierno insiste en que el sector forestal no pagará este impuesto citando el artículo 39 de la Ley Forestal, pero el artículo 43 establece que la exoneración para el monte es por el año en que es sembrado y 12 años más. Quiere decir que todos aquellos montes que tengan 12 años de antigüedad deberán pagar. Aquí están comprendidos los montes de la empresa Montes del Plata. Es una mentira reiterada por el Poder Ejecutivo que la exoneración de Montes del Plata se debe a la Ley Forestal. ¡Esto no es cierto! Si uno lee el contrato de Montes del Plata podrá observar que los montes fueron adquiridos a Eufores, que se los había comprado a Shell, que a su vez los había plantado hace más de 20 años. Si alguien tiene alguna duda puedo pedir que se traiga el contrato para leerlo porque lo tengo en mi poder. O sea que la exoneración o, mejor dicho, la compensación que dará el Poder Ejecutivo a Montes del Plata no se funda en la ley, sino en un contrato secreto y confidencial que firmó el anterior gobierno del Frente Amplio con la empresa Montes del Plata. Y, mientras tanto, nosotros estamos por votar un fondo lechero para ayudar a los pequeños productores que hoy tienen problemas.

El señor senador Cardoso hizo una larga historia –yo no quisiera ir tanto para atrás–, pero sí puedo decir que el impuesto de Primaria se restableció en un gobierno del Partido Colorado. Por esa exención impositiva, y gracias a la decidida acción del profesor Germán Rama, la educación –especialmente, la rural– recibió un gran impulso. Se compraron ómnibus que llevaban a los niños a las escuelas, se comenzaron a construir escuelas de tiempo completo, se reformó el sistema escolar rural; es decir, se realizaron un sinfín de reformas que hoy ya nadie discute, salvo los gremios que dominan corporativamente el gobierno de la educación. Cuando se empezó a aplicar el tributo, la entidad recaudatoria encontró diversos problemas: no era tan sencillo recaudar en la zona urbana como en la suburbana o rural. No es lo mismo llegar a un inmueble que tiene un número de puerta en una ciudad, que llegar a un inmueble en la cuchilla Del Perdido.

Con el transcurso del tiempo, para facilitar el aporte del sector agropecuario a la educación, se estableció que a partir del IRA y del Imeba se transfería el equivalente del sector agropecuario a esa recaudación, para decirlo de una manera simple. Por lo tanto, que una y otra vez se diga que no había aporte del sector agropecuario no es correcto; lo había a través de la transferencia del IRA y del Imeba. Y si alguien quiere una prueba, puede leer el artículo 5.º del proyecto de ley que estamos considerando, que deja sin efecto esa transferencia para el sector educativo.

Nosotros estamos de acuerdo con que el sector agropecuario aporte más a la educación. ¡Estamos dispuestos a votar que aumenten el IRA y el Imeba! Pero eso nos lleva a una segunda confusión.

¿Este proyecto de ley está aumentando los recursos para la educación? ¿A partir de este proyecto de ley, la educación recibirá más recursos? ¡No! Y es bueno que se sepa: esto es un engañapichanga porque, por un lado, se establece el impuesto al sector agropecuario y, por otro, se deja sin efecto la transferencia que el sector agropecuario hacía a la educación. O sea que la educación no recibe más dinero, el sector agropecuario paga otro impuesto, y sigue aportando a través del IRA y el Imeba. ¿Y quién se beneficia? Rentas Generales, que se queda con el dinero. «De enero a enero, la plata es del banquero»; de enero a enero, la plata es del Ministerio de Economía y Finanzas y de Rentas Generales.

Por eso, llama la atención que se repita una y otra vez que esto significa más recursos para la educación, porque al final del día no lo son. Creo que si se sacara el artículo 5.º me animaría a votar a favor del proyecto de ley. Que se siga haciendo la transferencia –aunque sé que no es posible– del IRA y del Imeba y se pague más, pero con esto lo que estamos haciendo es enriquecer a Rentas Generales.

Una tercera confusión –a la que he hecho referencia en la introducción– es decir que los que más ganan en el sector agropecuario, es decir los más grandes, las multinacionales y los que tienen más hectáreas no pagarán el impuesto. De nuevo estamos dejando fuera del pago de este impuesto a los grandes empresarios que han llegado al país desde el exterior en los últimos tiempos. Todos sabemos que empresas tales como Los Grobo Agropecuaria, que andan sembrando por ahí, no compran tierra, sino que la arriendan. Y, entonces, ¿dónde está su ganancia? En la renta. Por ende, pagarán renta pero el destino no es la educación. A ellos no se les moverá nada porque esto no les afecta. ¡Esta es la justicia social! Estos son los nuevos empresarios del momento a los que se les perdona todo, mientras recargamos a los pequeños productores.

Va de suyo que esto que estamos haciendo va contra los propios fundamentos expresados por el hoy ministro de Economía y Finanzas en oportunidad de considerarse la reforma tributaria en el año 2007. Recuerdo que en aquel entonces hablaba de menos impuestos y de gravar la renta y no el capital. Todo eso sobre lo que se habla y se habla, pero después no se concreta.

Por otra parte, quiero aludir a las normas que establecen que el cobro en el futuro –esto es, dentro de dos años– lo hará la Dirección General Impositiva, lo cual parece ser lo más sensato. Todavía no he encontrado fundamentos por los cuales cada organismo debiera tener su órgano de recaudación, cuando existen la DGI y el BPS, que son organismos especializados en recaudación.

También quiero decir –porque lo he consultado con representantes del Poder Ejecutivo así como con los colegas del Senado– que el sistema político ha asumido el compromiso de atender, en la instancia de la próxima rendición de cuentas, la situación de los funcionarios que hoy están a cargo de este tema, en especial, porque la propia Dirección General Impositiva va a necesitar más funcionarios para cobrar estos impuestos y ¡¿qué mejores funcionarios que los que hoy tienen la especialización y el conocimiento para llevar a cabo esta tarea?!
En ese sentido, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para que esa situación particular de los funcionarios no quede olvidada ni sea dejada de lado en los proyectos de ley de rendición de cuentas cuando lleguen al Parlamento.

Señor presidente: votaremos en contra del proyecto de ley por los motivos expuestos.
Muchas gracias.