Ley de Medios, ¿Lo político sobre lo jurídico?

José Amy

Si bien en nota anterior comentábamos a grandes rasgos las principales disposiciones sobre la ley de “Servicios de Comunicación Audiovisual”, conocida popularmente como ley de medios, y mostrábamos el doble discurso de quien es su gran propulsor, el Presidente José Mujica, hoy deseamos compartir con el lector aspectos de carácter más sustantivos y técnicos de esta ley, para concluir reafirmando su inconstitucionalidad. Antes de comenzar creo pertinente dejar en claro dos cuestiones. Primero, que no soy un especialista  en temas jurídicos, claramente no lo soy, ni pretendo serlo. Segundo y en concordancia con lo anterior,  reconociendo que no soy especialista, debemos reconocer y respetar a quienes si lo son. La vida política muchas veces nos guía por convicción, eso no está mal, sin embargo a veces dejamos de lado aspectos técnicos, que en leyes como la que estamos por tratar hoy puede tener efectos irremediables. Creemos que es claro que lo jurídico está sobre lo político y no al revés, y no lo digo yo, así lo mandan los pilares democráticos y republicamos sobre los que se fundo nuestro país. Veamos entonces la opinión de los profesionales que el partido de gobierno pretende descartar para cumplir su capricho. La Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay se sumo a un extenso grupo de opiniones negativas respecto a la ley, estos expresaron que “mientras el articulado explica que se pretende desmontar los monopolios y oligopolios privados, en los hechos sus disposiciones aseguran monopolios públicos para Antel y el servicio de televisión nacional pública.”, en este sentido, Patricia Lussich, presidenta de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad afirmo que la ley busca «importar un problema que no tenemos» (…) «no hay denuncias por problemas como los que plantea la ley» (…) «no es un problema en nuestro país en forma tal para que exista una ley que hable específicamente de los contenidos publicitarios para niños y adolescentes». Por su parte, Nero De Vargas, presidente de la Cámara Audiovisual del Uruguay afirmo que la ley «trata de regular la publicidad muy precisamente, y me da la sensación que esa parte, de esa forma, no es necesaria. Los problemas que la ley parecería percibir sobre la publicidad en realidad me parece que no son problemas. Ya están autorregulados esos temas». También el abogado especialista en propiedad intelectual Dr.Javier Berdaguer, comento  que esta ley «pretende refundar toda la regulación del sector de la comunicación audiovisual por radio y televisión. Toma el sector y lo regula casi que íntegramente, lo ambiguo del proyecto es que por un lado se califica como algo que pertenece a la libertad de expresión y el Estado no se puede meter, pero por otro dice que tienen todas esas cuestiones culturales y valores con las que sí se quiere meter». Por último queremos compartir la opinión de un destacado abogado, experto en derecho administrativo y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Prof. Dr. Carlos Delpiazzo que invitado a dar su opinión jurídica y técnica en la comisión de Industria de la Cámara de Representantes afirmo lo siguiente: «Es una ley que va a contramano de los tiempos porque excluye a la mayoría de los medios audiovisuales al presente y en las épocas por venir, por ejemplo las nuevas tecnologías de la informática y las telecomunicaciones» «Es un proyecto de ley de talante nítidamente intervencionista, donde el Estado recibe privilegios que se quitan a la vez a los operadores privados, en el ámbito de la radio y la televisión. Se discrimina a la empresa nacional ante la multinacional, a la pública respecto a la privada” «Entre sus 183 artículos, la ley tiene muchos que son nítidamente inconstitucionales, otros que pueden llegar a serlo. Séanlo o no, muchos son dañosos en tanto violan derechos ya adquiridos, o limitan actividades que hoy se realizan en el campo de la libertad, establecen monopolios públicos en actividades que hoy los particulares podrían cumplir, y todo eso puede ser un germen de demandas reparatorias por daños económicos a empresas que tendrán que cerrar o no podrán seguir con sus actividades actuales, o eventualmente no podrán crecer dadas las limitaciones que la ley contiene» En particular, Delpiazzo se refirió a que “algunas normas claramente se inspiran en la ley argentina (…) La ley argentina es autoritaria, esta ley es autoritaria. En eso tiene un rasgo en común» «Textos tan indeterminados y abiertos como este, tenemos que pensar que mañana cualquier persona de cualquier partido podría hacer cualquier disparate con este texto en la mano». Visto esto y compartiendo lo que afirman los profesionales en la materia, no podemos dejar que esta ley prospere, y se convierta en una herramienta de control de la libre expresión de cualquier gobierno. La división de poderes y la supremacía jurídica por sobre lo político es una cuestión de democrática y de tolerancia, más no de capricho gubernamental.