Mis palabras en la sesion que estableció una Comisión Investigadora para Ancap

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: al igual que el señor senador Heber, estoy anotado para hacer uso de la palabra más adelante, pero pedí la interrupción para tratar de salir de este punto en el que estamos empantanados, es decir, si hay que crear una comisión de investigación pura o una comisión para suministrar datos con fines legislativos. Quizás la solución sea incorporar a la moción algún tipo de agregado que deje claro lo que para mí es la interpretación correcta de estos artículos.

Creo que en la Ley n.º 16698 el legislador ha querido que las comisiones de investigación investiguen cuando hay irregularidades e ilicitudes, pero que también lo hagan con fines legislativos. Si uno lee el artículo 7.º de la ley puede constatar que la norma quiere que las comisiones con fines legislativo también investiguen hechos irregulares e ilícitos. En el caso de la comisión de investigación, eso queda claro porque el artículo 6.º dice que son de investigación, pero también  asesoran al órgano en el ejercicio de sus poderes jurídicos de legislación y de control administrativo; es decir que las primeras también son con fines legislativos.

El artículo 7.º dice: «Pero si de la investigación realizada surgiere la comprobación de irregularidades o ilicitudes, también pueden asesorar a la Cámara en el ejercicio de sus poderes jurídicos de control administrativo». Este artículo hay que vincularlo con el artículo 13, que dice: «Las investigaciones practicadas por estas Comisiones» –o sea, por las dos comisiones– «pueden alcanzar a hechos delictivos». O sea que no está dejando fuera de la finalidad de estas comisiones la posibilidad de investigar hechos irregulares y delictivos.

Por tanto, creo que si a la moción se le agrega: «sin perjuicio de las facultades que le otorgan a las comisiones el inciso segundo del artículo 7.º y el artículo 13 de la Ley n.º 16698, de investigación de hechos ilícitos e irregulares», podemos salvar la objeción –válida a mi entender– del Partido Nacional y del Partido Independiente. De esta forma evitaríamos llegar a la comisión y que nos digan: «Ah, no; eso no es con fines legislativos y por ende no lo podemos investigar».  Si esta es la interpretación correcta, alcanzaría con que se agregue a la moción que esta es la interpretación que le damos a la comisión. Con eso todos investigaríamos sin problemas.

Además, me animo a decir que la única diferencia que yo veo entre estas dos comisiones no es en cuanto a la tarea que tienen que realizar, sino a los motivos por los cuales se las establece. Si uno se remite al artículo que habla de la comisión investigadora, lo que tendría que concluir este Cuerpo para nombrarla es que se denunciaron  –no que existen, y creo en este punto la bancada oficialista ha incurrido en un error–, con fundamento, irregularidades o ilicitudes. Ahora, si uno se remite al artículo que habla de la designación de comisiones para suministrar datos con fines legislativos, ¿cuál es la única diferencia? Que se las crea cuando no se presuma la existencia. Evidentemente, el Partido Nacional sostiene que la existencia de irregularidades o ilicitudes se denunció con fundamento y el Frente Amplio afirma que no se presume la existencia irregularidades o ilicitudes. Es en ese punto donde estamos empantanados, y quizás con una visión equidistante  entre ambos podamos buscar un camino intermedio para lograr el objetivo que se busca, es decir, que se investigue, si quieren, con fines legislativos, pero obviamente, acerca de si hubo o no irregularidades.

Quiero aclarar, además, que el propio senador denunciante, en el escrito que presentó, dijo que no está hablando de ilicitudes sino de irregularidades, en una interpretación de una acepción del Diccionario de la Real Academia Española a la que haré referencia más adelante cuando haga uso de la palabra, pero con la cual no coincido.

En definitiva, propongo que se busque una moción que nos deje a todos tranquilos para poder instalar una comisión investigadora que efectivamente investigue.

 

 

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: quiero empezar con una visión distinta y hacer conocer al Senado nuestra preocupación por la situación económica, tanto la internacional como la de nuestro país, en la que, entre otras cosas, influye mucho lo que sucede en Ancap.

Creo que en este momento todo el sistema político debe actuar con muchísima responsabilidad, porque es necesario. Esta semana se dio a conocer que el déficit anualizado es del 3.5 %; el año pasado fue de 3.4 %, y los anteriores del 2.4 % y 2.8 %, respectivamente. Las previsiones económicas del gobierno planteaban que el año pasado el déficit alcanzaría el 0,8 % pero llegó al 3.4 %. Para este año la previsión era del 0,7 % y sabemos que llegaremos cómodamente al 3.5 %. Así podemos ir para atrás. Pero no vayamos para atrás; hablemos de lo que está pasando hoy, que es lo que importa.

¿Cuál es el origen del déficit anualizado que estamos teniendo hoy? El Banco de la República y la Dirección General Impositiva están aportando más de lo previsto; el BPS está enfrentando problemas porque aumentan los egresos por desempleo; el déficit real del Gobierno Central es 17,5 % mayor que el proyectado. Y cuando observamos las empresas públicas, las que nosotros, como legisladores, tenemos que seguir todos los días, al igual que seguimos la economía, vemos que Antel mejora su resultado; finalmente se echó mano ahí, en Antel. Sin embargo, se puede constatar que Ancap, UTE y OSE, las tres, pese a que han aumentado sus precios, tienen menos ingresos. Por su parte, Ancap, pese a la baja del precio del petróleo, no logra mejorar sus resultados.

La importancia de esto es que, si no mejoramos la gestión de Ancap no podremos mejorar el déficit fiscal y, por lo tanto, la situación de los uruguayos tampoco va a mejorar. Parecería que hemos perdido un poco el rumbo.

Hay una novela de Gabriel García Márquez titulada «Crónica de una muerte anunciada» que parece ser aplicable a lo que ha pasado en Ancap. Alguien ha dicho por ahí, fuera de esta sesión, algo así como que ahora todos se dieron cuenta pero antes no avisaron. ¡No! Esto es como lo que ocurre con Santiago, el personaje de esa novela, al que todo el pueblo sabía que los hermanos Vicario iban a asesinar por su relación con Ángela, y aunque todos le avisaban, nadie hacía nada; y pudiendo salir por la puerta de atrás, Santiago salió por la de adelante y lo mataron. En el caso de Ancap es lo mismo.

Allá, por abril de 2013, convocamos al entonces Ministro de Economía y Finanzas, en régimen de interpelación, para hablar del déficit fiscal y de la inflación, pero también de lo que estaba pasando en las empresas públicas. El entonces Vicepresidente de la República, hoy Ministro de Economía y Finanzas, pedía más control sobre las empresas públicas. La verdad es que tuvimos una interpelación lindísima en la que, a la larga, tuvimos muchas coincidencias sobre la importancia de bajar el déficit fiscal y controlar la inflación. Sin embargo, no se reaccionó. Pocas semanas después convocamos a comisión al entonces Ministro de Industria, Energía y Minería, que era quien tenía que controlar lo que sucedía en Ancap. Como el resultado no fue satisfactorio, junto con el señor senador Heber lo volvimos a llamar, pero en régimen de comisión general. En ese entonces, en el año 2013, le volvimos a decir: «¡cuidado con Ancap! ¡Cuidado con lo que está pasando!». Si bien la primera interpelación, realizada al entonces Ministro de Economía y Finanzas, nos dejó una lindísima sensación, la segunda instancia fue muy mala. Duró nueve horas y media y se habló de todo, menos de lo que se tenía que hablar. ¡Y se siguió adelante, aunque se les avisaba lo que estaba sucediendo! En lo personal, sentí entonces la misma sensación que tuve hoy cuando las bancadas del Partido Nacional y del Frente Amplio se tiraban argumentos: ambos tienen un poco de razón pero, ¿dónde queda el Uruguay? ¿Dónde queda el objetivo supremo que tenemos como legisladores?

En aquél entonces, cuando llamamos al Ministro Kreimerman, dijimos lo siguiente: «hace siete meses convocamos en régimen de interpelación al señor Ministro de Economía y Finanzas, para hablar del déficit fiscal, de la inflación y de la competitividad. Esas dos convocatorias terminaron resultando positivas, puesto que se hicieron aportes, se discutió por lo alto, se analizaron rumbos y hasta se hicieron algunas correcciones». En aquél entonces, en 2013, también dijimos: «el déficit fiscal fue uno de los temas planteados en la interpelación que se efectuara al señor Ministro de Economía y Finanzas, que en muchos aspectos compartió nuestra preocupación […] Dentro del enorme déficit fiscal que se registró el año pasado» –reitero que esto fue en 2013–  «–digo “enorme” pues en la Ley de Presupuesto estaba previsto que fuera del 1 %, pero fue del 2,8 %, es decir casi tres veces más–, los resultados de las empresas públicas tuvieron mucho que ver. Ese déficit fue, el año pasado, de US$ 1.378:000.000; este año va a ser de más de US$ 1.000:000.000». Eso dijimos; y aclaramos: «Dentro de las empresas públicas el resultado de UTE en el año 2012 fue deficitario, pero existe una cierta explicación por la falta de generación hidráulica. Lo que no tiene mucha explicación fue el déficit en Ancap, porque tenemos la poca satisfactoria condición de que nuestro combustible es el más caro».

Es decir: se avisó; ¡se veía venir! Santiago estaba adentro de la casa y le decían: «Te están esperando los hermanos Vicario afuera; salí por atrás». Pero igual salimos por la puerta de adelante.

Si observamos los resultados de Ancap vemos que en 2004 ganó USD 53:000.000, en 2008 perdió USD 57:000.000, en 2009 ganó USD 92:000.000, en 2011 perdió USD 95:000.000, en 2012 perdió USD 14:000.000, en 2013 perdió USD 168:000.000 y en 2014 perdió USD 328:000.000.

Si vemos el endeudamiento sobre activos, en 2004 fue de 37,4 % y hoy es 81,8 %.  En ese entonces, el exsenador Couriel –a quien tanto respeté– nos decía «No tiene que ver solo la deuda; tiene que verlo sobre el porcentaje del patrimonio». Le decíamos que la deuda cambiaba estas cosas y nos respondía «No; usted están calculando mal». No me gusta hablar de alguien que no se puede defender porque no está presente, pero era la respuesta que nos daba. Repito que el porcentaje sobre activos al 2004 era de 37,4 % y hoy es de 81,8 %.

Quiere decir que estamos ante una situación grave que amerita investigarse para cambiar el rumbo. Cuando hablo de investigar no es solo sobre Ancap; he escuchado decir a un senador –que ahora no está– que no hay que investigar a los directores. ¿Cómo? ¿Vamos a responsabilizar a un ente y no a quienes tomaban las decisiones de ese ente? Entiendo que hay que investigar a todos, porque en los últimos cinco años ese ente tuvo representantes designados por el Frente Amplio y también por el Partido Nacional y por el Partido Colorado, y a ellos también hay que investigarlos. Es más, en el caso de los designados por nuestro partido vamos a ser más duros todavía, porque nos corresponde ser así. No podemos dejar a nadie afuera.

Si analizamos el impacto de Ancap dentro del déficit global del sector público entre los años 2004 y 2014, vemos que este ente explica el 35 % de ese déficit. ¡Vaya si esto amerita saber!

¿Por qué cité estos antecedentes? No para ir al «yo te dije» o «yo tenía razón», sino para señalar lo delicado de la situación y la responsabilidad con la que tenemos que actuar en este y en otros temas que están por venir, por lo que se hace necesario cambiar.

Cuando uno estudia el pedido de investigación y analiza la situación de Ancap, ve que hay una ley que tiene una incidencia fundamental –la cito porque fue votada por todos los partidos políticos–: la ley de biocombustibles.

En los años 2003-2004 me tocó estar en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, y el señor senador Heber me llamó en régimen de comisión general. Recuerdo que me senté donde se encuentra hoy el señor senador Berterreche. En aquel entonces expresé que no se podía ir alegremente a una ley de biocombustible, así, sin más, porque es muy lindo defender la ecología y la producción nacional, pero hay que hacer números para que no haya déficit. En 2007, cuando se aprobó esta ley, no estaba de acuerdo, pero tampoco era legislador.

Si comparamos el sobreprecio que hoy Ancap paga a ALUR por comprarle etanol y biodiésel en lugar de importarlo, y cargamos al precio internacional los gastos de importación, flete, impuestos, etcétera, nos estaremos acercando a una buena parte de ese déficit. Si en 2012 hubiéramos importado, pagando todos los costos, Ancap hubiera pagado USD 48:500.000 menos; y en 2013, casi USD 60:000.000 menos. No los voy a aburrir con este razonamiento, pero este año, con el plan de negocio que hay, estamos hablando de entre USD 120:000.000 y USD 150:000.000. Por lo tanto, creo que esa ley debería analizarse con fines legislativos, porque ahí está gran parte de la madre del borrego. Insisto: debería revisarse esta ley, así como la estrategia que se ha llevado adelante.

Señores senadores: disculpen la franqueza –hace rato que he decidido ser franco– pero tengo coincidencias y discrepancias tanto con la posición del Partido Nacional como con la del Frente Amplio, y las voy a decir.

Cuando se anunció por la prensa que se iba a solicitar la creación de una comisión investigadora pensé: ¡Opa! ¡Acá hay algo muy importante! Me llené de grandes expectativas y seguí muy de cerca todo el planteo. Cuando recibí la primera nota de pedido del señor senador Delgado –de tres carillas– dije: «La verdad es que no es lo que yo esperaba». Además, a contrario sensu, en la nota no habla de ilicitud, sino de irregularidad, y cita la Real Academia Española, que dice que «irregularidad» es la cualidad de irregular, e «irregular» es aquello que no sucede común y ordinariamente. Creo que irregularidad es eso y es más. Según la Real Academia Española la palabra tiene tres acepciones y otra de ellas es: «malversación, desfalco, cohecho u otra inmoralidad en la gestión o administración pública, o en la privada». O sea que no necesariamente tiene por qué ser un delito, pero sí una inmoralidad. Pero si vamos a la cualidad de irregular, el solicitante habla de aquello que no sucede común y ordinariamente, que es la cuarta acepción. Creo que irregular debería ser lo contrario a la regla –segunda acepción– o lo fuera de la regla, que es la primera acepción.

Para analizar la situación habría que decir que acá no se expresa que hay ilicitudes, sino que se dice que hay irregularidades. Habría que ver de qué tipo de irregularidades se trata.  Pensé en esperar el fundamento presentado ante la Comisión, pero me dio cierto trabajo hacerme de él. Gracias al señor senador Martínez Huelmo –que estaba presidiendo la Comisión– hace cuarenta y ocho horas nos pudimos hacer de la documentación presentada para que la estudiara nuestro equipo.

La verdad es que a primera vista impresiona porque se trata de doce anexos. Pensamos: ¡Aquí sí hay mucha información! Pero después vemos que estos doce anexos tienen muchas cosas valiosas y otras que no lo son tanto. Por ejemplo, la Ordenanza 81 del Tribunal de Cuentas, la creación de la comisión preinvestigadora solicitada por el exsenador Pasquet en agosto o en octubre del año pasado –no recuerdo exactamente– y la versión taquigráfica correspondiente, obviamente eran documentos que ya conocíamos.

Lo interesante de todo esto, a nuestro juicio –y aclaro que voy a mantener el mismo orden que se ha seguido– tiene que ver con lo siguiente.

El incumplimiento de los plazos de presentación de los estados contables es, sin duda, algo que está contra las reglas. Según la información que tenemos del Tribunal de Cuentas –obtenida mediante consulta vía Internet–, desde el año 2005, por lo menos, Ancap ha venido presentando la documentación fuera de plazo. A su vez, se nos informó que no existen normas para sancionar al ente. Obviamente, esa es una mala práctica que hay que corregir, y pienso que todos estamos de acuerdo con que se haga.

En cuanto a la situación financiera de Ancap, creo que los números eran todos conocidos. Hablamos de ellos dos veces en el año 2013; en 2014, el señor senador Pasquet los mencionó cuando pidió esta misma comisión investigadora, y el señor diputado Abdala también abordó el tema en la Comisión Permanente. En definitiva, venimos advirtiendo el deterioro en los números. Ahora bien; si hablamos de este deterioro tenemos que referirnos a sus causas, que no tienen que ver solamente con la exposición al riesgo cambiario, pues así como últimamente el tipo de cambio provocó déficit, lo cierto es que antes, cuando la cotización bajaba a $ 19 o a $ 18, ocurría exactamente lo contrario y también había déficit. Por tanto, me parece que hay algo mucho más de fondo.

Con respecto a los pasivos, cuando se pidió aquel canje de deuda para precancelar la deuda de Ancap, advertimos dos cosas. Por un lado, dijimos que era neutro. Se nos pidió autorización para cancelar con USD 500:000.000 una deuda de USD 700:000.000 y todo el mundo aplaudía diciendo que ganábamos USD 200:000.000. Lo que no tomamos en cuenta fue que, en realidad, debíamos USD 700:000.000 al 2,5 % y estábamos emitiendo al 4 % o 5 %  para precancelar. Entonces, el negocio financiero era de USD 500:000.000 por USD 500:000.000. «De enero a enero, la plata es del banquero», de eso no hay duda.

Por otro lado, lo más grave que advertimos fue que Ancap se estaba endeudando por USD 500:000.000. No estaba cancelando, sino que estaba recurriendo a la «bicicleta»  de importar pagando a crédito y vendiendo al contado.

Con relación a los anticipos por compra de combustible por parte de UTE, luego de informarnos podemos decir que, al parecer, fue la propia UTE la que en su momento solicitó la conformación de una comisión integrada por técnicos de ambas empresas para solucionar el grave problema que UTE tiene con Ancap. Cuando UTE pide combustible, lo hace en serio, obviamente, es un gran comprador, porque cuando se le viene la seca necesita prender de apuro las centrales térmicas. Entonces, aparentemente, fue iniciativa de UTE decir: «adelantemos y tengamos a disposición», dado que siempre tenía problemas con Ancap. Francamente, por lo menos hasta este momento, no hemos visto fundamento como para incluir ese punto, aunque sí otros.

Se agrega una cantidad de actas en las que hay constancias dejadas por los directores de la oposición. Lo que me llamó la atención –y voy a decirlo con todas las letras– fue que la contadora Baldoira deja constancia de que no tiene toda la información necesaria como para aprobar el crédito con el ITAÚ Unibanco, con el BNP Paribas o con el banco Santander, pero acto seguido levantó la mano y votó. De pronto está bien que lo haya hecho la primera vez, como diciendo: «Aunque no tengo la información, lo voto, pero para la próxima tráiganme la información»; sin embargo, no lo hizo solo una vez, sino cantidad de veces. Entonces, dejar la constancia no es suficiente. La ley establece que en esos casos hay que votar en contra y dejar constancia de los motivos. Por eso creemos que en este tema hay que ir a fondo y analizar el voto de todos los directores; saber cómo votaron el plan de gestión y cómo votaron el plan de promoción y de publicidad. Todos, es decir, no me refiero solamente a los representantes del Frente Amplio, sino también a los colorados y a los blancos. No creo que haya delito, pero sí responsabilidades; compartieron la decisión, y no podemos mirar para otro lado y elegir: «a este sí y a este no». La verdad es que quiero saber cómo votaron; quiero saber si votaron los planes de publicidad.

¿Por qué digo esto? Porque en el año 2005 –y aquí hablamos de cómo afecta la moral de las personas– se formó una comisión investigadora de once miembros –reitero: once miembros– que analizó la situación de Ancap desde el año 2000 hasta el año 2005, durante un lapso de tres años y medio. Hubo mucha gente que tuvo que responder. Soy amigo personal del economista Eduardo Ache, a quien también llamaron a la comisión investigadora; y fui testigo del sufrimiento por el que pasaron él y su familia –sus hijas y su señora–, porque no solamente vino a la comisión investigadora, sino que después tuvo que ir al juzgado, donde lo fotografiaban entrando, y todo salía en la tapa de los diarios. Sin embargo, un día, la fiscal Mirtha Gianze y la jueza de la causa lo sobreseyeron, expresando que él no había tenido nada que ver, pero eso no salió en la tapa de los diarios. ¡Eso no salió!

Que nadie sienta, por el hecho de que creemos una comisión investigadora, que lo estamos acusando de algo. Al menos en lo personal me voy a cuidar de eso. ¡Que nadie lo sienta! Queremos averiguar qué pasa a fin de poder terminar con el déficit de una empresa pública, para así bajar el déficit de todas las empresas públicas y el del país, de manera que todos los uruguayos tengan una economía sana, que no haya desempleo, que haya trabajo. ¡Es para eso! Y, sí, creo que a la larga vamos a discutir sobre estrategia y sobre esa ley.

Tenemos mucha curiosidad por saber en qué se fueron esos USD 85:000.000 atribuidos a gastos y honorarios. Se habla de consultorías y de no sé cuántas cosas más. La verdad es que muchas veces hicimos pedidos de informes. Nos parece bueno que se nos informe. No es bueno que un ente contrate por USD 85:000.000 y que no sepamos de qué se trata. Creo que hasta es sano que lo sepamos porque, si no, tenemos que pedir una comisión investigadora y afectar la moral de las personas a las que les pedimos la información.

También nos hemos informado sobre el empujador Ky Chororo. Según se nos ha dicho, allí se trata más de un problema contractual con la Armada que de otra cosa, pero es bueno saberlo.

Y llegamos a Trafigura, de la que tanto se ha hablado. Cuando nos pusimos a estudiar este tema –en las pocas horas que tuvimos para hacerlo–, nos encontramos con alguien que estamos viendo en todos lados. Reitero: en todos lados. Lo encontramos como abogado del Estado en Gas Sayago; lo encontramos como abogado de Aratirí; nos lo pechamos como abogado de Hyundai en la regasificadora. Está bien: ejerce la profesión de abogado, pero lo cierto es que nos lo encontramos a cada rato. La última vez fue en el lío de la FIFA y la sociedad anónima uruguaya, donde también estaba. Es un notorio integrante del Partido Nacional, que fue ministro de Economía y Finanzas y senador de la república y que escribe y pontifica que se termina nuestro partido. ¡Se ve que quiere que se termine para que no digamos estas cosas! ¡Y vamos a ir hasta el fondo en eso también! El abogado de Trafigura es el doctor Ignacio de Posadas.

Los señores senadores que estaban en el período anterior recordarán que ya con el tema de Gas Sayago había surgido un enramado de sociedades anónimas: para que no se pagara impuesto en Bélgica y en Francia, el contrato no lo firmó Gaz de France Suez, sino una sociedad anónima uruguaya que era propiedad de un holding brasileño que, a su vez, era propiedad de una sociedad española. Dado que tenemos un tratado para evitar la doble imposición con España y no lo tenemos con Francia y Bélgica, nos dijeron que de esa forma nos librábamos de pagar los impuestos. ¡Y ahí estamos con la regasificadora! ¿A quién contrató el Gobierno para armar ese enramado de sociedades anónimas? Se fue hasta la Plaza de Independencia –¡a pesar de que lo habían criticado tanto!– y le pagaron USD 153.000, según surge de la documentación. ¡Y ahora el doctor de Posadas también aparece en Trafigura! Está bien; no voy a decirle que no ejerza su profesión. Que la ejerza, sí, pero, francamente, ¡lo encontramos a cada rato!

Sobre Pluna ya hemos hablado mucho, señor presidente, pero nos gustaría que se creara una comisión para saber qué pasó con Pluna y Ancap.

El gerente de CABA, por ejemplo, decidió promocionarse en su trabajo generando demanda, por lo que daba plata a algunos funcionarios de Ancap con el fin que compraran productos de la empresa en los supermercados; ellos le presentaban la factura y él se las pagaba, con lo cual generaba una demanda falsa. Ancap lo agarró en esa maniobra, que según creo fue por $ 25.000, le hizo un sumario y lo echó. Está bien; eso no debe hacerlo el gerente de una empresa y menos de marketing. Ahora bien; al gerente encargado de la cuenta de Pluna frente al Directorio, no solo no lo sancionaron, sino que hoy es el presidente de Ancap. ¡Le votamos la venia acá –todos– por un acuerdo multipartidario! En lo personal, estoy arrepentido. ¡Todos acá levantamos la mano y votamos la venia para el gerente encargado de los USD 30:000.000! A las funcionarias encargadas de eso se las sancionó, a una con 60 días y a otra con 40, pero lo cierto es que ahora están trabajando de vuelta. Sin embargo, al gerente de CABA, que hizo el jueguito de mandar comprar los productos, lo pusimos en la calle. No conozco a ese señor –lo aclaro, por las dudas–, pero hay una cierta diferencia en las resoluciones que llama la atención  y que merece investigarse, porque son USD 30:000.000. ¡USD 30:000.000!

SEÑOR BORDABERRY.- Creo que también merece explicarse lo relativo a la planta de bioetanol.

Las explicaciones brindadas por el miembro informante me parecieron sensatas. Si uno inició un trámite, un proceso, y ya hizo el llamado, dejarlo sin efecto para adjudicárselo a otro significa ir a un juicio con los que se presentaron en tiempo. Eso es seguro. No pongo en duda la palabra del señor senador Otheguy, pero me gustaría ver y conocer el trámite, el expediente, porque vale la pena.

Lo mismo digo respecto de la demanda de la empresa Exor, porque se nos entregó solo una parte de la demanda, no toda, y según la información a la que logramos acceder en este corto tiempo, en realidad hay una solicitud de suspensión pero no es seguro que haya una transacción, por lo que las cosas pueden seguir. Esta demanda se encuentra en el Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo.

Sobre Ancap y ALUR no solo denunciamos en su momento el hecho de la negociación hacia atrás, de los porcentajes, sino que una y mil veces pedimos los contratos y nunca nos los mandaron. El entonces senador Pasquet pidió que se los entregaran, pero no lo hicieron. Me parece que hay que ir al fondo de todo eso, no con el ánimo de perseguir a nadie, sino de solucionar.

Por último, quisiera hacer mías las palabras que en el año 2005 pronunciara en la Cámara de Representantes el entonces diputado Mahía del Frente Amplio, al término de su intervención, cuando pedía que se aprobara la creación una comisión investigadora sobre Ancap, entre otras cosas. Permítaseme destacar que entre los fundamentos de ese pedido se encontraba el hecho de que en ese año –2005– Ancap había gastado USD 1:200.000 en publicidad. El año pasado se gastaron USD 10:700.000. En el año 2005, repito, el gasto de USD 1:200.000 «en régimen de monopolio», como se decía, ameritaba una comisión investigadora.

A propósito de lo antedicho, sería bueno que la comisión investigadora estuviera integrada por más miembros, pues la ley dice «en lo posible». Obviamente, si este Cuerpo decide que sean cinco los integrantes, «en lo posible» no va a ser posible. Ahora bien; si atendiendo el espíritu de la ley este Cuerpo decide que los miembros sean nueve, va a ser posible cumplir con la ley. Parecería sensato que la Comisión tuviera nueve miembros; los señores senadores que la integren y que también actúen en otras, simplemente tendrán que trabajar más, quizás del 1.º al 30, lo que no hace mal a nadie.

Por otro lado, no parece ser lo mejor fijar el plazo en el mes de diciembre. La comisión del año 2005 trabajó tres años y medio para un período de cinco años. Ahora, tratándose de un período de quince años, queremos trabajar tres meses. No parece algo coherente.

Decía el diputado Mahía en su momento: «Al inicio de la actual Administración el señor Ministro Jorge Lepra» –no me aguanto y tengo que decirlo: aquel Jorge Lepra que venía de ser gerente de Texaco, después de lo cual, ¡oh casualidad!, Ancap, que dependía de él, compró Texaco. Como dije, fue una casualidad; estoy seguro de que lo fue, aunque si lo hubiéramos hecho nosotros no quiero ni saber las cosas que se nos estarían diciendo– «solicitó a los directores de algunos Entes Autónomos que realizaran un informe sobre el estado de situación en el que se encontraban. Allí surgieron una serie de elementos de apariencia irregular, que entendemos deberían ser estudiados por el Parlamento.

Se pudieron detectar contrataciones que no estarían ajustadas a derecho, disparidades en los criterios de asignación de publicidad,» […] «un manejo dudoso y poco transparente en licitaciones, contrataciones y llamados de precios, y la posible existencia de sobreprecios en determinados pagos realizados».

Más adelante expresaba: «Está dentro de las potestades de esta Cámara el investigar esta clase de hechos, según lo determina el artículo 120 de la Constitución de la República y los artículos 117 al 122 del Reglamento de la Cámara. Entendemos como positivo el hecho de que los legisladores, y por su intermedio la ciudadanía, puedan analizar si este tipo de prácticas fueron excepcionales o si, por el contrario, esto fue una conducta generalizada. Si se confirmara este último extremo deberíamos intentar establecer y cuantificar las pérdidas que se le ocasionaran al Estado y a la población».

Estas palabras podrían ser las de cualquiera de nosotros. Sin duda, podrían serlas.

Debemos analizar estos temas con grandeza de espíritu –que al menos nosotros vamos a tener– e imparcialidad –que debemos y vamos a tener–, con el ánimo de mejorar la situación de la empresa Ancap, mejorar la situación de las finanzas públicas y, sobre todo, lo que es y ha sido siempre nuestro fin último: mejorar la situación de todos los uruguayos.

Es cuanto quería manifestar.

Muchas gracias.

 

SEÑOR BORDABERRY.- ¡Apoyado!

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra por una alusión.

SEÑOR BORDABERRY.- Ante todo, quiero felicitar al señor senador Camy por su  valiente exposición. Creo que ha tenido la actitud que hay que tener y es bueno destacarla. Coincido con él ya que va por el mismo camino que nosotros planteamos: hay que investigar a todos porque  nadie puede quedar afuera. Hoy se dijo que no había que investigar a los directores, solo a Ancap; por ese motivo expresé que había que investigar a todos y solicité ser más estrictos aún con los de nuestro partido. Ese es el camino que siguió el señor senador Camy y habla muy bien de él.

Mencioné al exministro y exsenador del Partido Nacional, el doctor  Ignacio de Posadas Montero y nadie se debe enojar por eso. En la prensa leí que el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas hizo una presentación de las nuevas normas de PPP en el estudio del doctor De Posadas. Más aún –espero que no lo tome a mal el señor senador Larrañaga–, leí declaraciones de prensa del senador Larrañaga criticando al doctor De Posadas, justamente, por la actuación que había tenido en esto. En realidad, yo hice lo mismo que él, reforzando su posición crítica, así que no creo que eso requiera mucha más aclaración.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: hemos votado afirmativamente esta moción por los siguientes elementos que nos parecen importantes.

En primer lugar, creo que se avanzó muchísimo con respecto a la moción con la que comenzamos el día. Uno puede tirar de la piola pero no demasiado y, obviamente, hubo un cambio de la bancada oficialista que nos parece muy importante. No se trata de una comisión con fines legislativos, sino investigadora, y ese es el cambio fundamental en este asunto.

Por otra parte, hubo una moción que entregamos a las dos bancadas, a la del Partido Nacional y a la del Frente Amplio, en la que, justamente para facilitar esto, incluimos que la conformación de la comisión no implicaba una presunción. Esto va de suyo, porque la Real Academia Española define la presunción como aquello que no admite prueba en contrario, y presumir que hay irregularidades o ilicitudes antes de investigar sería estar prejuzgando. Obviamente, la exigencia de incluir que esto no signifique una presunción no parece nada descabellado.

Por último, creemos que hay que votar las mociones y no los informes. A nuestro juicio, eso surge claramente –aunque tal vez alguno no lo vea tan así– del inciso cuarto del artículo 136 del Reglamento, que dice: «El informe, o los informes si se produce más de uno, se entregarán al Presidente, y el asunto se incluirá en primer término en la primera sesión que se realice». No se habla de que los informes serán sometidos a votación, sino que menciona el asunto, y creo que la palabra asunto no hace referencia a los informes.

Obviamente, nos habría gustado que fueran 180 días y no 120, y nueve miembros en lugar de siete, pero pienso que igualmente el señor presidente está en condiciones de cumplir con lo dispuesto en la ley, porque en lo posible –y ahora le va a resultar posible– tiene que incluir a senadores de todos los partidos con representación en esta Cámara. Por consiguiente, al no tener imposibilidad de proceder en ese sentido, la posibilidad se transforma en un mandato para él.

Muchas gracias.