El tiro de gracia
por Daniel Bianchi
Horas apenas después del resultado de las Elecciones Legislativas del pasado 27 de octubre en Argentina de las cuales como se preveía el kirchnerismo salió debilitado, los exportadores uruguayos denunciaban el aumento de las restricciones para ingresar mercadería nacional a territorio argentino, y paralelamente, se denunciaba también la variación de las políticas migratorias para ciudadanos uruguayos que ingresaran al país vecino.
Ambas situaciones se suman a la serie de limitaciones comerciales que desde hace ya varios meses afectan a los exportadores uruguayos -como la restricción de las importaciones y la salida de dólares- y contribuyeron a elevar aún más, si cabe, la preocupación de las autoridades y de los operadores portuarios de nuestro país.
La decisión de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables del gobierno de Cristina Fernández de impedir que los barcos con exportaciones originadas en Argentina hagan escalas u operen en puertos uruguayos, habilitándolos únicamente a hacer transbordos en puertos argentinos o en los que haya convenio, causó un profundo malestar de este lado del rio. La resolución apunta y afecta directamente a Uruguay, ya que Brasil mantiene acuerdos bilaterales de transporte marítimo de cargas con la República Argentina y no se verá perjudicado.
De acuerdo a una estimación realizada por especialistas, la disposición argentina -una evidente represalia por la autorización del gobierno uruguayo para aumentar su producción a la empresa de celulosa UPM y posiblemente una manera de descargar emocionalmente el fracaso electoral del domingo 27 amenazando “a los más chicos”- significaría para Uruguay tener que afrontar pérdidas del orden de los 90 millones de dólares por año, lo que afectaría tanto a los operadores como a las empresas que indirectamente trabajan con los puertos.
Empresarios internacionales que operan en puertos uruguayos explicaron que el puerto de Nueva Palmira no se vería en principio mayormente afectado por la decisión ya que las cargas que son manejadas en la terminal coloniense provienen en su mayoría de Bolivia y Paraguay (aunque eso ya cambió en las últimas horas y las trabas llegaron también hasta aquí). Pero no dudaron en señalar que, particularmente para el puerto de Montevideo, la decisión argentina “es un tiro en la nuca” que afecta la imagen de la terminal capitalina “como puerto ‘hub’ (un puerto al que llegan las líneas navieras de largo recorrido y descargan sus mercancías, para que luego éstas se redistribuyan en líneas de recorrido más corto) especializado, concentrador y distribuidor de cargas hacia otros países”, y además “se afecta a los depósitos y a las zonas francas, donde se agrega valor a la mercadería».
Así, mientras persiste y se agrava la política oficial liderada por el «superministro» argentino Guillermo Moreno en cumplimiento de órdenes presidenciales de Cristina Fernández, a pesar de que desde distintos ámbitos se le reclama que actúe con firmeza, el presidente José Mujica guarda silencio frente a la decisión argentina de prohibir el pasaje de sus mercaderías por puertos uruguayos y de incrementar las trabas comerciales. Recientemente dijo que espera el momento adecuado para abordar este problema con la presidente argentina, “que se supone (sic) que es la que toma las decisiones en las cosas más importantes, y está en un impasse médico”.
Coincidimos con él en que profundizar enfrentamientos no es la mejor manera de encaminar la relación bilateral que lleva ya más de ocho años de gradual deterioro.
Pero también debe admitirse que cuánto más dócil y manso se muestra Uruguay, tanto más dominante y altiva se muestra Argentina, y tanto más doloroso es el castigo. Los colonienses en particular lo sufrimos en distintos ámbitos, el turismo seguramente el más evidente.
Lo grave del caso es que, además de no adoptar las medidas que debiera, el mandatario uruguayo contribuye a generar mayor incertidumbre respecto a la relación bilateral. Prueba de ello son sus declaraciones señalando que “una de las cosas que enseña la historia es que los intereses porteños, que se anudan al manejo del puerto de Buenos Aires, tuvieron siempre una actitud durísima de oposición al puerto de Montevideo”, y que “esa política insular lo único que termina haciendo es perjudicar a la integración y hacer añicos el MERCOSUR”.
Ni para el gobierno argentino, ni para la prensa argentina -ni siquiera para la opositora- las palabras de Mujica contribuyeron a aquietar las aguas. Por el contrario, con ellas no ha hecho más que embravecerlas.
Aceptamos y concedemos que la actitud uruguaya debe ser de diálogo y no de desafío. Pero ese diálogo, al tiempo que constructivo y eficaz, debe ser firme, al amparo de la legislación nacional vigente y del Derecho Internacional.
Y en ese diálogo el gobierno uruguayo debe saber con certeza cuándo es el momento de decirle “¡Basta!” a la arrogancia del gobierno argentino.