Normas de Conducta en la Función Pública

Mis palabras en sesión que aprobó Ley de Normas de Conducta en la Función Pública

 

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: hoy es un buen día. Cuando se aprueban normas contra la corrupción, normas de conducta en la función pública, siempre es una buena jornada.

Quiero empezar mi exposición haciendo un reconocimiento muy grande al presidente Jorge Batlle porque, como bien dijo el miembro informante, estamos dando rango legal a un decreto aprobado en 2003 –durante su presidencia–, que también lleva estampada mi firma, lo que es un honor.

     En definitiva, se ha tomado ese decreto vigente y hoy se le dará rango legal. Ya en aquellos años ese decreto hablaba no solamente de la Convención Interamericana contra la Corrupción sino de la necesidad de mantener y fortalecer normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas; de prevenir los conflictos de intereses, asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos y bienes asignados a los funcionarios públicos; y de la obligación de informar actos de corrupción.

En este decreto también se menciona ese concepto, tantas veces olvidado, del buen administrador público, y estas normas de conducta a las que hoy estamos dando rango legal encuentran su fundamento principal en que las entidades públicas solo existen y pueden actuar para el cumplimiento de los fines de interés público que el ordenamiento jurídico dispone para cada una de ellas y sus agentes. Es el concepto administrativista del buen administrador que, sobre todo, en lo más profundo encierra la intención de evitar la desviación de poder, porque, en definitiva, el corrupto está desviando el poder.

Entonces, en el día de hoy, a ese decreto que ha regido para la Administración central durante todos estos años, le estamos dando media sanción para que tenga rango legal y se aplique no solamente a ese ámbito sino también a todo el Estado. Eso es muy bueno y, ¡vaya si también lo es recordar a ese presidente, tantas veces criticado durante su gestión!, aunque nunca por no ser republicano y austero. Por el contrario, fue un presidente republicano, liberal, que viajaba en aviones de línea, que manejaba su auto y andaba por las calles casi sin custodia, en épocas duras desde el punto de vista económico. Además, vivió austeramente y muchas veces hasta pagó los gastos del Estado con su tarjeta; fui testigo de eso. Por ejemplo, pagó con su tarjeta el registro de la marca Uruguay Natural en la Dirección de la Propiedad Industrial, a nombre de la Presidencia de la república. Hicimos juntos el registro del sitio web de Uruguay Natural a nombre de la Presidencia de la república y lo pagó con su tarjeta personal. Recuerdo que dijo: «Vamos a hacerlo rápido porque si hacemos el trámite que corresponde, quizás podamos perder la prioridad y alguien ya lo puede estar haciendo». Así, podría recordar una y mil cosas de un presidente republicano y austero.

Ese decreto también se inspiró en la Constitución de la república y es bueno referirse a él porque hoy se va a transformar en ley. El artículo 58 de nuestra Carta magna comienza diciendo que los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política, mientras que el artículo 59 dice que la ley establecerá el estatuto del funcionario sobre la base fundamental de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario; el artículo 60 establece que los cometidos de los entes autónomos y servicios descentralizados deben asegurar una administración eficiente y el artículo 181 impone a los ministros vigilar la gestión administrativa y adoptar las medidas adecuadas para que se efectúe debidamente e imponer las penas disciplinarias.

Por eso, es muy bueno que hoy se recoja en una ley este decreto del año 2003 del doctor Batlle y también me parece que es un gran homenaje que le está haciendo el Parlamento nacional a ese presidente austero, honesto, que enfrentó los momentos más difíciles del país y que hace quince años se adelantaba a dictar una norma a la que hoy le estamos dando rango legal.

     Quizás hubiera sido mejor aprobarlo al comienzo de este período parlamentario y no al final, pero, bueno, hemos peleado mucho para que se aprueben normas contra la corrupción, incluso hemos pedido que se instalara una comisión investigadora sobre los hechos de corrupción en el Uruguay y en la región para analizar cómo nos pudieron haber afectado. Lamentable y tristemente, en los últimos 10 o 15 años hemos asistido a la mayor corrupción existente en la historia de América Latina.  No solo no contaban la plata que se robaban, sino que la pesaban. No solamente se llevaban bolsos, sino que los tiraban por arriba de los muros de conventos para que las monjas los escondieran. La corrupción K, la corrupción kirchnerista de ese Gobierno pseudoprogresista de los Kirchner, dejó en Argentina, un país que ha sido signado por la corrupción desde hace más de un siglo, récords increíbles: se la robaron toda. La cercanía con Argentina, obviamente, nos puede haber afectado. ¡Ni que hablar la cercanía con Brasil: con el Mensalão, el Lava Jato, el presidente de la república preso, el secretario de la presidencia, los ministros, lo de Petrobras y los gobernadores! ¡No queda nadie afuera! Los representantes de toda esa década pseudoprogresista de Brasil fueron presos por el mecanismo de la obra pública. Hoy hacen series en Netflix sobre cómo funcionaban esos gobernantes corruptos que se llamaban progresistas, pero que de progresistas no tenían nada porque la corrupción no es progresista, la corrupción es retrógrada. ¡Vaya si es necesario tener en el Uruguay normas que prevengan esas conductas!

     Hoy se decía que Uruguay es una isla de transparencia. Obviamente, Uruguay no da para esos montos de corrupción porque aquí no hay tanto dinero; no obstante, debemos advertir que, en otros países, como los Estados Unidos, existen instrumentos legales que nosotros no tenemos y son los que permitieron desentrañar y descubrir a estas verdaderas mafias organizadas desde los gobiernos para delinquir y robarle la plata al pueblo, porque cuando hay corrupción se le roba la plata al pueblo.

     No disponemos de figuras como las del agente encubierto o el informante y tenemos limitada la figura del arrepentido, que son las figuras legales que han permitido tirar de la madeja y encontrar a los corruptos en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos y en Suiza. ¡No las tenemos! Sin embargo, están ahí, esperando para ser aprobadas, pero lamentablemente no son parte este acuerdo. ¿Cómo se logró probar la corrupción de los miembros del Partido de los Trabajadores en el Gobierno? Con arrepentidos como Benedito Rodrigues –Bené–  y Marcelo Odebrecht. Se arrepintieron, y cada vez que reconocían su arrepentimiento contaban cosas como, por ejemplo, el tema del apartamento, el dúplex, que tenía el expresidente en la playa y que había recibido como un favor. ¡Esos gobernantes decían defender al pueblo y terminaron con apartamentos en la playa pagados por el pueblo! Pero no tenemos esos instrumentos.

     En Argentina está el caso de Fariña, novio de una modelo, que empezó a hablar y contó que habían construido unos hoteles en el sur. Resulta que les pagaban por las habitaciones y no había nadie. Así, seguimos y podemos seguir.

     Lo mismo pasó con el fútbol. El FBI investigó al presidente de la federación de fútbol de Estados Unidos, Chuk Blazer, y se enteró de que lo estaban sobornando. ¿Qué hizo el FBI? ¿Lo metió preso? No; le dijo: «Si te arrepentís te vamos a dar menos y si nos informas te vamos a dar menos, y si te convertís en agente encubierto te vamos a dar menos todavía». Entonces, le pusieron unos micrófonos y durante dos años estuvo grabando las conversaciones con sus secuaces, que estaban en Suiza, cuando arreglaban los sobornos. Todos están presos. Pero acá tenemos el proyecto durmiendo y no lo tratamos. No le damos a nuestra justicia y a nuestra fiscalía una herramienta que es la que permitió conocer toda esa corrupción. Debiéramos integrarla al acuerdo.

     En fin, hoy por lo menos le estamos dando rango legal a un decreto que ya existía. No creo que sea un gran paso, pero es un paso en el sentido correcto, por eso lo acompañamos. Todo camino necesita un primer paso, pero atrás tienen que venir más pasos.

     Discrepamos con eso de que Uruguay es una isla. Nos parece que quien tuvimos hasta hace un tiempito presidiendo el Senado es una prueba bien clara de que Uruguay no es una isla; todo lo contrario. Ayer un Tribunal de Apelaciones confirmó su procesamiento en segunda instancia. ¿Podemos decir que somos una isla cuando está procesado el exvicepresidente de la república, que tuvo que renunciar a sus funciones? ¿Podemos decir que esto es una isla y que en Uruguay no pasan estos hechos, cuando el director de Aduanas declara que no pueden controlar el trasiego de bolsos que vienen desde Argentina por el aeropuerto de Melilla? No. Este es un paso tímido, pero tenemos que dar otros y no conformarnos con eso. Deberíamos replantear aquella comisión investigadora que planteamos hace dos años y medio para ver cómo esos actos de corrupción de nuestros vecinos habían afectado al Uruguay.

     Hay otro proyecto de ley, que tampoco ponemos arriba de la mesa, que refiere a la no prescripción de los delitos de corrupción o por lo menos la ampliación de los plazos de prescripción, porque el corrupto que está en el poder tiene la capacidad de evitar que su corrupción se conozca y, por ende, esos plazos están corriendo, pero tiene la facultad para dilatarlos y, de esa forma, beneficiarse. Deberíamos analizar eso.

     Se habló de que esto es fruto de un acuerdo. Y es cierto, pero cuando me hablan de acuerdos quiero ser bien preciso en cómo lo entiendo. Se acordó aprobar un paquete de normas, un código de ética de la función pública –homenaje al doctor Jorge Batlle–, un fondo de peritajes fruto de un proyecto del señor senador Mieres y, finalmente, crear el delito de enriquecimiento ilícito. Pero esto no quiere decir que se deba aprobar cualquier proyecto. En esto quiero ser claro porque ayer, en la Comisión de Constitución y Legislación, ese proyecto inicial de creación del delito de enriquecimiento ilícito que presentamos hace ya tres años sufrió modificaciones trascendentales, y las sufrió después de que había logrado el beneplácito de catedráticos de la universidad, de especialistas como el doctor Leonardo Costa y el propio doctor Jorge Díaz, Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Y el concepto central de ese proyecto de ley, que es la obligación que tiene todo funcionario de tener la documentación que justifique que se ha incrementado su patrimonio, quiere ser cambiado en su esencia. Entonces, ya no será el funcionario quien tenga que probar cómo logró ese incremento, sino que el fiscal deberá probar que el funcionario, aprovechándose de su cargo, logró ese incremento y que el mismo existió. En los hechos, si se aprueba así, va a ser una linda norma para la tribuna, pero no para un efectivo combate a la corrupción.

Es muy bueno un código de ética de la función pública –que en la Administración central ya se venía aplicando–; es muy bueno un fondo de peritajes para que no suceda lo que pasó en la investigación del caso Ancap, en que el fiscal actuante dijo que no había podido estudiar responsabilidades porque no tenía recursos para realizar pericias. Sí, aunque no lo crean, la no investigación de hechos con apariencia delictiva se debió a que no había dinero suficiente en un fondo de peritajes. Es bueno que se apruebe y se tenga esa herramienta, pero hay que añadir otras, como la del informante, la del arrepentido y la del agente encubierto. Además, hay que aprobar el proyecto sobre enriquecimiento ilícito; hay que decir que los delitos de corrupción no son prescriptibles o ampliar su plazo de prescripción. Ese es el camino que tenemos que seguir para evitar que nos contagien esos vecinos que tienen el virus de la corrupción, campante y rampante. Lamentablemente, nos han contagiado en los últimos años.

Vamos a acompañar este proyecto de ley, que es un primer paso para aprobar algo que ya existe en la Administración central. Es un paso en el sentido correcto.

SEÑOR BORDABERRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR BORDABERRY.- He finalizado, señora presidenta.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: se ha aludido a la no aprobación de la ley de financiamiento de los partidos políticos y se la ha vinculado al hecho de que nos oponemos a que se exijan normas de claridad y transparencia en la financiación de las campañas electorales.

Recordará la señora presidenta que nos opusimos a esa ley exclusivamente en la parte en que le da una ventaja indebida al partido de Gobierno en la asignación de la publicidad televisiva. La Suprema Corte de Justicia declaró que eso es inconstitucional y por eso nos opusimos.

Estamos dispuestos a votar el proyecto de ley en lo que hace a transparencia, controles y lo que sea. Lo que no vamos a votar de ninguna forma es que el Frente Amplio tenga más minutos de televisión gratuita que el resto de los partidos.

Respecto a si la corrupción es exclusiva de los gobiernos progresistas, creo que tanto el señor senador Heber como quien habla fuimos claros en decir que no es así y que la hay en todos los gobiernos. Creo recordar que dijo que hay de izquierda, de centro y de derecha. De manera que ninguno de nosotros dijimos que es exclusiva.

Lo que sí nos parece importante que se sepa es que llegaron muchos llamándose progresistas, que dijeron que no iban a verse afectados por la corrupción y son los que más se vieron afectados en monto. Eso es lo que nosotros destacamos. ¿O nos olvidamos de aquella frase famosa «Si se es de izquierda, no se es corrupto, y si se es corrupto, no se es de izquierda»? La dijeron en la mitad de los procesos judiciales que terminaron con procesamientos. ¿O se olvidan de que cuando se empezó a investigar lo de Ancap y el tema del título falso aquel, etcétera, nos acusaron a los medios de comunicación y a los partidos de la oposición de estar haciendo una campaña para desestabilizar la democracia? ¿Se olvidan de eso? Y hoy nos vienen a decir que, en realidad, estamos afectando la democracia. No; tengo una lista enorme de cosas que se sostuvieron sobre esto: que se linchaba a través de los medios; que «si nos tocan a uno, nos tocan a todos»; y el Plan Atlanta. ¡Todo era una gran conspiración! Ahora se nos dice, por suerte, que sí hay corrupción, pero que no son los únicos que han tenido elementos corruptos en sus filas. Es cierto. Todos los partidos corremos el riesgo de tener elementos corruptos en nuestras filas. Lo que no podemos es permitirles ser candidatos al Parlamento en la próxima elección. ¡Eso es lo que no podemos!

Acá se dijo también que nosotros tuvimos un diputado suplente procesado. Es cierto. Pero fue expulsado del partido y prohibida, en tiempo récord, su reincorporación. ¿Quieren marcarnos normas de transparencia? ¿Quieren elevar la vara contra la corrupción? Miren lo que hicimos. Hagan eso este próximo sábado. ¡Anímense a prohibirle ser candidato!

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR BORDABERRY.- Propongo que se autorice al señor senador su permanencia en sala.