Mis Palabras en la interpelación al Ministro de Defensa por la compra de un Avión Presidencial
Mis Palabras en la interpelación al Ministro de Defensa
por la compra de un Avión Presidencial
SEÑOR BORDABERRY.- Gracias, señora presidenta.
Agradecemos a los señores legisladores del Partido Nacional, que coincidieron en la convocatoria al señor ministro de Defensa Nacional y nos acompañaron con su voto.
Agradecemos también la presencia del señor ministro y del señor subsecretario de Defensa Nacional en un día tan particular y poco común de trabajo parlamentario, un viernes de febrero, previo, además, a Carnaval, por lo que se inicia un feriado largo. Creo que es un buen mensaje para la ciudadanía toda que el Parlamento esté hoy trabajando un viernes víspera de un fin de semana largo y esté poniendo sobre la mesa los temas que interesan a todos los uruguayos, para su discusión.
El motivo de la convocatoria es bien preciso; la señora presidenta lo ha leído. Se trata de informar sobre el proceso de compra, legalidad, antecedentes directos y conveniencia de la decisión del Poder Ejecutivo de adquirir un avión Hawker 700 con prestaciones VIP, teléfono satelital y otras comodidades.
Señora presidenta: creo que este es un tema importante, no solamente por todo lo que ha rodeado este proceso de compra –como el intento de compra directa, las observaciones del Tribunal de Cuentas, las graves acusaciones del Poder Ejecutivo a ese Tribunal y los cambios de ministros que allí ocurrieron–, sino por la conveniencia de la adquisición de un avión de este tipo en momentos en que hay aumento de tarifas y aumento de impuestos; sube la luz, sube el agua, pero se compra un avión.
Además, considero que esta convocatoria va a ayudar a destacar el valor de la transparencia. Espero que la jornada de hoy agregue claridad a un proceso que nos ha generado tantas dudas. Y, sobre todo, que le agregue valor al contralor parlamentario sobre los actos del Poder Ejecutivo. Me parece que eso es lo más importante. Cuando el Tribunal de Cuentas, un órgano constitucional, realiza no una sino varias veces observaciones al Poder Ejecutivo y este último siente que puede seguir adelante, uno tiene la duda de si no se pasó por encima de normas legales. Me parece que la limitación al poder es un valor republicano muy importante que hoy estamos ejerciendo. Lo trató de ejercer el Tribunal de Cuentas y ahora lo está ejerciendo el Parlamento. ¿Por qué? Porque, como decía Lord Acton, «El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente». Y siempre es bueno, en democracia y en república, que haya límites al poder.
Si bien para algunos esta compra por USD 1:100.000 puede no parecer importante, para mí sí lo es porque se vio involucrado el Tribunal de Cuentas; porque creo que se pasó por encima de normas y porque surgen una cantidad de sospechas en la opinión pública que deben ser aclaradas. Como decía el gran poeta Elías Regules en Mi tapera: Quizá son «cosas chicas para el mundo pero grandes para mí». Y el control en una república me parece que es una gran cosa; por lo menos así lo considero yo.
Señora presidenta: quiero ser bien claro con el señor ministro. Tengo sospechas de la existencia de actos de corrupción. Aclaro que tengo sospechas y no confirmaciones. Considero que cuando uno habla siempre debe ser muy claro. Cuando uno tiene sospechas y actúa responsablemente, debe convocar al responsable para que las disipe; debe darle la oportunidad de contestar, de convencernos de que no han existido actos irregulares ni ilegales en ese asunto; y debe escucharlo antes de llegar a las conclusiones. Por lo tanto, siendo franco y honesto, creo que previamente hay que decir al señor ministro que tenemos sospechas de actos de corrupción en este proceso.
El proceso de compra de este avión ha sido muy especial. Tengo entendido que en 2013 el entonces presidente Mujica estuvo a punto de comprarlo en forma directa, pero a último momento desistió y resolvió adquirir un helicóptero Dauphin. Pero la resolución para la compra de este avión ya estaba redactada para su firma en el año 2013. Incluso, tengo entendido que el avión que hoy se compra en una licitación que se adjudica en el año 2017 ya fue utilizado en el año 2012 por el entonces presidente Mujica. Es decir que el avión que hoy se compra ya se usaba hace cinco años.
El proceso de compra en este período de gobierno comienza el 2 de marzo de 2015. Es decir, el primer día de trabajo de este Gobierno. Recordarán los señores legisladores que el 1.º de marzo el presidente Tabaré Vázquez asumió su cargo, vino al Parlamento, dio su discurso –tal vez, de noche fue a festejar– y al día siguiente llegó a su oficina en el edificio Independencia y se encontró con una nota. Reitero: eso sucedió el primer día de su mandato. En esa nota se le decía que estaban enterados del interés del Poder Ejecutivo de adquirir una aeronave como esta. Es decir que el primer día del período de gobierno la empresa Floridian S.A. ya sabía que el Poder Ejecutivo estaba interesado en comprar una aeronave de ese tipo y se la ofreció en venta.
El expediente voló por los despachos –supongo que habrán hecho algún estudio de conveniencia o algún análisis de la marca del avión, entre otras cosas– y en menos de cincuenta días estaba en el Tribunal de Cuentas para su aprobación, cosa que no es común en los tiempos burocráticos del Uruguay. El Tribunal de Cuentas observó el expediente porque, en primer lugar, citaba una norma equivocada: el numeral 13) del artículo 33 del texto del Tocaf no habilita compras sino ventas directas. Y esto era una compra. Asimismo, citaba el numeral 10) de la misma norma, que permite una compra directa cuando es un bien escaso. El Tribunal de Cuentas manifestó que un avión no es un bien escaso y que no estaba probado debidamente; por lo tanto, lo devolvió. En el ínterin en que fue devuelto, el presidente Tabaré Vázquez, como había hecho el expresidente Mujica, ya había empezado a usar el avión. Situémonos: estaba tratando de comprarlo en un proceso directo, y ya lo estaba usando, como lo había usado ya el presidente Mujica. Los presidentes del Uruguay usaron no una sino varias veces el avión –que después se quería comprar– sin haberlo comprado.
Pese a la observación del Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Aérea insistieron en comprarlo directamente, pero el tribunal les dijo que no estaba acreditado que fuera un bien escaso. Presentaron una nota de una empresa argentina diciendo que no tenía conocimiento de la existencia de aviones de este tipo en Paraguay, Uruguay y Argentina; no hablaba de Estados Unidos, Chile o Colombia. Era lógico.
Frente a eso, el Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Aérea no se amilanaron, sino que decidieron llevar a cabo una licitación –fue la número 020 del año 2015– y fijaron la apertura para el 30 de marzo de 2016. A ese llamado a licitación se presentó una sola oferta. Casualmente se trataba de la oferta de la empresa propietaria del avión que ya habían usado los presidentes y que lo había ofrecido en compra directa.
Una vez que vuelve el expediente de la licitación nuevamente al Tribunal de Cuentas, se dictaminó que había cláusulas ilegales destinadas a favorecer la compra de ese avión, lo que es violatorio del artículo 49 del Tocaf. ¿Cuáles son las cláusulas que observó el Tribunal de Cuentas? Las conoce muy bien el señor ministro pero las voy a citar para que las sepan los señores legisladores. Principalmente, se establecía un beneficio del 20 % para aquellos aviones que tenían vigente el certificado de aeronavegabilidad expedido por la Dinacia. El único avión de este tipo que lo tenía era, casualmente, el de Floridian SA.
Realizada la observación, el Poder Ejecutivo no la aceptó y, en ese momento, se da una casualidad. El Tribunal de Cuentas, como todos sabemos, está integrado por siete ministros. Según el acuerdo partidario de hace unos años, cuando se designaron los ministros, la oposición propuso tres, el Frente Amplio otros tres, y se nombró como presidente un ciudadano, al doctor Siegbert Rippe, catedrático de derecho comercial, independiente, que merecía la confianza de todos. Después de haber observado la primera compra directa, el doctor Siegbert Rippe pidió licencia por enfermedad –es un hombre mayor–, la suplente no asumió y sí lo hizo el segundo suplente. Además, uno de los ministros propuestos por el Frente Amplio, el doctor Grecco, que había votado por observarlo y decir que se trataba de una licitación dirigida a favorecer una oferta, de casualidad, renunció. O sea que se pasó de una observación a la compra directa de cinco ministros a dos, de cuatro a tres a la primera observación de la licitación, a que uno de los ministros renuncia, entre su suplente –también propuesto por el Frente Amplio– y, casualmente, cambie el voto levantando la observación.
Comprenderán que esto no es lo habitual, lo usual; es poco claro. Para peor ese voto del suplente en el Tribunal de Cuentas de la república hizo que los ministros que votaron a favor de levantar la observación desoyeran y desconocieran la opinión de la asesoría jurídica del propio tribunal que señaló que eso era ilegal, que no se podía hacer porque estaba destinado a favorecer a un oferente.
Lo que estoy relatando son hechos que están documentados.
Reitero, la nueva integración, con un ministro renunciado y con un presidente de licencia, no siguió lo recomendado por los asesores del propio tribunal. A esto se suma que el avión era usado por el expresidente Mujica y por el presidente Vázquez, que se había intentado comprar en forma directa y que, además, pertenece a un conocido empresario del Uruguay, un vendedor de automóviles Mercedes Benz, amigo muy cercano y público del asesor en logística y amigo personal del presidente de la república, el señor Salgado.
Señora presidenta; si se tratara de un drama shakesperiano, con seguridad alguien exclamaría: «Algo huele mal en Dinamarca», y no sería Marcelo sino todos los uruguayos que hemos seguido este drama de la compra del avión.
Esta citación es concreta. No es para hablar de políticas de defensa ni cosas generales, sino para referirnos a la compra de este avión y a las particulares y poco usuales circunstancias que la rodearon.
Aclaro que sin haber escuchado las explicaciones, esta compra la vemos ilegal, inconveniente e insensible. Pero como hombre de derecho que somos entendemos que no se puede arribar a conclusiones definitivas sin escuchar antes al señor ministro. Esta impresión que hoy tenemos necesita de las respuestas del señor ministro antes de adquirir la forma de convencimiento total. Se pueden tener sospechas y tenemos las más graves –las de actos ilegales destinados a favorecer a un tercero lo que equivale en nuestro ordenamiento jurídico a corrupción–, pero hasta ahora se trata solo de sospechas que hacemos votos para que el señor ministro pueda disipar al responder las preguntas que le formularemos. Ese es el objeto de la convocatoria que esperamos tenga más éxito que las anteriores. Es bueno saber que al señor ministro ya se le preguntó, no una sino varias veces, en el Parlamento y no informó.
Recordará el señor ministro la triste jornada que vivimos el año pasado en ocasión de la sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado por la Rendición de Cuentas. En esa ocasión –se puede consultar la versión taquigráfica– no una sino tres veces –como Simón Pedro a Cristo– antes de que cante el gallo, el señor ministro ocultó la compra del avión. Estábamos en el mes de setiembre u octubre y cuando le mostramos la documentación, después de la tercera negativa, el señor ministro expresó que en ese momento no había nada decidido sobre la compra, cuando varios meses antes ya se había hecho el llamado a licitación, se había recibido la oferta y se estaba en vías de adjudicarla. Luego, en el mes de noviembre, el señor ministro fue convocado por el senador García en régimen de comisión general y le volvió preguntar por la compra del avión a lo que dijo desconocer si el Gobierno insistía con la compra, cuando en realidad era así. ¡No sé si nos damos cuenta! El señor ministro le dijo al Parlamento –consta en la versión taquigráfica que tengo en mi poder– que no sabía si se insistía cuando en realidad estaba insistiendo frente al Tribunal de Cuentas. Quiere decir que le preguntamos en la comisión de presupuesto –creo que la integraba el señor legislador Camy– y recién la cuarta vez, cuando le mostramos la documentación, reconoció que lo estaban comprando, si bien había dicho que no había nada decidido todavía. Le volvió a preguntar el señor senador García en régimen de comisión general y reiteró que no sabía si se insistía, y se estaba haciendo. Por eso creo que es importante esta citación. ¡Vaya si lo es! No es que un día nos levantamos y dijimos: «Vamos a interpelar porque esto está mal». ¡No! Antes intentamos obtener respuestas y no lo logramos. Además, después de la negación y ahora que ya cantó el gallo, tenemos miedo y sospechas de que ande un Judas Iscariote contando por ahí monedas de todos los uruguayos. Obviamente, queremos saberlo.
Señora presidenta; llegó la hora de las respuestas. El avión ya se compró.
He traído algunas preguntas que voy a formular al señor ministro. Le voy a agradecer, más allá de que seguramente trajo preparada una presentación, que cuando las conteste puede indicar a cual se está refiriendo. No tiene que tomar nota porque las voy a entregar para que sean repartidas al señor ministro y a todos sus asesores.
Como se sabe, en el Código General del Proceso existe en el proceso de conocimiento lo que se llama la audiencia preliminar o de saneamiento. En esa instancia las partes y el juez no discuten el fondo del asunto sino que se ponen de acuerdo sobre qué van a discutir, es decir, cuál es el objeto del proceso. Yo quiero tener bien claro que el objeto del proceso es la compra del avión, sus antecedentes directos, las circunstancias que lo rodearon y su legalidad. Creo que es claro; si alguien tiene dudas, estamos dispuestos a disiparlas.
El procedimiento en una sesión de este tipo es por todos conocido –si no me equivoco, el señor ministro fue legislador–, pero igual lo voy a recordar. Estoy terminando mi presentación; luego, el señor ministro responderá; a continuación, se me dará nuevamente la palabra; seguidamente, el ministro volverá a hacer uso de la palabra, y luego se abrirá el debate. Finalizado el debate, tendré la posibilidad de hacer otra intervención, al igual que el señor ministro; acto seguido, se pasará a votar las mociones que lleguen a la mesa.
Auguro y espero una buena sesión de trabajo para aclarar el tema que nos convoca.
Paso a leer las preguntas.
1. ¿Al comprar aeronaves el Ministerio de Defensa Nacional, la Fuerza Aérea Uruguaya o la Armada Nacional, han exigido que tengan vigente el certificado de aeronavegabilidad expedido por la Dinacia? De ser afirmativa la respuesta, indicar cuándo ello ocurrió.
2. ¿Los aviones que hoy pertenecen a la Fuerza Aérea Uruguaya cuentan con el certificado de aeronavegabilidad expedido por la Dinacia?
3. Al redactar los pliegos de la licitación pública internacional n.º 020-2015, ¿la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa Nacional estaban en conocimiento de que el único avión del tipo que se solicitaba en la región era el Hawker Siddeley CX CIB, propiedad de Floridian S. A.?
4. ¿En qué plazo estima el Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Aérea que se obtiene el certificado de aeronavegabilidad expedido por la Dinacia?
5. Para obtener el certificado de aeronavegabilidad expedido por la Dinacia, ¿es necesario matricular la aeronave en nuestro país?
6. Al confeccionar los pliegos de la licitación antes mencionada, ¿el Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Aérea sabían que traer un avión para un vuelo de comprobación desde el hemisferio norte y retornarlo tenía un costo aproximado de USD 40.000, más los costos de alojamiento y viáticos de la tripulación?
7. Al adquirir el helicóptero Dauphin FAU 092, ¿el Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Aérea exigieron un vuelo de comprobación en nuestro país?
8. ¿Cuál fue el motivo para exigir como antigüedad máxima del avión a adquirir 40 años? ¿Por qué no se solicitó un máximo de horas de vuelo? ¿Por qué no se solicitó la fecha del último overhaulin?
9. ¿Están en conocimiento el Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Aérea que desde el año 2013 en el sitio especializado planelogger.com el avión Hawker CX CIB figura como de propiedad de la Fuerza Aérea Uruguaya y como habiendo dejado la flota de Floridian S.A.? ¿Conocen los motivos por lo que sucede esto? ¿Tomaron alguna medida para cambiarlo?
10. ¿El avión Hawker Siddeley CX CIB fue utilizado por el Poder Ejecutivo, el presidente de la república, el Ministerio de Defensa Nacional o cualquier otra autoridad con anterioridad a la adjudicación de la licitación a Floridian S.A. el mes pasado? En caso afirmativo, sírvase indicar por quiénes fue usado, en qué fechas y a qué título lo hicieron: arrendamiento, cesión, préstamo, etcétera.
11. En las ocasiones en que el avión fue utilizado por autoridades nacionales, ¿quién pagó el combustible, los servicios de tierra y los otros gastos en el extranjero? ¿Viajaron oficiales de nuestra Fuerza Aérea en dichos vuelos?
12. El avión Hawker CX CIB, ¿en algún momento fue guardado en el hangar de la Fuerza Aérea Uruguaya? ¿Ello sucedió en los años 2015 y 2016? ¿Y en el 2017?
13. Antes de intentar adquirir directamente la aeronave CX CIB y antes de realizar la licitación, ¿el Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya consultaron el mercado aeronáutico internacional y los precios por aeronaves similares? ¿Cuáles fueron las fuentes consultadas? ¿Cuál fue el resultado de tal consulta? ¿Quién la realizó?
14. ¿El señor ministro estimó el valor de una aeronave similar a la que se termina comprando cuando se intentó la compra directa? ¿Dónde se informó para estimar el monto del avión en ese momento?
15. Al resolver primero la compra directa del Hawker CX CIB y luego la licitación 020-2015, ¿conocían el Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Aérea la decisión de Beechcraft Hawker de interrumpir la construcción de este modelo, de no retomar su construcción y desmantelar la fábrica?
16. ¿Existen otras aeronaves Hawker Siddeley en el país?
17. Al momento de intentar la compra directa del Hawker CX CIB, ¿el Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Aérea averiguaron el valor en el que Floridian S.A. –empresa del señor Carlos Bustin– lo había adquirido? ¿En qué año fue adquirida la aeronave por Floridian S.A. y cuál fue el valor que Floridian S.A. abonó?
18. ¿El Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Aérea intentaron la compra directa del avión Hawker CX CIB en los años 2012 y 2013? ¿El expresidente Mujica desistió de dicha compra cuando se le llevó la resolución para su firma?
19. ¿Están en conocimiento el señor ministro y la Fuerza Aérea de que el 2 de marzo de 2015 el señor Carlos Bustin por Floridian S.A. expresó conocer que el Poder Ejecutivo tenía interés en adquirir un avión del tipo del Hawker CX CIB y ofreció el de su propiedad por nota?
20. En caso afirmativo, ¿el Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Aérea realizaron estudios y evaluaciones, informes escritos, sobre la conveniencia y el interés en una aeronave de este tipo? En caso afirmativo, ¿quién o quiénes hicieron estos informes y en qué fecha?
21. Al intentar la compra directa del avión CX CIB primero, y realizar la licitación internacional 020-2015 después, ¿el Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Aérea consultaron a la Unasev, al Ministerio de Salud Pública o a ASSE? En caso afirmativo, ¿existen informes escritos de estos organismos recomendando la compra de un avión de este tipo? ¿Quién o quiénes los firmaron? ¿En qué fechas?
22. ¿Qué aeropuertos de nuestro país cuentan con pistas de más de 2000 metros? ¿Cuáles cuentan con pistas de más de 1600 metros?
23. ¿Cuáles fueron los motivos por los que el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Aérea desistieron en 2013 de adquirir directamente el avión Hawker CX CIB y en su lugar adquirieron el helicóptero Dauphin FAU 092?
24. ¿Cuántos vuelos de traslado sanitario ha realizado en los últimos dos años el helicóptero FAU 092? ¿El FAU 091 se encuentra operativo?
25. ¿Evaluó el Ministerio de Defensa Nacional o la Fuerza Aérea utilizar el avión perteneciente a Alur CX LUR para traslados en el país como los que se prevé realizar en el Hawker CX CIB?
Estas son las preguntas. Aguardamos las respuestas del señor ministro.
Muchas gracias.
SEÑOR BORDABERRY.- ¿En qué año?
SEÑOR BORDABERRY.- Muchas gracias.
SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señor ministro?
SEÑOR BORDABERRY.- ¿El señor ministro dijo que la búsqueda se hizo en Uruguay y en el mundo?
SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señor ministro?
SEÑOR BORDABERRY.- La Dinacia, ¿es la responsable de la navegación aérea civil o militar en el Uruguay?
SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?
SEÑOR BORDABERRY.- Trato de ayudar, señora presidenta, porque estoy siguiendo la exposición del señor ministro.
Acaba de referirse al proceso por el cual se obtiene el certificado de aeronavegabilidad y dijo que la aeronave también debe estar matriculada. Por lo tanto, tal vez puede responder las preguntas cuatro y cinco, y así ya vamos avanzando. Es un tema que alude a esas preguntas y solo faltaría un pequeño detalle.
SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción?
SEÑOR BORDABERRY.- ¿El dato del largo de la camilla es correcto? ¿Es 1,83 metros?
SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para una cuestión de orden, señora presidenta.
SEÑOR BORDABERRY.- Solicito un cuarto intermedio de diez minutos a fin de ajustar la presentación de PowerPoint que realizaré a continuación.
SEÑOR BORDABERRY.- Antes que nada quiero agradecer al señor comandante en jefe de la Fuerza Aérea por sus explicaciones y al señor ministro por sus respuestas.
Voy a hacer un par de anotaciones antes de pasar a una pequeña presentación.
Se ha hecho referencia y se ha hablado mucho de declaraciones públicas, de contestar cosas que se han dicho en la prensa y no sé cuántas cosas más. Creo que por suerte en el Uruguay se puede hablar libremente y es bueno que así sea, pero me parece que lo más importante son las respuestas que se dan en el Parlamento. Se habló de dignidad, y hay que recordar que dignidad también es venir al Parlamento a dar explicaciones cuando se piden respuestas.
Tengo la versión taquigráfica de cuando el señor ministro concurrió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el 18 de agosto de 2016, y las preguntas que le hice. Paso a leer: «¿Cuáles son las prioridades de compra de equipamiento aéreo para este año?» Ante esa consulta, contesta el ministro: «No puedo decirle si las compras que estamos previendo se realizarán o no este año». Reformulo la pregunta: «¿Cuáles son las previsiones de compras en las que el Ministerio está trabajando para este año, el que viene, etcétera»?. El señor ministro responde: «Estamos trabajando en la compra de tres plataformas marítimas, con helicópteros a bordo». «Por otro lado, desde el punto de vista aéreo, estamos pensando en una sección de aviones que permita tener las posibilidades de entrenamiento y, en paralelo, la capacidad de defensa». Esa fue la segunda vez. La tercera vez le dijimos: «Cuando estuvo en la Presidencia de la República, le preguntamos por el avión presidencial y nos dijo que en realidad no lo estaba comprando la Presidencia sino el Ministerio de Defensa Nacional. Quisiera saber si esto va en el presupuesto de este año o en el del año que viene y en qué situación está». La respuesta del ministro fue: «No conozco ninguna compra de avión presidencial. Lo que sí conozco es otro proyecto que tiene que ver con la posible adquisición de un avión multipropósito, que es otra cosa totalmente diferente. Un avión multipropósito implica viajes ejecutivos –no presidenciales–, traslados aeromédicos en el país». Y más adelante continúa: «Pero se evaluará. El presidente no nos ha dicho que lo compremos». Eso fue en agosto de 2016. La licitación se había abierto en marzo de 2016, es decir, varios meses antes. Ya se había recibido la oferta de Floridian S.A., y por tercera vez el ministro nos estaba diciendo que el presidente no le había dicho que lo compraran. Dijo que en el ministerio se estaba trabajando en el tema como un elemento que pudiera servir al Estado. Fíjense en las respuestas que nos dieron cuando en realidad iban avanzando en el procedimiento de compra ya que la licitación había sido publicada y las ofertas recibidas.
Es obvio que cuando pasan estas cosas uno entra a investigar más profundamente. Es más: después le señalamos al señor ministro que teníamos la licitación de marzo, y entonces dijo que la licitación era pública. Nos expresó lo siguiente: «en ese pliego licitatorio intervinieron distintos organismos. Yo no sé cómo piensa la gente que elaboró este pliego, de qué partido es, a qué pertenece. Fueron organismos técnicos, jurídicos de la Fuerza Aérea, de financiero contable, que trabajaron libremente para realizar un pliego licitatorio que públicamente dio la posibilidad para que distintos oferentes presentaran sus ofertas». Es decir que la cuarta vez que le preguntamos nos respondió.
Después el ministro volvió en noviembre. Esa vez fue citado por el señor senador Javier García. El senador le pregunta: «¿El gobierno insiste con la compra del avión presidencial anunciada en su momento? De ser afirmativa la respuesta, ¿en qué etapa está el proceso y a quién se le compra?» «En algún momento el gobierno uruguayo recibió una carta de ese empresario ofreciendo el avión? La respuesta del ministro fue: «No conozco si el gobierno insiste en la compra porque a nivel del Ministerio de Defensa Nacional no hemos recibido carta ni nota alguna». Hoy nos dijo que la Fuerza Aérea la había recibido y hace unos meses nos decía que no había recibido nada. Dignidad es contestarle al Parlamento con la verdad. Dignidad es no ocultar como nos ha ocultado. Nos ponemos muy contentos de que finalmente haya venido a contestar y haya reconocido. No es que lo negó hace dos años; nos lo negó hace tres meses, y no una sino muchas veces. Quizá podríamos haber evitado esta sesión si hubiera respondido cuando lo citamos durante el tratamiento de la rendición de cuentas.
Pienso que en algunas de las respuestas que ha dado el señor ministro ha incurrido en contradicciones con sus propias declaraciones públicas, pero contradicciones groseras.
Dijo que este ministro no estimó el valor del avión. Yo lo vi en Dolores, cuando pasó lo del tornado, haciendo declaraciones y diciendo que estimaba que el valor del avión era de USD 15:000.000. Esas declaraciones salieron en la televisión y en los portales. Me parece que antes de hablar de dignidad y de las declaraciones de otros habría que mirar un poco la viga en el ojo propio y no tanto la paja en el ajeno.
Dicho esto, voy a tratar de convencer a los señores legisladores de todos los partidos políticos de que la compra del avión es ilegal. Sé que es difícil, que están las posiciones partidarias, pero por un minuto les pido un poco de comprensión. Voy a tratar de conmoverlos con argumentos que creo que son sólidos.
Lo primero que voy a hacer es citar la norma. El artículo 49 del Tocaf dice: «La comprobación de que en un llamado a licitación se hubieren formulado especificaciones o incluido cláusulas cuyo cumplimiento sólo sea factible para determinada persona o entidad, de manera que el llamado esté dirigido a favorecer situaciones particulares, dará lugar a su anulación inmediata en el estado de trámite que se encuentre, y a la iniciación, también inmediata, del sumario pertinente para determinar los responsables». Voy a tratar de mostrarles a los señores legisladores que en esta licitación se formularon especificaciones, se incluyeron cláusulas cuyo cumplimiento solo era factible para determinada persona o entidad. Y voy a tratar de probarlo no solo con hechos concretos sino también a partir de lo que son los principios generales, porque el Tocaf obliga al administrador público a facilitar la presentación de la mayor cantidad de oferentes –la regla es la amplitud; la excepción es que se limite la concurrencia–; a que se respeten los principios de igualdad; a que se procure siempre la concurrencia de muchas ofertas, y a que se rija por los principios de transparencia.
Ahora sí nos podemos hacer esta pregunta: ¿el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Defensa Nacional, incluyó en la licitación especificaciones o cláusulas cuyo cumplimiento solo era factible para una persona o entidad? ¿En la licitación había cláusulas que solamente podía cumplir Floridian con el avión que ganó? Sí; esa entidad era Floridian, que además le pertenecía a un amigo de un asesor –creo que el más cercano– del propio presidente de la república.
Otra pregunta que me hago es: ¿el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Defensa Nacional, anuló la licitación cuando el Tribunal de Cuentas de la república advirtió que había una cláusula destinada a favorecer a un participante de la licitación? ¿Inició inmediatamente un sumario, tal como establece la ley, para determinar quiénes eran los responsables? No; no lo hizo.
Ahora bien: ¿cuáles fueron esas cláusulas ilegales destinadas a favorecer la compra de un avión presidencial a un amigo del principal asesor del presidente de la república? Fueron varias, las voy a citar –porque esta no es una cuestión para hablar en el aire–, y pido a los señores legisladores que las analicemos juntos. La primera cláusula ilegal tiene que ver con el otorgamiento de un beneficio del 20 % al oferente que tuviera el certificado de aeronavegabilidad de la Dinacia vigente, por el numeral 11, ítem 1. El Ministerio de Defensa Nacional –lo reconoció aquí el señor ministro– sabía que un solo avión en el mundo tenía vigente ese certificado –que lo tenga vigente no quiere decir que otro no lo pueda obtener–, y puso una ventaja de 20 % para el oferente que tenía ese certificado. Como también se respondió hoy aquí, el Ministerio no exigió ese requisito en otras licitaciones. ¿Por qué? Porque, tal como el señor ministro expresó, las aeronaves militares no necesitan un certificado de aeronavegabilidad expedido por la Dinacia. O sea que cuando la Fuerza Aérea compró este avión, no necesitaba el certificado de la Dinacia porque la Dinacia –Dirección Nacional de Aviación Civil– regula, controla y emite certificados a la aviación civil, no a la aviación militar. Se lo preguntamos al señor Ministro y lo reconoció al inicio de su exposición. Por lo tanto, le estaban dando un 20 % de ventaja a un certificado que no se necesitaba.
Otro certificado de aeronavegabilidad que se exigía en el pliego como requisito de admisibilidad, era el de la OACI, el de otro país. Si no se tenía ese certificado, no se podía presentar. Pero además de ese certificado, se pedía el de Uruguay, por el que les daban una ventaja. ¿Qué es lo que se dice, equivocadamente? Que en realidad este no es un requisito de admisibilidad, sino que se puntuaba. Es así, pero en la forma en la que se hacía, se le otorgaba a este avión, frente a otros, una ventaja indescontable. Es decir que se puso como beneficio del avión algo que la Fuerza Aérea no necesitaba.
Además –y también se reconoció aquí–, el proceso para lograr el certificado de aeronavegabilidad de la Dinacia impedía que se presentara alguien de afuera, y no solamente por el tiempo. Yo entré a la página web de la Dinacia y, ¿saben qué dice? Que para obtener el certificado hay que matricular el avión en el Uruguay. O sea que si un oferente tiene un avión en el exterior con el certificado vigente de aquel país y matriculado en aquel país y se quiere presentar a una licitación aquí, tiene que dar de baja aquella matrícula, traerlo al país para presentarse, matricularlo, sacar el certificado aun cuando pierde la matrícula original, y si luego pierde, debe ir a conseguir nuevamente la misma matrícula. Es como si para comprar automóviles en una licitación, se exigiera que todos los que se presenten estén matriculados, incluso los que no se sabe si se van a comprar. ¡Es una locura! Obviamente que esto espanta al primero que pasa por la puerta.
Entonces, ¡ubiquémonos! Los uruguayos nos sentimos los reyes de la transparencia –y es así–, y sentimos que tenemos una cantidad de cosas a favor en el país, pero no nos olvidemos de que estamos en la región más corrupta del mundo. Una persona de Estados Unidos sabe poco de Uruguay –es Sudamérica–, y si encima se empieza a encontrar con estas cosas, no viene; no va a perder el tiempo en vender un avión en USD 350.000, USD 400.000 o USD 500.000, si le empiezan a poner todas estas trabas.
Hay una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo –un caso bastante reciente– que dice que las cláusulas en las licitaciones siempre deben orientarse a favorecer la comparecencia de la mayor cantidad posible de concursantes a fin de elegir entre ellos el mejor, y que las cláusulas limitativas deben ser excepcionales. La que perdió este juicio fue la Presidencia de la República.
Vamos a ver cuál era el efecto práctico de esta cláusula de 20 % de ventaja. Supongamos que en la oferta A el precio de la aeronave, sin la certificación de la Dinacia, era de USD 300.000. Y supongamos que la oferta B, con la certificación de Dinacia, era de USD 890.000. Tomemos ese precio que dijo el ministro; para mí era de USD 1:100.000, pero no importa. A la oferta A le damos un 30 % por el precio, y por la certificación de la Dinacia, como no la tiene, cero. El total es de 30 %. La oferta B, como está ofreciendo USD 890.000, le damos un 10,1 % y, por tener la certificación de la Dinacia, un 20 %. Le gana. La oferta de USD 890.000 le gana a la de USD 300.000. O sea que, en los hechos, la cláusula del 20 % representa USD 600.000 de ventaja. ¿Cómo quieren que alguien que está en Estados Unidos o en cualquier país piense en trasladar un avión por USD 40.000 y encima empezar un proceso de licitación con USD 600.000 de atrás? Salen corriendo.
La segunda cláusula ilegal es complementaria de la primera, porque se puso un plazo de sesenta días para presentar la oferta prevista en la licitación. El Ministerio de Defensa Nacional sabía que había un solo avión que tenía el certificado, y también sabía –porque así lo reconoció el señor ministro por escrito al Tribunal de Cuentas– que había un plazo mínimo de noventa días de llamado a licitación, pero igualmente se puso un plazo de sesenta días. Es decir que si pese a todo esto el que estaba en el exterior decidía traer el avión, matricularlo y sacarle el certificado de aeronavegabilidad, igualmente no tenía posibilidades porque le habían fijado un plazo de sesenta días a la licitación y obtener el certificado lleva noventa días. En realidad, lleva mucho más; si no me creen, pregúntenle a los de Alas Uruguay que estaban ayer aquí. Se ha dicho que en base a la cláusula cuatro, existía la posibilidad de pedir una prórroga. Creo que no hay que pedir prórroga; si se le da valor a un certificado de aeronavegabilidad que obtenerlo lleva como mínimo noventa días, no se debería fijar un plazo de sesenta días. Pero además dice que el Ministerio de Defensa Nacional «podrá» darle plazo o no.
Creo que estas dos primeras cláusulas están destinadas, claramente, a favorecer a ese avión, y acá se reconoció. Hay que decirlo claramente: el ministro reconoció lo relacionado con los noventa días, y sabían que era el único avión que tenía el certificado de aeronavegabilidad.
Tercera cláusula ilegal: obligación de tener el avión a disposición por ocho días para un vuelo de comprobación a los pocos días de la apertura de las ofertas y antes de la adjudicación. Esto también se reconoció –lo preguntamos– y, además del proceso de compra directa, surgía que el único avión de este tipo que había en la región era el que querían comprar. Y no solo en la región, porque la gente de Aero Baires dijo que era el único avión de este tipo que había en Paraguay, Uruguay y Argentina. Entonces, reitero: sabían que el único avión que había era este. Normalmente –y así se hizo cuando se compró el helicóptero Dauphin– se va a hacer el vuelo de comprobación allá, o se hace uno de verificación. Es lo lógico. ¿Qué sucede? Según se informó al Tribunal de Cuentas y también se reconoció hoy acá, traer un avión del hemisferio norte cuesta, por lo menos, USD 40.000, más costo de tripulación y viáticos, costo que no tenía el que estaba dentro del hangar de la Fuerza Aérea. Pero de eso vamos a hablar después. Además, ya había viajado algún oficial de la Fuerza Aérea en ese avión. Lo reconoció el ministro: sabían que era el único avión que había acá, que el costo de traer otro era de USD 40.000 o más y pusieron una cláusula por la cual a los tres o cuatro días de abierta la licitación el avión tenía que estar a disposición aquí por ocho días.
Imagínense a alguien que quiera vender un avión y esté en Estados Unidos: corre con la desventaja de los USD 600.000, tiene que matricularlo y sacar el certificado si quiere competir, pero no lo va a hacer. Además, tiene que poner USD 40.000 o USD 50.000 para venir a ofertar un avión de USD 1:000.000. O sea que al 20 % que se otorga por el certificado y a los 60 días de plazo para tramitarlo –que ya constituyen ventajas– se suma que el oferente que no ofertara el avión de Floridian tenía que poner USD 40.000 o USD 50.000 y Floridian no.
Escuché acá un concepto que me cuesta creer que se haya afirmado: que no exigir que el avión tiene que estar acá violaba el principio de igualdad hacia el que sí lo estaba. Ese es un concepto jurídicamente poco entendible y, además, supone una confesión y un reconocimiento de que querían favorecer al avión que estaba acá. Ese argumento es el reconocimiento de lo que estaban haciendo. El principio de igualdad es que se revisa el avión donde esté, y si quieren se pone de costo el traslado de las personas, pero no se exige que lo deben traer acá. Es un principio básico del Derecho.
Cuando se contestó la pregunta 7, en la que preguntábamos por el helicóptero 092 Dauphin, resulta que, en realidad, se contestó mal. Luego se verá en la versión taquigráfica. Se dijo que sí, y después se dijo que no pero, en definitiva, la pregunta era si se había traído el helicóptero al Uruguay para ese vuelo de comprobación, y primero dijeron que sí, y después que no. Se dijo que habían ido al exterior para hacer la comprobación y habían hecho la verificación acá. Hace dos años y medio compraron otra plataforma aérea y aplicaron un criterio distinto, pero para este caso lo cambiaron. Incluso, se ha citado –lo tengo acá porque es algo público– que un tercero preguntó si era así, si había que traerlo sí o sí, y la respuesta fue contundente: le dijeron que sí, que el avión tenía que estar acá y punto, imperativamente. Además, el vuelo de comprobación ya se había hecho: lo había hecho el presidente de la república, y no una vez, sino tres. Es decir que también debemos situarnos en eso: un 20 % de ventaja, exigencia de matriculación, falta de plazo, USD 40.000 y, además, en el avión que presentaba la competencia ya andaban los presidentes del Uruguay. Si en Estados Unidos o en Europa ven esto nos dicen que somos una república bananera. ¿Qué visión van a tener con estas cláusulas? Allá abajo, Uruguay, Sudamérica. ¡Ah, no! ¿Con estas cláusulas?
Cuarta cláusula ilegal: el tope de antigüedad de 40 años para el avión; esta pregunta no la contestó el ministro. Cuando le hicimos la pregunta de la cantidad de horas y por qué el tope de antigüedad de 40 años para el avión, dijo que tenía un buen remanente de horas. Está bien, pero en la licitación se pone un máximo de años: 40. ¿Saben cuántos años de antigüedad tiene el avión que se compra? 38. Claro: haber puesto 38 quizás hubiera sido demasiado. Se puso 40 años. Está calzando justo.
Asimismo, se habló acá del remanente de horas, y está bueno hacerlo. También se habló de los aviones presidenciales y hasta se dijo que el presidente Macri se está comprando un avión; que está cambiando el Tango 01 que había comprado Menem y que estaba usando Cristina Fernández de Kirchner. ¿Miraron lo que está haciendo Macri? Le pidió asesoramiento a la OACI. ¿Y saben que es lo que le está exigiendo la OACI? No solamente antigüedad, sino también un máximo de horas. ¿Saben cuál es el máximo de horas que le dice la OACI que tiene que tener el avión para comprarlo, para que tenga un tiempo de vida útil bastante bueno? 7.000 horas. ¿Cuántas horas tiene este avión? 13.500. Casi el doble. No se pidió una cantidad de horas máximo porque la OACI recomienda 7.000, y este tiene 13.500. Otra casualidad. Se va a la antigüedad de 40 años y no a las horas.
También preguntamos si sabían cuándo se le había hecho el overhaulin, cuánto era el remanente, y no se nos contestó. Supongo que si se intentó comprarlo en el 2015, ya fueron dos años, y por ahí leí algún documento que se hablaba de seis años antes del próximo overhaulin. O sea que nos quedan cuatro. Y un overhaulin, según he averiguado, cuesta entre USD 300.000 y USD 450.000 o USD 500.000.
Quinta cláusula ilegal –esto es importante: no son una, dos ni tres, sino que ya vamos por la quinta que, en realidad, son dos que tienen el mismo motivo–: se estableció en el anexo C) de la licitación que algunos elementos que se exigían serían evaluados a criterio exclusivo de la Fuerza Aérea Uruguaya. ¡Fíjense la seguridad jurídica que le damos al que va a contratar con nosotros! Le decimos: «¡Preséntese!, pero alguna cosa la evalúo a mi exclusivo criterio». Esto es ilegal por donde se lo mire. Violenta un principio general del derecho. Además, no se puede dejar la interpretación de las cláusulas sujetas a la voluntad de una sola de las partes. El Estado, cuando hace una licitación, está contratando.
Encontré una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la n.º 132 del año 1996. «La licitación se transforma en doblemente restringida no solo por el número sino también porque se han tenido en cuenta los proponentes que el director conoce. No cabe duda alguna de que el acto administrativo carece de fundamentación, incurriéndose en desviación de poder en beneficio de aquellos que gozan del conocimiento personal». Ahora, ¿quién va a invertir USD 40.000 para traer un avión, sabiendo que corre con la desventaja de 600.000 y, además, que está sujeto a la evaluación y al criterio –que no se anuncia– en determinados ítems?
Pero a estas cláusulas que son bien claras, se agregan otras cosas. Hay un cúmulo de indicios y presunciones que se suman y confirman las ilegalidades ya señaladas. Junto con los elementos claros y contundentes, existen otros que confirman que este negocio fue ilegal y que creo está destinado a favorecer a una persona.
Las normas vigentes que rigen la interpretación y el análisis de estas conductas permiten sumar lo que en el Derecho se conoce como indicios. ¿Qué son los indicios? Son hechos probados de los cuales, por la regla de la experiencia, se deduce o presume que ocurrió determinada cosa. El Decreto 500/91 establece, como principio general de interpretación en esta contratación administrativa, la imparcialidad, la legalidad objetiva, la buena fe y, en su artículo 70, dice que los hechos relevantes para la decisión pueden acreditarse por cualquier medio de prueba no prohibido por la ley y que la valoración de la prueba se efectuará de conformidad con las normas del Código General del Proceso. ¿Y qué dicen los artículos 140 y 141 del Código General del Proceso, a que se remite el Tocaf? Son dos reglas básicas. En primer lugar, que las pruebas se tienen que apreciar racionalmente y en su conjunto. Se darán cuenta que si uno suma el 20% del certificado de aeronavegabilidad, los sesenta días que impiden llegar porque son noventa y la exigencia de traer el avión hasta aquí –que tiene un costo de USD 40.000–, el conjunto impacta. Pero además, el artículo 141 dice que para inferir del hecho conocido el hecho a probar, se aplicarán las reglas de la experiencia común. Quiere decir que acepta los indicios como forma de interpretar esto; es decir que pueden existir otros hechos conocidos, de los que resulta la misma conclusión del proceder contrario a las normas legales. ¿Cuáles son esos otros hechos que confirman el proceder ilícito a partir de indicios que se interpretan racionalmente? Ya vimos las cláusulas ilegales y ahora vamos a ver indicios que, analizados racionalmente y en su conjunto, nos llevan a la misma conclusión.
La primera es que el avión figura desde el año 2013 a nombre de la Fuerza Aérea, en el sitio de Internet Planelogger. La diapositiva que estamos exhibiendo no se ve muy bien, pero si entran en la web a Planelogger y ponen Hawker 700ACX CIB, les va a aparecer. Allí se dice que en el año 2013, «left fleet Floridian», es decir, abandonó la flota de Floridian, y respecto de la Fuerza Aérea Uruguaya, que se suma al fleet.
Como bien dijo el señor ministro, la propiedad no la da un portal de Internet; aquí tengo los certificados que pedí a los registros correspondientes y no voy ser un irresponsable al decir –por un lugar de Internet– que un avión se compra. Los certificados dicen que está a nombre de Floridian. Si dijeran otra cosa, ya estaba en el juzgado y no aquí; esa es la verdad. Sin embargo, no se contestó mi pregunta respecto a si sabían que desde el 2013 este avión figuraba a nombre de la Fuerza Aérea. De pronto no lo sabían, pero creo que esto se sabe desde principios del año pasado porque se ha escrito sobre este tema y se ha señalado –cuando se está llevando adelante una licitación– que en este sitio figura a nombre de la Fuerza Aérea. ¿La Fuerza Aérea no se comunicó? ¿El Ministerio de Defensa no dijo nada cuando se decía que el avión le pertenecía y eso no era así? Además –y esto es lo más importante–, ¿este sitio es de Horangel o de las señoras que adivinan el futuro? ¿Cómo puede ser que en el 2013 supieran que en el 2017 íbamos a comprar este avión?
Es un indicio fuerte; sé que no es contundente pero normalmente lo que figura en los portales lo es. Aquí hay un portal que en el año 2013 nos estaba diciendo lo que iba suceder en el 2017. Yo lo tomo como un indicio importante.
El segundo indicio es que el avión fue utilizado por el expresidente Mujica y por el presidente Vázquez en más de una ocasión y antes de la licitación. Esto ha sido reconocido por el señor ministro. El 30 de setiembre de 2012, el presidente Mujica se subió a este avión. A mí no me gustan mucho sus colores, por motivos políticos y futbolísticos pero, más allá de eso, supongo que ahora que va a ser de la Fuerza Aérea sacaremos algunos de esos colores. Lo cierto es que el expresidente Mujica se subió a ese avión y viajó a Lima. No es el único avión de empresarios amigos al que se subió el entonces presidente porque, como recordarán, viajaba en el de Fripur.
Muchos van a recordar este vuelo que se hizo en setiembre de 2012, porque aquí en el Uruguay estaba ocurriendo algo que tuvo una repercusión enorme y que fue comentado por el entonces presidente Mujica, a bordo de ese avión. Mientras viajaba en el avión de Floridian a Lima, Perú, se hacía el remate de los aviones de Pluna. En ese momento, en Montevideo, entre «el caballero de la derecha», López Mena, Fernando Lorenzo –el entonces ministro de Economía y Finanzas– y Calloia armaban la farsa aquella del remate de Cosmo. Y a bordo de ese avión, que ahora estamos comprando, el expresidente Mujica hizo declaraciones que después salieron en la prensa. Dijo que el remate de los aviones iba a durar dos minutos y que habría un solo oferente. ¡Otro que tenía la bola de cristal! Porque a no sé cuántos metros de altura, arriba de los Andes dijo: «En Montevideo va a pasar esto», ¡y pasó! Hubo un solo oferente. Todos sabemos cómo terminó eso: el caballero de la derecha no era de la derecha sino de otra cosa, y además era testaferro de López Mena, habían conseguido un aval trucho y terminaron procesados el ministro de Economía y Finanzas en funciones y el presidente del Banco de la República en funciones. Esto es una paradoja del destino, porque fíjense que esta afirmación casualmente se hizo a bordo de este avión que estamos comprando.
Eso no es todo. Al poco tiempo de asumir y cuando todavía no lo habíamos comprado y se estaba intentando hacerlo directamente o preparando la licitación, el presidente Vázquez se vuelve a subir a ese avión. ¡Vaya si este es un indicio importante! Estamos comprando algo que los presidentes ya estaban usando. Algún vínculo con el dueño del avión tenían que tener porque les permitía usarlo antes de comprarlo. Pregunté a qué título lo usaban pero el señor ministro dice que lo desconoce.
(Ocupa la presidencia la señora legisladora Tourné).
–Yo creo que no hay cenas gratis como no hay viajes de avión gratis.
Ahora nos enteramos que no solo fue a Lima sino que también viajó a Brasil y a Artigas. Tengo entendido que cuando fue a Artigas le pidieron al entonces presidente que viajara con poca gente, poca carga y poco combustible, por el riesgo que significaba aterrizar un avión de este tamaño en ese aeropuerto. Además, hay otro adivinador de futuro o prestidigitador. ¡Préstenme la bola de cristal porque me gustaría jugar a la quiniela o saber qué caballo ganará el domingo en Maroñas!
El anterior comandante en jefe de la Fuerza Aérea, en mayo de 2005, declaró a la prensa que Uruguay iba a comprar la aeronave a una empresa privada uruguaya, la que le proporcionaría entrenamiento de manejo y de mantenimiento a la FAU. Y que el presidente Vázquez ya lo había probado. ¡Otro que sabía que iba a existir una licitación y que existiría un único oferente que iba a ganar! Todos parecían saber lo que iba a pasar; por lo menos, es sospechoso. Es decir, antes de que se publicara la licitación, los presidentes de la república ya lo usaban y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea decía que iban a comprar ese avión. Ya sé: alguno dirá que en realidad les habían ofrecido el avión y aprovecharon para viajar en él. Muy bien. Como dijimos, los indicios se tienen que analizar en su conjunto, racionalmente, por lo que vayamos sumando. Sumemos que lo usaban, y todas las otras cosas. A su vez, un sitio web afirmaba que era del Estado. O sea, la apariencia pública era que nos pertenecía, lo usábamos y, además, en un sitio web se decía que era nuestro.
Y hay otro indicio muy fuerte, que se reconoció en el día de hoy: el avión lo guardaban en el hangar de la Fuerza Aérea. ¡No sé si me entienden! Lo usaban los presidentes –¡es increíble!–, figuraba en un sitio web como del Estado y lo guardaban en el hangar de la Fuerza Aérea. Es como si yo, que tengo una camioneta ahí afuera, dijera que no es mía aunque viniera todos los días en ella, la guardara en el garaje de mi casa, y resultara que en un sitio web se dijera que es mía. Es una presunción fuerte de que es mía.
Esto se suma a todo lo demás y a lo que está por venir.
Visto en perspectiva, en un análisis racional y de la prueba en conjunto, creo que esto es de una contundencia tremenda. Más allá de eso –no pido que lo digan–, coincidirán que ameritaba que se convocara al ministro para aclarar el tema. Si no nos contestó cuando lo citamos, si resulta que el avión lo usaban los presidentes y lo guardaban en el hangar de la Fuerza Aérea, creo que era razonable que invitáramos al ministro para que aclarara el tema. Y son razonables las dudas que se nos han generado. Pero hay más.
El precio que estamos pagando por el avión es más del doble de lo que vale. Estamos comprando un avión en USD 1:100.000, cuando se pueden conseguir aeronaves mucho más nuevas y con menos horas de vuelo por USD 350.000 o
USD 500.000.
Nos dice el ministro que no es por USD 1:100.000, sino USD 1:010.000. Está bien.
Si hacemos el ejercicio de investigar, veremos las ofertas que hay en Internet. Hay algunos aviones que son igual de lindos –lástima el color también–, por USD 495.000 o USD 350.000. De repente el dato de las horas de vuelo no está bien; quizás los pintaron y los lustraron para la foto, como los que venden autos. Está bien, pero busquemos más. Acá tenemos una aeronave del año 1982 –mucho más moderna que la que estamos comprando– por USD 575.000. Es el valor en Internet. Esto funciona así; es como las páginas de Mercado Libre o Wow. Ya la gente no lee El Día, ni va a los clasificados del pobre Gallito Luis porque acude a los portales de Internet.
Miren la cantidad de aviones que hay, y me cansé de buscar. Les podría mostrar veinte aeronaves más. Además, observen los precios que tienen.
Acá hay otro avión, de 1982 –más moderno que el que vamos a comprar–, con 8.600 horas de vuelo –el que vamos a comprar tiene 13.500 horas–, que vale
USD 545.000. Es decir que acá hay un indicio importante de ilegalidad, que es la consecuencia del accionar. Un avión del año 1977 o 1978, sale USD 235.000; hay otro por USD 300.000. ¡Vamo’ arriba!
Asimismo, a través del único tasador experto en materia aeronáutica en el Uruguay, el señor Diego Ravera –que además es docente–, existe una tasación de este avión. Su trabajo está fundado y tengo en mi poder la tasación que se publicó en Internet. ¿Saben en cuánto tasó a este avión? En USD 380.000. O sea, un tasador matriculado en el Uruguay está diciendo que vale eso.
Cuando analizamos el desgraciado tema de Pluna realicé diversas averiguaciones. Los exministros Lorenzo y Pintado nos trajeron un proyecto de ley que decía que el remate iba a tener una base de USD 139:000.000. En su momento pregunté por qué ponían esa base. El ministro me dijo: «Porque es lo que nos deben». Lo que vale el asunto no es lo que nos deben, porque son dos cosas distintas. A veces es más lo que vale y otras menos. Al respecto hice algunas averiguaciones y la gente que consulté me dijo que los aviones valían entre USD 75:000.000 y USD 80:000.000 Advertimos al exministro Lorenzo –quien se enojó– y al exministro Pintado –que se rio de nosotros– que valían entre USD 75:000.000 y USD 80:000.000, pero no porque lo supiéramos, sino porque habíamos realizado una investigación. Les dijimos que no pusieran esa base. Pues bien, pusieron esa base, compró Cosmo y después terminó todo como ya sabemos. Luego los aviones se remataron. ¿En cuánto? Entre USD 75:000.000 y USD 80:000.000.
Por otro lado, acá hay una sentencia, publicada también en el Anuario de Derecho Administrativo, que obliga a fundar especialmente como obligación legal y moral de la comisión asesora, por qué el Estado tiene que pagar sobreprecios no justificados siguiendo ciegamente el asesoramiento técnico de un director. Esta sentencia figura en el tomo 8 del Anuario de Derecho Administrativo.
Alguien podrá preguntar: si los aviones son tanto más baratos, ¿por qué no se presentaron? No lo hicieron por las cláusulas, porque estas daban una ventaja de
USD 600.000. A su vez, debían poner USD 40.000 y matricularlos en nuestro país para obtener la cláusula del 20%. La respuesta está en esas cláusulas iniciales, pero no es solo eso, sino que hay más, como el tema del modelo del avión y su casa matriz.
Hoy se reconoció que en el Uruguay hay otros aviones Hawker, y ubiqué dos de ellos. No sé si hay más. Este que ven aquí, en la diapositiva que se está exhibiendo, es el CX-CBS, que es el otro avión de Floridian. Las letras CBS quieren decir Carlos Bustin Sosa. Las letras CIB quieren decir Carlos Israel Bustin, que es el dueño de Floridian, de Autolider.
El de la foto fue ofrecido en esta licitación y creo que acertadamente la Fuerza Aérea dijo que no querían ese clavo. ¿En cuánto había comprado Floridian el avión anterior? En USD 580.000 en 2007, y hoy trató de vendérnoslo como repuesto en
USD 250.000. Estoy seguro de que si le ofrecen menos, lo vende también. Esto resulta de un certificado de registro que solicité. Es decir, si uno quiere saber en cuánto se compró un avión, no necesita moverse mucho porque pide el certificado en el registro y allí figura el valor. En el 2007 pagó la cifra que mencioné y ahora casi está dispuesto a meterlo en el paquete y entregarlo. Pero hay otro avión Hawker, como el de Floridian. Este está en Melilla, frente a Talleres Cal. Pregunté desde cuándo estaba ese avión allí y me dijeron que desde hacía ocho o nueve años. Pregunté también qué le había pasado, y me dijeron que lo habían traído, que iba a ser taxi aéreo y que había quedado esperando un repuesto que nunca llegó. Nunca llegaron los repuestos del Hawker, por cuanto quedó ahí, abandonado, y no pudo volar más.
O sea que aquí había que poner el foco. Si hay dos aviones abandonados que no sirven ni para repuestos, ¿por qué comprar?
Ahora nos venden este, el avión del Mercedes Benz, el del millón de dólares. ¿Y a cuánto compró este avión el señor Bustin? Lo compró en el año 2009 –tengo el certificado acá– por USD 1:250.000. ¡O sea que en 2009, hace ocho años, pagó casi el mismo precio que se pide hoy después de haberlo usado durante ocho años y después de que el avión es ocho años más antiguo! Realmente, un buen negocio, porque lo vende al doble de lo que vale. Además, es más viejo; cuando lo compró tenía 30 años, no 38.
Hay otra cosa: el señor Bustin también es vendedor de autos –no me quiero pelear con Ascoma ni con los vendedores de autos, ni ninguna cosa que se le parezca–, y todos sabemos que los vendedores de autos son complicados. Ahora bien, los vendedores de autos usados, señora presidenta…¡agárrese de las manos! Cuando alguien va a comprar un auto, el vendedor le dice «Solo tuvo dos dueños. Uno de ellos lo llevaba hasta la esquina y volvía; casi no lo usaba». Y el vendedor de autos nos está vendiendo un avión por el mismo precio por el que lo compró hace ocho años. Se lo quiso vender al expresidente Mujica hace tres años; lo intentó, aunque el ministro de Defensa Nacional manifestó desconocerlo. ¿Y saben a cuánto? –y casi lo compramos–: dos millones y medio. ¡Qué jugador, eh! ¡Qué jugador!
Lo había comprado en 2009 en USD 1:250.000 y estuvimos a punto de comprarlo directamente, en 2013, en dos millones y medio. ¡No! No lo compramos, pero no por objeción por el precio. Acá se nos dijo que no sabían por qué no lo había comprado; que no les constaba. Es cierto. La Fuerza Aérea Uruguaya emitió un comunicado en 2013 diciendo que no avalaba o que no había sido consultada por la compra de este avión. Lo dijo públicamente.
¿Saben qué quiere decir hawker en inglés? Vendedor ambulante. ¡Qué paradoja del destino todo esto!
¿Y por qué no quiere seguir usando este avión el señor Bustin? ¿Por qué nos lo quiere vender? ¿Por qué se lo quiere sacar de arriba, si es tan bueno y maravilloso? Me pueden decir: «Se compró otro». Es cierto, se compró otro; dicen que un dassault falcon espectacular. Está bien. Uno siempre quiere progresar. Cuando uno tiene un auto quiere progresar y comprar otro mejor. Se dan ese tipo de situaciones. Pero uno también se plantea, cuando va a comprar otro auto, qué hace con el que tiene. Es así.
Intentó venderle el avión al presidente Mujica y este dijo que no. ¿Saben por qué dijo que no lo iba a comprar? Porque le parecía que los presidentes uruguayos tenían que seguir viajando en aviones de línea como lo han hecho siempre. ¿Saben por qué más? Porque no había que invertir en aviones –dijo el hoy senador Mujica– para trasladar al presidente de la república, sino que había que invertir el dinero en un helicóptero para trasladar ciudadanos uruguayos.
Como bien dijo el ministro, es más importante salvar una vida aunque solo sea una; no hay que medirlo en cantidad. ¡Lástima que el señor ministro no estuvo el otro día, cuando el legislador Lema interpeló al ministro de Salud Pública! En esa oportunidad, cuando el legislador Lema le reclamó el IMAE en Salto, el Ministro de Salud respondió que no, que había demasiada capacidad ociosa en Montevideo, que el costo era demasiado grande para abrir uno en el interior. ¡Ah! ¡Doble discurso! Para abrir un IMAE, con el cual no vamos a tener que trasladar a nadie, la plata es mucha. Para comprarnos un avión presidencial resulta que no hay problema.
Entonces, ¿por qué este señor quiere sacarse este avión de arriba? Cuando uno pasa frente a la base aérea por avenida de Las Américas, donde está la rotonda –nosotros vivimos por ahí–, luego de pasar por el viejo aeropuerto y tomar a la derecha, en dirección al aeropuerto actual, a mano izquierda, ¿qué se ve, además de los edificios de la Fuerza Aérea? Se ven viejos aviones, muy lindos, estacionados. Y uno se pregunta: ¿por qué no vuelan esos aviones? La respuesta es que son antiguos, que no hay repuestos, que no vale la pena, que es costoso, etcétera. Sin embargo, cuando paso por Melilla veo aquel avión, y cuando voy por Carrasco veo el otro. Esos aviones están ahí y no pueden volar por obsoletos.
El Ministerio de Defensa Nacional sabe –hoy lo dijo aquí– que se debe considerar otra cosa: estos aviones ya no se fabrican más.
Se dijo que este era un modelo que en el año 1962 o 1963 empezó con la firma de De Havilland –que no logró hacerlo volar–, después pasó a Hawker, luego a British Aerospace –todas se iban fundiendo–, y luego esta última se lo pasó a Hawker Beechcraft. Y en 2012 –fíjense en este detalle temporal porque en el análisis de los temas hay que poner la hora también–, ¿qué pasa? Hawker Beechcraft dice que no va a fabricar más ese avión. Hay 1600 en el mundo y 600 que ya no vuelan. Repito: anunciaron que no lo iban a fabricar más. Y no solamente dice eso, sino que también asegura que no retomará la fabricación y, además, que desmantelará la fábrica. Es un comunicado público al que cualquiera puede acceder. Por supuesto, los especialistas saben de esto más que yo. Incluso está en las revistas de aeronáutica.
¿Y qué pasa en Uruguay con el dueño de un avión HS 700 CX–CIB, que sigue el tema, que se encuentra con que la empresa que lo fabricaba no lo hará más? Y no solamente eso: se entera de que se va a desarmar la fábrica y a vender por partes. ¿Qué dice entonces el vendedor de autos? ¡Ah, me cambio de avión rápidamente! ¡Me cambio de marca rápidamente porque esto no va a caminar! ¿Y qué hace en 2012? Lo invita al presidente Mujica a usar el avión, a probarlo. Luego le pide dos millones y medio de dólares. Suerte que Mujica no entró y suerte que la Fuerza Aérea de aquel entonces hizo la advertencia de que no había sido consultada. Pero esta persona insistió y ahora nos lo clava.
Dicen que se van a seguir fabricando repuestos. La información que tengo no es esa, pero la voy a chequear porque de pronto es así. Creo que si la fabricación de los aviones se ha discontinuado, no se fabricarán repuestos por mucho tiempo. Es más: el actual subsecretario –exlegislador y compañero de la Cámara, Daniel Montiel–, cuando se le dijo que no había más repuestos, reconoció en una entrevista pública que en realidad estaban comprando un segundo avión para desguace. Esas fueron sus declaraciones. Después no se compró el avión.
¿Saben qué nos estamos comprando? Hoy nos estamos comprando un 11 Ligero. Y ya no se fabrican más ni el 11 Ligero ni los repuestos. Todavía no es un 11 Ligero pero dentro de muy poco lo será. ¿Se acuerdan del 11 Ligero? De joven tenía el sueño de tener un 11 Ligero. Recuerdo que tenía la palanca de cambios arriba.
(Dialogados).
– ¡Eran unos autos bárbaros! Pero ya no compramos para ambulancia un 11 Ligero, ¿no?
Quiero recordar que cuando surgió este tema, el propio señor senador Mujica dijo, ante la Comisión de Presupuesto, que sabía que el avión era de un empresario uruguayo. ¡Claro que lo conocía! Pero también aclaró que no estaba de acuerdo con que Uruguay tuviera un avión presidencial. Sin embargo, después de que Mujica dijera que no y se fuera el 28 de febrero, el 1.º de marzo asumió el doctor Tabaré Vázquez y el 2 de marzo estaba Bustin con su notita, –peinado como buen escolar–, para que le comprasen el avión. Pero el Tribunal de Cuentas no lo dejó y ahora se sale con la suya mediante una licitación con cláusulas que, a mi juicio, descartan posibles competidores.
¿Quién es este señor Bustin, que sabe tanto sobre el Gobierno y lo que quiere, al extremo de que lo sabe el 2 de marzo?
Según surge de páginas especializadas, de información de negocios y de información publicada en prensa, Floridian S.A. es una sociedad que pertenece al señor Carlos Bustin, propietario a su vez de Autolider Uruguay S.A., representante automotor de Mercedes Benz en Uruguay. Ese es un negocio lícito, floreciente; es bueno que lo lleve adelante y que haya elegido a Uruguay para hacerlo. El mismo señor Bustin, en más de una declaración, reconoció la propiedad del avión. Es más, ya que estamos preocupados por las declaraciones de prensa, es bueno saber que hasta amenazó al semanario Búsqueda con quitarle publicidad si daba información sobre el tema.
¿Quién es el principal cliente –el número uno– de Autolider Uruguay S.A. – Mercedes Benz en Uruguay? ¿Alguien que se compra un Mercedes Benz? No. ¿Quién es? ¿Radio Taxi Patronal? Tampoco. Ellos no usan más aquellos viejos Mercedes Benz, aunque eran mucho más lindos. El principal cliente de Autolider Uruguay S.A. es Cutcsa. Y, ¿quién es el presidente de Cutcsa? Notoriamente, lo es el señor Salgado, quien está al lado del señor presidente. El señor Salgado fue una persona muy activa en la última campaña presidencial. Recuerdo que en la instancia del balotaje no paró de llamar a diputados colorados para que fueran a reunirse con Tabaré Vázquez, y logró que un par de ellos fueran, ¡con gran dolor de quien habla!
Además de eso, le suministró al entonces candidato Vázquez ómnibus de Cutcsa para los actos y le acondicionó especialmente un bus Mercedes Benz para que hiciera su campaña. Es más, ambos han declarado su amistad públicamente.
¿Qué hizo el presidente Vázquez durante esos primeros días de marzo, además de recibir la nota de Bustin? Nombró a Salgado asesor honorario en logística del presidente, desde donde ha tenido una participación muy activa. Algunos señores legisladores –en especial el señor legislador De León, porque creo que se hizo referencia a él públicamente– recordarán que fue muy duro con el presidente de la Cámara de Senadores y de la Asamblea General, señor Sendic –en oportunidad de llevarse a cabo la investigación sobre Ancap–, a quien acusó de que no estudiaba, que no entendía y no sé cuántas cosas más. Es decir que el asesor en logística del presidente de la república criticó de manera muy dura, y públicamente, al vicepresidente de la república, señor Sendic. Aclaro que yo no tengo por qué defender a Sendic; él sabe defenderse solo, pero lo acusó de que no estudiaba, que no sabía y no sé cuántas cosas más. Lo mismo hizo al tiempo con el actual intendente de Montevideo, ingeniero Daniel Martínez. El presidente Vázquez lo ha definido a Salgado como «mi amigo».
Si uno consulta la página oficial de Cutcsa se encontrará con que durante la presidencia del señor Salgado, esta empresa cambió los viejos Leyland. ¡Otra linda cosa que tenía el Uruguay! ¿Recuerdan aquellos viejos Leyland en los que se subía por atrás; uno corría y daba la vuelta? La gente joven –como algunos señores legisladores aquí presentes– no se va a acordar, pero seguramente el señor legislador Groba sí lo haga. ¡Uno iba casi al aire libre en la plataforma trasera de esos Leyland tan lindos! Bueno, los cambió todos. El señor legislador Lema se ríe porque, seguramente, no los conoció.
(Dialogados).
–En 2008, 2009 y 2011 cambió de a doscientos o trescientos ómnibus por año. ¡Eso es un buen cliente! De los 1.090 buses que hoy tiene Cutcsa –según su página oficial– resulta que hay 950 que son Mercedes Benz. O sea que hay un vínculo comercial muy fuerte entre las dos empresas, porque tiene 950 buses del principal proveedor.
Es más, varios testigos dijeron que vieron a Bustin, a Salgado y a varios más, junto con algunos jerarcas del Ministerio de Economía y Finanzas navegando por las aguas azules de la bahía de Maldonado, en Punta del Este, en Isla Gorriti, lo que me parece muy bien. ¡Es muy bueno que todos disfrutemos de los principales atractivos turísticos que tiene el Uruguay, como es Punta del Este! Es bueno que así sea y que estos señores, como el asesor honorario, el presidente de Cutcsa y algunos jerarcas del Ministerio de Economía y Finanzas naveguen por esas azules aguas, mientras nosotros estamos aquí, trabajando en la Comisión Permanente. O sea que esto es un indicio; el asesor en logística tiene una vinculación muy cercana con quien vende el avión.
Lo que pasó con el procedimiento también fue muy claro. El 2 de marzo se presentó la nota y a los cincuenta días estaba en la órbita del Tribunal de Cuentas para ser intervenido.
Y llegamos a algo sobre lo que dudé si hablar. Vamos a decir la verdad: una imagen vale más que mil palabras.
Señora presidenta: miro esta imagen y me dan ganas de enfermarme para ver si me trasladan. Aquí se ve el actual avión. ¡Hasta una flor tiene! ¿Qué estarán sirviendo? ¿El desayuno o el té? Resulta que esto que estamos viendo es una ambulancia. ¡Una ambulancia estamos viendo! Le pido al señor legislador Lema que interpele nuevamente al señor ministro de Salud Pública. Si estas son las ambulancias que se proponen, ¿en qué nos están trasladando hoy? Una imagen vale por mil palabras.
¿Tengo que agregar algo más, en cuanto a que esto no es un avión sanitario? ¡Mírenlo! ¡Miren el avión sanitario!
Creo que este intento de querer justificar al avión como multipropósito y sanitario, no hace más que poner de relieve la debilidad existente. En primer lugar, porque no es un avión apropiado para estas cosas –¡está claro!– ya que, como dijo el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, a plena carga puede aterrizar en cuatro aeropuertos: Rivera, Santa Bernardina, Carrasco y Maldonado. Saquemos Maldonado porque tenemos la ruta interbalnearia con doble vía y, por tanto, no se va a trasladar en avión un enfermo de Maldonado a Montevideo. Entonces, ¿qué nos queda? Santa Bernardina, a 183 kilómetros y Rivera hasta por ahí nomás, porque el dato que tengo es que se necesitan 2.000 metros para esto. Dicen que es para fines sanitarios por lo que, evidentemente, comenzarán a sacar cosas. Pero ahí vienen mis dudas.
La imagen que está en pantalla es un plano del avión, pero pasemos a la siguiente, que facilita la comprensión. Hay un problema grave con este avión que, además, no aterriza con su plena carga más que en cuatro aeropuertos de Uruguay, de los cuales dos son Maldonado y Carrasco. Me dicen que el ancho del avión es de 1,80 metros. Si es así y la camilla mide 1,83 metros, cuando se la introduce en el avión choca contra el fondo. Ni qué hablar que ya voy a presentar una queja, señora presidenta, porque si la camilla mide eso, ¿qué hacemos los que medimos 1,88? Montero, usted está afuera y Abdala también. No digo la queja que va a tener de la liga de básquetbol del Uruguay, porque en el avión sanitario no podemos llevar a sus jugadores.
(Hilaridad).
–Además de eso, me comentaron que la camilla tiene 67 o 68 centímetros, pero me dicen que una camilla normal, de este tipo, tiene 70 centímetros de ancho mínimo. En concreto, la puerta mide 66 centímetros y no pasaría. Pero, bueno, llevan al paciente atado, lo suben a la camilla y cuando llegan al avión lo ponen un poco de costado –que no se vaya a caer– lo suben y antes, toca con el fondo porque frente a la puerta está el portaequipaje, que hay que desarmar para entrar la camilla. La verdad es que no me parece que sea una buena justificación.
He consultado a especialistas médicos sobre el tema y también he hecho consultas en Unasev, en ASSE y en el Ministerio de Salud Pública. No le preguntaron a ASSE ni a Unasev sobre este avión. Como dijo el ministro, hay un protocolo de 2012, pero sobre la conveniencia de comprarlo no le preguntaron a los que tenían que hacer los traslados. No hay un informe escrito de Unasev o del Ministerio de Salud Pública, no hubo reuniones pidiendo opinión para ver si este avión sirve para traslados sanitarios. ¡No hay! Entonces, ¿qué quieren, que no nos enojemos? ¡Nos piden dignidad! ¡Qué dignidad, si nos vienen con estas cosas! ¡No!
Además, acá hay algo que me merece una duda. Uruguay adquirió una aeronave Dauphin 092, en USD 4:500.000 y compró equipamiento médico –camilla, etcétera– para el helicóptero, por USD 500.000. Entonces, ¿equipar un helicóptero costó USD 500.000 y equipar este avión nos cuesta USD 90.000? O fue mucho antes, o es muy poco ahora. Además de eso, ¿cómo hizo la compra de ese helicóptero Dauphin? Consultó a la Unasev –que además tuvo la iniciativa–, al Ministerio de Salud Pública y a ASSE que lo apoyaron; se consiguieron los fondos y se tomó la decisión de comprar el helicóptero. En ese momento se descartó comprar este avión, ¿Por qué se descartó? Analicen los informes y observen por qué prefirieron un helicóptero, antes que un avión. ¡Porque es mucho mejor! Vamos a suponer que estamos en Rivera –demos por bueno que tiene aeropuerto–, donde una persona de menos de 1,83 metros de altura sufre un accidente sanitario y hay que trasladarla a Montevideo. Corramos una carrera para ver quién llega antes a un hospital. Salen el helicóptero y el avión. Llega la ambulancia, sube uno al helicóptero y otro al avión. Sale el avión, que va a llegar más rápido –¿media hora antes?– pero tiene que aterrizar en Carrasco, esperar la ambulancia, bajar al paciente, subirlo a la ambulancia, de vuelta tener cuidado con la puerta para bajarlo, y trasladarlo; pero se encuentran con el tráfico de la ciudad de Montevideo que le significa veinte minutos o media hora, por lo menos, para llegar al hospital. Ahora vayamos por el helicóptero. Como la apertura de ingreso mide dos metros, la camilla entra sin problemas, no hay que ponerla de costado. Despega y aterriza en el helipuerto, en la calle Garibaldi, y está al lado del hospital. ¿Quién ganó? ¡No le digo nada si no es Rivera, sino Durazno, Treinta y Tres, Río Negro o Paysandú! Por eso, en el año 2013 los técnicos – no nosotros– dictaminaron que no era conveniente que fuera un avión, sino un helicóptero. Además, ese helicóptero hizo trece traslados. Entonces, que ahora se nos diga que tienen que comprar el avión con el platito y la flor, con esas prestaciones, que se especifican como metal gold: asientos de cuero y no sé cuántas cosas más, ¿para traslados sanitarios? Discúlpeme, pero no lo creo. ¿Qué dijo el presidente Mujica cuando se negó a comprar el avión en 2013? «La Presidencia de la República enfrentó el dilema de adquirir un avión para el transporte de misiones oficiales o un helicóptero para rescate y traslado de personas en situación de emergencia. Optamos por comprar el helicóptero de este tipo que le puede servir a mucha gente para salvar la vida y los presidentes que sigan andando como andan». Optamos por acercar el interior a Montevideo. Pero, hay más.
En la siguiente proyección se ve un avión que creo que se enfrentó al temporal –espero que no lo haya dañado mucho– y cuando consultamos al ministro nos dijo que ese avión era de ALUR, que no tenían nada que ver y que por eso no lo habían evaluado. Sí, es de ALUR pero en diciembre estuvo en la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios la presidenta de Ancap, el señor senador Mieres se lo preguntó y ella señaló que se lo acababan de dar a la Fuerza Aérea en comodato. Costó USD 400.000. Son los aviones sanitarios que se usan en Estados Unidos –Beechcraft–, aterrizan en cualquier lado; son como un Aviocar, aterrizan en el fondo de la casa, no tienen problema. Teníamos esto de USD 400.000, ¿no se hizo nada? ¿Está arrumbado esperando que se le caiga el hangar encima? ¿Cuál es el problema de las puertas? Cambiar la puerta a un avión de este tipo para que entre una camilla en forma no tiene gran costo porque no son aviones no presurizados, pero cambiarle al otro cuesta una fortuna, porque la despresurización implica que lo tienen que hacer de otra forma. Nos señalaron que no lo habían evaluado porque era de ALUR. Aviso a los navegantes que este avión lo tiene la Fuerza Aérea o, por lo menos, esto es lo que dice la presidenta de Ancap.
El artículo 3.º de la Ley n.º 17060, de anticorrupción, dice que se entiende que existe corrupción, entre otras cosas, en «el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado o no un daño al Estado». Esto obliga a analizar si ha habido uso indebido del poder público, de la función pública, si las cláusulas que se incluyeron constituyeron un uso indebido del poder o de la función pública. Creo que existen elementos como para sospechar, y voy a hacer las consultas correspondientes después de haber escuchado las respuestas.
La segunda parte dice: «para obtener un provecho económico para sí o para otro». Para sí… no tengo ningún elemento para pensar que lo hubo; es más, no creo que lo haya habido, pero hay un «otro» que se está beneficiando, vendiendo por el doble de precio un avión cuya fabricación está discontinuada y que se está convirtiendo rápidamente en obsolescente.
Esto tiene dos partes que creo que se cumplen y que son esas que he citado.
Con todos estos indicios, con todas estas pruebas –cláusulas ilegales–, me parece que haría bien el Poder Ejecutivo en disponer una investigación administrativa. Cuando se define el abuso de poder a nivel administrativo, hay que ser muy cuidadoso. En ese sentido, recomiendo leer la sentencia 31 del juez Valetti, del 10 de diciembre de 2015, que fue dictada en el caso de compras de la Armada, del Ministerio de Defensa Nacional y en el que hubo varios procesamientos. Allí se dice: «Siendo así tales circunstancias, todas ellas ajenas a las formas y procedimientos seguidas a nivel administrativo, van conformando un cúmulo de indicios que, junto con los demás elementos de autos, llevan a la conclusión que […] y […] fueron los ejecutores de procesos de compra simulados con plena conciencia de la falsedad de los mismos». En definitiva, este es un proceso de compra; hay indicios, hay falsedades.
Solo resta, señora presidenta, referirme a un par de cosas que ha citado el señor ministro. En primer lugar, quiero mencionar a la Fiscalía de Gobierno y al Tribunal de Cuentas y sus dictámenes.
Antes que nada, ¿qué es la Fiscalía de Gobierno? ¿Quién la designa? ¿A quién responde? ¿Quién es la doctora María Inés da Rosa Callorda? Cuando vi el dictamen de la Fiscalía de Gobierno de primer turno me quedé impresionado con las cosas que dijo sobre el Tribunal de Cuentas. Hubo un ataque institucional al Tribunal de Cuentas. No es una cuestión de que discrepe o diga que está equivocado; lo acusó de falta de transparencia, de intencionalidad y de una cantidad de otras cosas. Y ¿quién es esta persona? Una fiscal de Gobierno.
En primer lugar, hay que aclarar que el fiscal de Gobierno, pese a llamarse fiscal, no integra el Ministerio Público y Fiscal. No son magistrados independientes; son funcionarios del Poder Ejecutivo, designados por el Poder Ejecutivo y dependientes del Poder Ejecutivo. No son un entidad como la Fiscalía o el Ministerio Público y Fiscal, que tiene su fiscal de Corte, etcétera. No; es un funcionario de la Presidencia. Entonces, venir a hacer aparecer ante la opinión pública un dictamen del fiscal de Gobierno de primer turno como un dictamen de la Fiscalía, me parece que es un error. Es un funcionario dependiente y designado por el presidente de la república.
¿Quién es esta doctora María Inés Da Rosa Callorda? Hoy en día, uno tiene la maravillosa posibilidad de entrar en Linkedin, y ¿qué me encuentro? En el año 1998, esta fiscal independiente fue secretaria del doctor Miguel Ángel Toma, actual Secretario de la Presidente de la República, en el Ministerio de Salud Pública. Después de haber trabajado como secretaria, y luego abogada, del actual secretario de la Presidencia, en el 2005 ingresa como abogada en la Secretaría de la Presidencia de la República. ¿Cuando asume quién? El doctor Toma. Y en el 2010, cuando el doctor Toma deja la Secretaría de la Presidencia y se va a la Oficina Nacional del Servicio Civil, ¿adónde va la doctora Callorda? A la Oficina Nacional del Servicio Civil, con el doctor Toma. Y después de eso, cuando el doctor Toma vuelve a la Secretaría de la Presidencia de la República, en el 2015, ¿adónde va la doctora María Inés Da Rosa Callorda? A la Presidencia de la República. Y el año pasado, ¿Dónde la nombran? ¡Qué casualidad! Va como adjunta, en la Fiscalía de Gobierno de primer turno. Justo, nosotros votamos la venia del doctor Borrelli para la junta de transparencia y queda ella con este expediente. Ella hace un informe que es presentado a todos como independiente y hoy se nos menciona a la Fiscalía de Gobierno de primer turno. Además, ¡dice unas barbaridades! ¡Los errores que tiene ese dictamen!
En primer lugar, dice que el pliego no fue cuestionado. Discúlpenme, ¿resulta que si nadie cuestiona un pliego, se puede poner cualquier cosa? ¿Y no hay que analizar las normas que provocaron que otros no se presentaran? ¿No siguen siendo ilegales? Además, la fiscal no leyó el expediente porque dijo que el pliego tampoco fue cuestionado por el Tribunal de Cuentas de la República. En realidad, el pliego se envió al Tribunal de Cuentas y este le dijo al Ministerio de Defensa Nacional: «Nosotros no analizamos los pliegos antes de la licitación. Hay un dictamen de hace mucho tiempo. Si tienen duda sobre alguna norma, nosotros emitimos un dictamen vinculante; háganlo así». Y el Ministerio de Defensa Nacional no lo hizo, o sea que, acusar al Tribunal de Cuentas de no haberse pronunciado cuando les aclaró que no se pronunciaba, me parece que es un error. Es decir que se comió –o no le dieron– la contestación del Tribunal de Cuentas.
El segundo error es el siguiente. La doctora da Rosa Callorda entiende que la observación del Tribunal de Cuentas al certificado de aeronavegabilidad de la Dinacia es un error porque trabaja sobre una hipótesis eventual, dado que no sabía si se iban a presentar más ofertas y, como se presentó una sola, no se violó el principio de igualdad. Dice: «Está trabajando sobre algo ficticio». A ver, esto lo analiza, no Sayagués ni Martins –no sé quién–, sino cualquier profesor de Derecho Administrativo y la manda a marzo.
El problema no es si se afectó a los que se presentaron o que, si se presentó uno, no se afectó a nadie, el problema es una norma ilegal que impide que otros se presenten. No distingue entre las causas que impiden que se presenten más participantes y las que impiden la concurrencia de oferentes, que es el principio general. Más que el informe de un fiscal, esto parece un alegato de parte.
Para peor, la señora fiscal de Gobierno de primer turno termina amenazando con proponer al Poder Ejecutivo un proyecto de ley de regulación de la actividad del Tribunal de Cuentas. ¡Por favor, avísenle que lea el artículo 210 de la Constitución antes de hacer esto! Es una irrespetuosidad hacia los ministros del Tribunal de Cuentas de la República. Ayer, en los asuntos entrados de la Asamblea General –no sé si prestaron atención a la lectura que realizan los señores secretarios a gran velocidad; yo lo hice–, justamente, ingresó una nota del Tribunal de Cuentas de la República, aprobada por unanimidad de sus siete miembros, respondiendo esto y comunicándoselo a la Asamblea General. Al respecto, ya hemos acordado que vamos a citar a una sesión de la Asamblea General para analizar esa nota que nos ha mandado el Tribunal de Cuentas de la República porque, obviamente, es meterse con un organismo constitucional.
Después está el sainete del Tribunal de Cuentas. Vamos a hacer un repaso. El proceso de contratación directa lo observaron por 5 a 2, con los votos del presidente, doctor Rippe, los tres ministros propuestos por la oposición y un ministro propuesto por el Frente Amplio. Era evidente; acá se citó nuevamente el numeral 13) del artículo 33 del Tocaf, que habilita la contratación directa en caso de venta –venta–, pero en este caso están comprando. No sé si me entienden; es tan claro como eso. ¡Citaron una norma para vender, cuando estaban comprando! ¿Qué quieren que les diga el Tribunal de Cuentas de la República? ¡Bastante educado fue!
Por otro lado, está el tema de la escasez. Resulta que se les dijo que escaso era un avión porque así lo había determinado la Fuerza Aérea. Y el Tribunal de Cuentas señaló: «Mire, yo le creo a la Fuerza Aérea, pero tráigame algo más que el interés de contratar directamente». Entonces traen una nota de Aero Baires, que es un taller de Buenos Aires habilitado por la Dinacia –o sea que mantiene cierta relación–, donde se dice que no tienen conocimiento de aviones de este tipo en Argentina, Uruguay y Paraguay. A esto, el tribunal responde: «No es suficiente que me traigan una nota que diga que no tienen conocimiento»; esto es lo primero. Y en segundo lugar, se habla de Argentina, Paraguay y Uruguay, pero ¿qué pasa con Brasil? ¿Y Bolivia? ¿Y Chile? ¿Y Colombia? ¿Y Estados Unidos? ¡Porque aviones hay en todos lados! ¡Era imposible que se aprobara! La resolución salió 5 a 2; no entiendo cómo no salió 7 a 0.
Después vienen con la licitación y, justo, el presidente –doctor Rippe– se enferma, así que ingresa el suplente del suplente. De todas formas, hay un ministro propuesto por el Frente Amplio que dice que, técnicamente, esto no se puede aprobar, y lo observa. En el ínterin, mientras surge la observación y el Poder Ejecutivo empieza a elaborar el envío del nuevo expediente, de casualidad, renuncia alguien que había sido ministro durante once años; alguien que había votado en contra y no esperó a ver si había insistencia para reafirmar su voto. Discúlpenme, pero no creo en las casualidades en la política.
Señora presidenta: ¡cambiaron un ministro!
Tengo la tranquilidad de que cuando tuve oportunidad de proponer un nombre para ministro del Tribunal de Cuentas de la República no lo fui a buscar al comité. Propuse a un doctor en derecho y ciencias sociales, con veintinueve años como funcionario dentro del Tribunal de Cuentas de la república; había hecho toda la carrera administrativa, ya que ingresó como administrativo, fue procurador, abogado, abogado jefe y en ese momento era gerente de división. ¡Veintinueve años de carrera! Hay un detalle que a la señora presidenta le va a agradar mucho: había sido presidente de Montevideo Wanderers. Yo tenía un gran respeto por él; por eso lo propuse. Sé que el Partido Nacional también había propuesto a la contadora Martínez, una eminencia en la materia pública, muy profesional. Hubo designaciones con un perfil un poco más político, aunque el doctor Grecco –que es este otro ministro– no tenía perfil político, era más bien técnico. Él había sido propuesto por el Frente Amplio y fue quien votó en contra.
Por esas cosas de la vida, renuncia el doctor Grecco, entra su suplente –también propuesto por el Frente Amplio– y cambia la votación. Este es otro motivo por el cual planteamos esta convocatoria: hay un tema de contralor y sería bueno ver cuál es la función del Tribunal de Cuentas de la República y su historia constitucional, porque a veces se pierde un poco de vista. No me voy a ir muy atrás, pero –de acuerdo con la Constitución– hace muchos años el Tribunal de Cuentas de la República integraba el Parlamento nacional; era parte de esta Casa, se llamaba Comisión de Contralor y dependía del Parlamento. Controlaba al Poder Ejecutivo e informaba al Parlamento. Un día se le dio autonomía para que controlara y nos informara. ¿Su palabra es la última? No. Una licitación puede ser impugnada por más que tenga el visto bueno del Tribunal de Cuentas y, en definitiva, esa licitación será pasible de una acción de nulidad y será el Tribunal de lo Contencioso Administrativo quien tendrá la última palabra. Esto no quiere decir que no certifique legalidad, pero esa no es la última palabra sino que es revisable en vía judicial.
También hay algo interesante para aclarar. Cuando el señor ministro dice «Bueno, estamos trabajando muy bien en el Ministerio de Defensa Nacional con respecto a las observaciones», y el presidente afirma «ahora que el Tribunal de Cuentas de la República dijo que esto está bien, no hay nada que objetar porque esto es legal y transparente», yo me pregunto: teniendo en cuenta las 319 observaciones que le hizo el Tribunal de Cuentas a la Presidencia de la República entre 2005 y 2010, cuando el doctor Vázquez fue presidente, ¿resulta que en esos años no fue transparente y actuó en forma ilegal en 319 ocasiones?
De acuerdo con la última información que obtuve, entre 2005 y 2010 también hubo 458 observaciones al Ministerio de Defensa Nacional.
En resumen, pienso que hay cláusulas ilegales; no me han conmovido las explicaciones ni las respuestas del señor ministro y, por tanto, creo que haríamos bien en emitir algún tipo de declaración en ese sentido.
Le comunico al oficialismo que estoy dispuesto a conversar sobre algún tipo de declaración conjunta para señalar la gravedad de lo que ha sucedido.
Gracias, señora presidenta.
SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: creo que a veces los ímpetus juveniles llevan a cometer errores; con respecto a esa cuestión avasallante de los jóvenes, está claro que el tiempo nos va dando un poco más de lentitud y estudio de las cosas. Quizás sea falta de información porque, como recordarán la señora presidenta y los señores legisladores, las convocatorias a los señores ministros a la Comisión Permanente se plantearon en diciembre. De pronto, como el señor legislador preopinante no participa de la coordinación, no lo sabía. Nosotros pedimos hacerlas en enero y no ponerlas todas juntas en una semana en febrero porque hubiéramos preferido hacerlo con tiempo. Reitero que quizás él no cuenta con esta información.
Por otro lado, se planteó no hacerlo en régimen de interpelación, salvo la del día de hoy, sino en Comisión General, pero para ello se necesitaba el voto del Frente Amplio, que dijo que no. Entonces, me parece un error que ahora eche en cara que se hacen interpelaciones a las que su partido obligó porque no permitió la citación en Comisión General. Además, recién el 24 de enero se fijó por parte de la presidencia, en coordinación, hacerlo esta semana por lo que hoy, viernes antes de carnaval, estamos llevando adelante esta instancia.
Aclaro que no fui quien trajo el concepto de dignidad. El señor ministro habló de dignidad, así que voy a trasladar todas las críticas que formuló el señor legislador a mi persona, directamente al ministro.
En cuanto a lo que dijo sobre el diputado suplente por Maldonado, quizás hay información que no tiene y la quiero dar. El diputado suplente renunció a su banca –se le solicitó que lo hiciera en su momento– y además renunció a todos los cargos en el Partido Colorado. Por otra parte está a la espera de la dilucidación de todo esto para pasarlo a comisión de ética.
Nadie está libre de cualquier conducta, pero nuestro proceder es distinto al que tuvo algún otro partido en el caso Bengoa, ¿o nos olvidamos de que lo apoyaron hasta el día que iba al juzgado? ¡Qué hicieron con Bengoa! Es distinto a lo que hicieron con Orestes González. ¿Nos olvidamos que procesaron al presidente del Banco de la República, señor Calloia y al entonces Ministro de Economía y Finanzas y organizaron una marcha en auto a la casa en el balneario de uno de ellos? ¡Cómo! ¿Qué estamos diciendo? ¡Fíjense qué diferencia de conducta! Todavía no hay condena; pidió un concurso y se le dijo que se aparte de toda la actividad política del partido hasta que solucione su problema y que renuncie a la banca. Los otros hacen marcha de apoyo al procesado y condenado. ¡Pero! La verdad es que uno trata de no traer estos temas por una cuestión de respeto pero si los sacan, contestamos. Además, cuando no se tienen argumentos para contestar sobre este tema, se tocan estos otros.
No les gusta que hablemos de avión presidencial. ¡Vamos a hablar de avión presidencial! Aquí hay un problema con el Frente Amplio: cree que cambiando el nombre a las cosas, estas quedan solucionadas. Hacen un ajuste fiscal y le llaman consolidación fiscal; aumentan las tarifas y no se puede decir que es un tarifazo; largan los presos y hacen una ley de humanización. Son los monstruos de poner nombre; se compran un avión vip para el presidente de la República, que lo usa en viajes oficiales –hasta ahora es el único que lo ha usado– y hay que llamarlo avión multipropósito. Se enojan si no usamos los nombres que ellos quieren. ¡No! ¡Avión presidencial que compran a los amigos! Lo voy a seguir diciendo, les guste o no.
Muchas gracias.
SEÑOR BORDABERRY.- ¡Apoyado!
SEÑOR BORDABERRY.- Perdón, señor diputado, ¿podría hablar más cerca del micrófono?
SEÑOR BORDABERRY.- Me está aludiendo.
SEÑOR BORDABERRY.- No se refiera a mí.
SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para una alusión.
SEÑOR BORDABERRY.- Gracias.
El señor legislador Groba repite algo que dijo el señor legislador Núñez hace un rato, cuando señalaba que algo huele mal en Maldonado. Yo quiero decir que la situación del diputado suplente del Partido Colorado por el departamento de Maldonado es que renunció a su condición de legislador y por ende a su fuero; renunció al partido en su condición de convencional, pero el partido además, una vez que se dilucide su situación –que aún no se ha aclarado porque es una cuestión comercial y no política–, va a ser revisada por la comisión de ética. Obviamente, primero tiene que dilucidarse la parte comercial. ¡No sé qué más quiere que hagamos! ¡Más no podemos!
Ahora no quiero nuevamente comparar porque hoy cuando comparé al diputado Núñez se fue y no volvió. ¡No se vaya a ir don Groba! Cuando procesaron a Bengoa, el ministro de Economía y Finanzas, señor Astori dijo, ¡lo apoyo, lo respaldo! ¡No renunció a nada! Cuando procesaron a Calloia, apareció en un partido de tenis en Carrasco, en la televisión; no sentí que se haya ido del Frente Amplio ni lo hayan metido en una comisión de nada. En el caso de Lorenzo, el exministro de Economía y Finanzas procesado, organizaron una marcha de apoyo a la casa del balneario, y después fue candidato. ¿Quieren comparar? Nadie está libre de que le suceda y a todos los partidos les puede suceder. El tema es cómo se procede y comparen: ¿dónde huele mal? Donde huele mal, nosotros abrimos la ventana y echamos desodorante de ambiente. Ustedes cierran la ventana y sigue oliendo, y muy feo porque siguen con los que huelen procesados y condenados adentro del partido.
A mí me han acusado, señor presidente, de una cantidad de cosas que no son mías: que el Partido Colorado en el 85 y en el 2000…, y está muy bien. Me han acusado en lo personal ni qué hablar; algo se esbozó hoy acá, y arriba. Pero nunca me habían culpado de las decisiones que toma el presidente de la Argentina; esta es nueva. O sea, que de lo que hace Macri, yo soy el culpable. Increíble, ¿no? Esto ya es tremendo. Lo conozco; sí. Lo conozco mucho, y conozco a amigos de él que son amigos míos, no lo niego. Eso dista mucho de que yo sea responsable de lo que pasa en la Argentina. Es como si yo quisiera hacer responsable a los del Frente Amplio por lo que hacen los Kirchner o Kicillof, que son sus amigos porque cuando venían se abrazaban con ellos. Entonces, cuando Josecito López tiraba los bolsos llenos de billetes para adentro del convento, ¿es culpa del señor Groba que es amigo de los Kirchner? O cuando procesan a todos los que están procesando en fila –no hablemos del amigo Lula ni de la amiga Dilma–, ¿es culpa de los señores del Frente Amplio? No; yo no lo digo. ¿Son amigos? Sí; claro que son amigos. Pero a veces los amigos también toman malas decisiones o decisiones que uno no comparte.
Por otro lado, yo creo que usted tiene problemas con su teléfono. ¿Lo tiene prendido? Si lo tiene prendido voy a explicarle cómo se hace en el teléfono celular para encontrar valores de aviones Hawker 700A, y traten de seguirme señores legisladores y usted, señora presidenta.
Primero, prenda el teléfono; después que lo prendió ponga la contraseña, si se lo pide. Va al navegador –por lo general, Safari– y escribe Google. Ahí escriba: «avión Hawker 700 venta». Una vez que hace eso, le sale no uno sino un montón de portales donde tiene 50 o 60 ofertas de precios como las que cité yo. Ahora, si va solo a uno, y escribe «avión presidencial» solamente, no le va a arrancar. Pero, bueno, a mí me pasa también y yo cuando no encuentro las cosas llamo a mi hijo que obviamente domina más este terreno y me enseña, pero espero haber ayudado en este caso.
Por último, en cuanto a los nombres, ya que ha citado a Shakespeare –le ha gustado Shakespeare–, el nombre no hace a la cosa. Lo dijo Shakespeare en ese pasaje inolvidable en el que Julieta se queja y le dice: ¿Qué hay en un nombre? Si una rosa no se llamara rosa, seguiría oliendo a rosa.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: antes que nada como esta es la última sesión de la Comisión Permanente, me voy a permitir agradecer a usted la ecuanimidad que ha tenido desde la presidencia en estos debates, como así también a todos los señores legisladores por el rico intercambio que hemos tenido en este verano intenso.
Creo que en esta sesión se han intentado defender –al igual que en otras– las posiciones con mucho convencimiento y con pasión, lo que no es malo. Acá hoy se ha intentado decir que quien objeta estos procesos parece estar en contra de la institucionalidad, de la Fuerza Aérea, del Ministerio de Defensa Nacional, de la Presidencia de la República, pero no es así; estamos a favor y estamos cumpliendo con nuestra tarea, apuntando a hacer las cosas mejor, cuando objetamos y decimos lo que pensamos sobre determinadas situaciones y procedimientos.
Al final en mi apoyo voy a citar la estrofa final de Martín Fierro, esa que dice:
«Mas naides se crea ofendido,
Pues a ninguno incomodo;
Y si canto de este modo
Por encontrarlo oportuno,
No es para mal de ninguno
Sinó para bien de todos.»
Eso es lo que he intentado hacer.
Señora presidenta: cuando en 1215 los barones de Inglaterra le impusieron la Carta Magna al rey Juan, sentaron unas de las bases de la democracia moderna: la limitación del poder del monarca; limitación que se convirtió en uno de los principios fundamentales y más caros de los padres de la revolución norteamericana. De ahí los tomó el padre Artigas y los incluyó entre los más preciados del pueblo oriental en la frase: «Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana».
Decía Thomas Jefferson, el hombre de Monticello, que la historia de la democracia es la historia de la limitación del poder, y esta interpelación, este análisis del proceso de compra de un avión VIP, no trata solamente de un cúmulo de irregularidades e ilegalidades cometidas; no solo trata de la inconveniencia de la compra de un avión VIP para un presidente; no solo trata de la insensibilidad de comprar un avión VIP presidencial de lujo con todas las comodidades, mientras se suben los impuestos al trabajo, los impuestos a las jubilaciones, aumenta la luz, el agua, el boleto y el combustible. Esta interpelación, señora presidenta, trata de algo mucho más profundo; esta interpelación trata de los límites que debe tener el titular del Poder Ejecutivo; trata de la limitación de su poder. El presidente de la república no puede, ni debe, comprar un avión al amigo de su asesor pasando por encima de normas legales; no puede cambiarse un ministro del Tribunal de Cuentas para obtener, con ese cambio, un dictamen favorable; no se le puede pedir a una abogada de la confianza de la Presidencia de la República y exsecretaria del secretario de la Presidencia de la República un informe agraviante para un tribunal previsto en la Constitución de la República.
El resultado de esta interpelación ya lo conocemos y ya lo conocíamos hoy de mañana: los seis legisladores del Frente Amplio votarán por respaldar el accionar del señor ministro y la compra de un avión VIP al empresario Carlos Bustin, por tres veces más de su valor, mediante una licitación que claramente contiene normas destinadas a favorecerlo, mientras que los legisladores de la oposición, votaremos en contra.
En otros tiempos, los que en aquel entonces peleaban contra otros Gobiernos de otros partidos llamaban a estas cosas «la rosca». A esta cercanía de los amigos en la presidencia se le decía «la rosca». Yo no lo hago. Yo lo llamo la necesidad de limitar el poder. Límite que necesitan todos los Gobiernos sean del signo que sean, sean del partido que sean.
Hoy no solo estamos interpelando al ministro, señora presidenta, estamos interpelando una conducta no republicana, un avasallamiento de las normas para cumplir un capricho y beneficiar a un tercero.
Debo reconocer que si algo me parecía respetable y hasta compartible de muchos de los que se llamaban o se llaman de izquierda era el fin que buscaban. Me animo a decir que era algo que uno llegaba a admirar. Ese fin que buscaban, esa utopía, ese sueño, ese objetivo final por el que decían luchar era lograr un mundo mejor, más honesto, donde existiera más igualdad. Esa sociedad igualitaria, ese discurso ético e irreprochable de los D’Elía y de los Seregni, era la mayor fortaleza de quienes se llamaban de izquierda. Creo que estaban equivocados en los medios para lograr los objetivos, pero era compartible lo que buscaban: un mundo más justo –con el que soñaban–, más honesto, donde existiera mayor igualdad. Podíamos criticar los caminos que proponían para lograr esto pero compartir el sueño. Sabíamos que el camino era equivocado porque en todos los lugares donde lo habían seguido no habían logrado lo que se habían propuesto y en su lugar había provocado no solo desigualdad sino pobreza y falta de libertad. Pero el objetivo, la lucha, el convencimiento y sobre todo la conducta que se proponían para llevar adelante su sueño eran admirables. Hoy ya no ni queda eso.
Mientras sube el agua, la luz, el boleto, el IRPF y el impuesto a las jubilaciones, el Poder Ejecutivo se compra un avión en más de USD 1:000.000. Un avión vip presidencial que tratan de hacernos creer que es multipropósito o sanitario. Lo paga dos o tres veces más de lo que vale, se lo compran a un empresario muy cercano a su principal asesor con quienes los jerarcas cenan asiduamente en un country marino: el nuevo quincho. Parece ser que nuestro actual presidente no puede hacer lo que hicieron todos los presidentes del Uruguay: viajar en aviones de línea, en forma austera y republicana. ¡No! Quiere un avión presidencial con prestaciones vip. Se suma así a los de Venezuela, Brasil y al Tango 01 de Argentina. Hasta ahora tres países de América
–Uruguay, Costa Rica y República Dominicana– mantenían esa conducta republicana y austera. Yo diría uruguaya y artiguista.
Siempre destaco algunos hombres de mi partido: Joaquín Suárez fue uno y lo he citado hasta el cansancio; Oscar Gestido, presidente de la República que vivió muy humildemente en su apartamento en la zona del Cordón; el propio Jorge Batlle, alcanzaba con verlo, no era dueño de nada; y Artigas.
Nos olvidamos que los viajeros que llegaban a Purificación admiraban a aquel Artigas protector de los pueblos libres que despachaba cartas a los cuatro vientos sentado arriba de una cabeza de vaca. ¡Eso es el Uruguay! Esa austeridad republicana que no tenemos que perder y que de a poco vamos perdiendo. Hoy le fallan a los uruguayos pero sobre todo a su propio sueño. Llega lo que los franceses en algún momento llamaron la gauche caviar. Lo que algún comunicador del propio oficialismo ha definido como ser un hombre de izquierda con gustos de derecha. Mientras tanto siguen hablando de justicia social, cayendo en contradicciones. Dicen defender el trabajo y le ponen impuestos a los que trabajan y a los que trabajaron toda la vida, y cuánto más trabajan más impuestos; dicen estar en contra de la concentración de la tierra y le dan enormes beneficios a los mayores concentradores de la tierra. Se llenan la boca diciendo «todos y todas», «uruguayos y uruguayas» y no tratan proyectos de igualdad salarial para la mujer; hablan de recortes de gastos mientras se compran un avión y los ministros y subsecretarios de este Gobierno han viajado como nunca durante los dos últimos años: más de 200 viajes al exterior. Dicen estar del lado de los que tienen menos y le dan beneficios a los bancos para compensar lo que le quitaron a todas las empresas. Dicen querer un Gobierno de cercanía y no dan servicios médicos a los ciudadanos del interior porque en Montevideo hay capacidad ociosa en algunos servicios médicos. Critican a las sociedades anónimas y tienen sus chacras a nombre de sociedades anónimas. Dicen ser austeros y hacen fiestas de USD 560.000 en La Teja sin invitar a los habitantes del barrio. Le piden esfuerzo al pueblo, a los uruguayos, mientras se compran un avión vip a costa del dinero del pueblo.
Señora presidenta y señores legisladores, esta interpelación no trató solamente de la compra de un avión vip presidencial a un amigo, sino que trató de limitar republicanamente el poder del presidente de la República, como hace 802 años lo hicieron en Runnymede, cerca de Windsor, algunos barones con el rey o como lo postulaban Jefferson y el propio Artigas.
Por eso reitero este pedido: dejemos esta licitación sin efecto. Exhortemos al Poder Ejecutivo a hacerlo, declaremos que el procedimiento ha sido equivocado y recuperemos ese sueño de un Uruguay en el que nadie es más que nadie.
Muchas gracias.