Prohibici贸n de bloquear usuarios en cuentas oficiales, institucionales o gubernamentales de redes sociales

camara de senadores

Montevideo, 7 de febrero de 2017

Se帽or Presidente
De la C谩mara de Senadores
Ra煤l Sendic
Presente.-

De mi mayor consideraci贸n:

Me dirijo a usted a fin de presentar al Senado de la Rep煤blica el adjunto Proyecto de Ley por el que se propone prohibir bloquear a personas usurarios en cuentas oficiales, institucionales y gubernamentales de las redes sociales.
Sin otro particular saluda a usted muy atentamente,

 

Pedro Bordaberry

Proyecto de ley prohibiendo bloquear a personas usuarios en cuentas oficiales, institucionales y gubernamentales de las redes sociales.

Art铆culo 1潞-. Proh铆bese el bloqueo de personas usuarios en cuentas oficiales, institucionales y gubernamentales de las redes sociales.

Art铆culo 2潞-. Se entender谩 como cuentas oficiales, institucionales y gubernamentales de las redes sociales, cuando las mismas se identifiquen con una instituci贸n, organismo, empresa, dependencia, repartici贸n u oficina, de la administraci贸n p煤blica, del gobierno o del Estado.

 

Montevideo, de 7 de febrero de 2017

Pedro Bordaberry

 

Exposici贸n de Motivos

Este proyecto apunta a proteger el leg铆timo derecho de acceso a la informaci贸n y a que no se vulnere el derecho expresi贸n, consagrado constitucionalmente.

Y en tal sentido, a contar con una pol铆tica de no bloqueo de usuarios en el manejo de redes sociales por parte del gobierno y el Estado. En consecuencia, establecer que cuando se emplea una red social o cuenta, con el perfil como oficial, es decir que la actividad se realiza identific谩ndose con un organismo oficial estatal o gubernamental, no deber铆a poder bloquearse a personas que quieren interrelacionarse con la referida cuenta o red social.

Algunas dependencias del gobierno y organismos del Estado bloquean usuarios de redes sociales e impiden que estos sean notificados de novedades, informaci贸n, im谩genes, o datos de inter茅s p煤blico. Esta situaci贸n puede considerarse un atentado contra el acceso a la informaci贸n. Por ende debe establecerse que no debe haber ninguna restricci贸n.
Esta situaci贸n es diferente y cambia, cuando se trata de una cuenta a t铆tulo personal o privada absolutamente de una red social. En este caso el titular si est谩 en su derecho de bloquear a las personas que quiera y sin incluso brindar explicaciones o motivos.

Lo primero a se帽alar en cuanto a este proyecto es que no se trata de una cuenta particular, en la cual las decisiones sobre c贸mo se la gestionan son en su mayor铆a libres.
Nos encontramos ante una cuenta institucional u oficial a trav茅s del cual se emite informaci贸n general propia de la Administraci贸n P煤blica de la que se trate y, por tanto, como canal de emisi贸n de informaci贸n institucional no se deben de establecer limitaciones a los derechos de los ciudadanos.
Un bloqueo en una cuenta oficial o gubernamental puede suponer un impedimento real y efectivo a acceder a la informaci贸n sobre las actuaciones que lleva a cabo una instituci贸n. E incluso alegar que puede accederse a dicha informaci贸n a trav茅s de otro de los canales de la instituci贸n de que se trate no resulta admisible, dado que la limitaci贸n a la hora de escoger el canal continuar铆a existiendo.

Esta legislaci贸n apunta a evitar que se impida arbitrariamente el acceso a una red social o cuenta oficial, por cuanto privan al ciudadano de acceder a informaci贸n que se publica en esas cuentas y hasta de criticar, quejarse o discrepar democr谩ticamente.
El bloqueo rozar asimismo el derecho de la libertad de expresi贸n consagrado en el art铆culo 29 de la Constituci贸n Nacional que establece:
“Es enteramente libre en toda materia la comunicaci贸n de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgaci贸n, sin necesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieron”.
Comentando esta norma, el Dr. Justino Jim茅nez de Arechaga dec铆a: “En primer lugar se crea un sistema de responsabilidad ulterior por los abusos que puedan cometerse en el ejercicio de esta libertad.

En segundo lugar, se impide de modo absoluto la posibilidad de que, por medio de la ley, se instaure un sistema de previa censura. La censura pude adoptar distintas formas, ya sea incidiendo sobre las personas que pretendan ejercitar este derecho, sistema que se aplica especialmente en cuanto para emitir el pensamiento deba hacerse uso de la prensa, de la radio, del teatro o del cine y tambi茅n incidiendo sobre el contenido mismo de las publicaciones o emisiones que se pretenden hacer llegar al p煤blico. (鈥)

La tercera caracter铆stica del r茅gimen es establecido por el art. 28, es la de que solo la ley, vale decir, el acto-regla emanado del Parlamento, puede establecer los l铆mites de esta libertad; o mejor: solo la ley puede establecer cuando se incurre en abuso del ejercicio de esta libertad y por consiguiente, cabe la sanci贸n ulterior”. El giro idiom谩tico utilizado por la Constituci贸n al decir “enteramente libre”, es gr谩fico en cuanto a la magnitud de esta libertad, pero al mismo tiempo, la Constituci贸n aclara que existe responsabilidad ulterior por los abusos que se cometieren.
Este r茅gimen jur铆dico aplicado por nuestra Constituci贸n coincide plenamente con la Convenci贸n Americana sobre Derechos Humanos, especialmente en cuanto proh铆be en forma absoluta la censura previa y admite 煤nicamente un r茅gimen de responsabilidad ulterior. No obstante, la Convenci贸n avanza un poco m谩s en la protecci贸n de la libertad de expresi贸n y proh铆be tambi茅n la denominada censura indirecta.
Asimismo, en nuestro pa铆s, la Ley de Medios N潞 19.307, proh铆be la censura previa en sus diversas formas, entre ellas, la censura indirecta. En efecto, el art铆culo 15 proh铆be la censura previa y tambi茅n las “interferencias o presiones directas o indirectas sobre cualquier expresi贸n, opini贸n o informaci贸n difundida a trav茅s de cualquier servicio de comunicaci贸n audiovisual”. Asimismo, el art铆culo 16 consagra la independencia de los medios de comunicaci贸n y establece que: “Las presiones directas o indirectas ejercidas sobre los comunicadores son incompatibles con la libertad de expresi贸n, as铆 como la utilizaci贸n del poder y los recursos econ贸micos del Estado con el objetivo de presionar, castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores y a los medios de comunicaci贸n en funci贸n de sus l铆neas informativas”.

Por otra parte, la regulaci贸n de la libertad de expresi贸n, en tanto derecho humano y al mismo tiempo como pilar fundamental del sistema democr谩tico, es objeto de una protecci贸n m谩s intensa en la jurisprudencia norteamericana. En los Estados Unidos, a partir del caso Sullivan contra The New York Times, se aplica la Doctrina de la real malicia, en virtud de la cual los medios de comunicaci贸n y los periodistas, 煤nicamente est谩n sujetos a una responsabilidad ulterior cuando se pruebe que las noticias o la informaci贸n err贸nea y agraviante, respecto de una cuesti贸n p煤blica, fue divulgada de manera intencional.
La jurisprudencia norteamericana ha entendido en relaci贸n a la libertad de expresi贸n, que: “鈥a garant铆a constitucional fue establecida para asegurar el libre intercambio de ideas del cual emanan los cambios sociales y pol铆ticos deseados por el pueblo. Mantener la libre discusi贸n pol铆tica para lograr que el Gobierno responda a la voluntad del pueblo y que se obtengan cambios por las v铆as legales, posibilidad esencial para la seguridad de la “Rep煤blica”, es un principio fundamental del sistema constitucional (鈥) Por eso debe partirse de una profunda adhesi贸n al principio de que la discusi贸n sobre los asuntos p煤blicos debe ser desinhibida, sin trabas, vigorosa y abierta, pudiendo incluir ataques vehementes, c谩usticos y a veces desagradablemente agudos, contra el gobierno y los funcionarios p煤blicos”.
En definitiva, resulta fundamental e important铆simo, para la salud de la democracia, contar con absoluta libertad de expresi贸n y evitar que desde el poder, desde el Estado se limite la misma.

Se debe promover la transparencia de la funci贸n p煤blica y de los gobernantes y de todo organismo estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la informaci贸n p煤blica con independencia del soporte en el que est茅n contenidas.
En derecho comparado, el 谩mbito internacional, ya hay antecedentes de dict谩menes contra estas pr谩cticas de bloqueo de usuarios de cuentas oficiales.
A modo de ejemplo, el tribunal constitucional de Costa Rica le dio la raz贸n al ciudadano Marvin Alexis Schult Ortega y conden贸 a la Presidencia de dicho pa铆s, por bloquearlo de la red social Twitter. De acuerdo con el fallo de la Sala IV, la Presidencia vulner贸 el derecho del tuitero Marvin Alexis Schult Ortega a manifestar libremente su opini贸n. Se帽alando expresamente que @MarvinSchult fue impedido de interactuar con @presidenciacr.
Se trata de una sentencia sin precedentes sobre la relaci贸n de las cuentas oficiales de un gobierno y sus ciudadanos.

http://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/gobierno-costa-rica-fue-condenado-bloquear-usuario-twitter_1-noticia-1506070?ref=nota_sociedad&ft=contenido

En suma, el acceso a la informaci贸n p煤blica y a expresarse libremente, son derechos de todas las personas, sin discriminaci贸n alguna, por los cuales debe velarse permanentemente.

Montevideo, 7 de febrero de 2017.

 

Pedro Bordaberry

 

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