La inflexible voluntad de hacer las cosas mal

Daniel Bianchi

La Ley de Medios que el oficialismo se apresta a aprobar en los próximos días sólo con sus votos, a sabiendas de que nuevamente violará la Constitución, abarcará diversos aspectos que hasta el momento no estaban reglamentados.
Pero de todos ellos, el que sin dudas más controversias ha generado ha sido la regulación de contenidos, que abarcará no sólo a los canales nacionales sino también a las señales internacionales que se emitan en Uruguay y pone en tela de juicio el rol del Estado en el contralor de las comunicaciones.
En medio de la controversia y el acercamiento a una censura digna de gobiernos absolutistas y autócratas, se ha generado un fuerte enfrentamiento entre el propio Poder Ejecutivo y la bancada del partido de gobierno.
La razón del distanciamiento es el transcurso del proceso.
En efecto, el estudio del proyecto a nivel parlamentario insumió mucho más tiempo del inicialmente previsto, fundamentalmente por dos razones. Una de ellas es el conjunto de modificaciones que se le fueron introduciendo al texto, y la otra es que dicho texto fue remitido por el Poder Ejecutivo, en dos oportunidades, con equivocaciones, lo cual retardó aún más el trámite.
Sucede que la Constitución establece que un año antes de las Elecciones no se podrá crear nuevos organismos, ni nombrar cargos de confianza, que es uno de los aspectos que incluye la iniciativa. La innovación, en efecto, es la creación de un nuevo organismo de la regulación establecida en la Ley Audiovisual llamado Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), la creación de un organismo consultivo con participación ciudadana llamado Consejo Honorario Asesor de los Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA), y la creación de la figura del Ombudsman de los Servicios de Comunicación Audiovisual, que asumirá la defensa de los derechos de las personas reconocidos en esta Ley. Un nuevo organismo de contralor que genere más puestos de confianza política del actual gobierno para sumar a los 60.000 de los últimos ocho años, no es una tentación como para dejar pasar.
Pero sucede que, una vez más, la Constitución se interpone.
La manera que se encontró para no violar grosamente una vez más la Carta Magna, es dejar los cometidos y objetivos de ese órgano de contralor en la órbita de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (URSEC). Pero esa solución no satisface a todas las partes. Y además, lo que no es menor, debe recordarse que dicho organismo está integrado por tres miembros, designados por el Poder Ejecutivo pero sin venia del Senado. Dicho de otra manera, los contenidos de los medios quedarían subordinados a la voluntad de un organismo que no está sujeto a control parlamentario. Decir que ello podría generar situaciones de injusticia, atropellos, abusos y arbitrariedades de toda índole, es innecesario, máxime teniendo en cuenta que ya con las actuales reglas de juego muchos gobernantes ponen en tela de juicio en forma permanente lo actuado por aquellos medios de prensa que no se ajustan a su forma de actuar y de pensar.
La Presidencia de la República rechaza que el control de los medios quede sujeto a la URSEC, y respalda la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual, independiente del Poder Ejecutivo, y nominado con venia del Senado. Aunque, por los plazos, para ello deba violarse la Constitución.
La posición de la bancada parlamentaria del partido de gobierno, en tanto, es respaldar las modificaciones que atribuyen competencias a la URSEC.
Pero, si alguna voz podía enrarecer aún más el escenario de desacuerdos en la interna oficialista, era la del presidente José Mujica, quien en los umbrales de la votación sorpresivamente desautorizó, en cierta manera, un proyecto normativo que ha generado numerosas críticas -y casi ningún halago- desde los distintos sectores políticos, sociales y periodísticos uruguayos.
Las expresiones del mandatario fueron ambiguas. “Estamos asistiendo a una explosión de carácter científico y tecnológico con una velocidad planetaria (sic) que asombra y que asusta. ¿No vieron lo que pasó en 10 años con esos telefonitos que todos tenemos adentro del bolsillo? Estamos discutiendo una Ley de Medios como si fuera una cosa bárbara, y en cinco años será un esperpento para que quede de recuerdo en la biblioteca porque la verdadera Ley de Medios va a ser el cable enterrado (fibra óptica) y la gente va a mirar lo que se le antoje de cualquier parte del mundo (…). La gente va a ver lo que se le canta”, enfatizó.
¿Entonces por qué se impulsa esta ley?, se le preguntó con lógico criterio. “Bueno, se hace porque mientras tanto sirve, para algo va a servir, pero el mundo va por otro lado”, fue la esquiva respuesta.
No hay caso. Cuando se tiene la inflexible voluntad de hacer las cosas mal, el impulso es irrefrenable.
Pero semejante yerro evidencia, una vez más, el desasosiego de un gobierno errático que ha sido de todo, menos ejecutivo.
Y que la única seguridad que tiene es que, sea como sea, de alguna manera atentará contra la libertad de prensa.