Sesión donde se trató la creación de una Comisión Investigadora de Corrupción

ComisiónCorrupción

 

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR BORDABERRY.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR BORDABERRY.-  A cuenta de la intervención que haré más adelante, quiero dejar dos o tres constancias.

Entre las muchas cosas que ha dicho la señora senadora Tourné, creo que ha cometido un error en el análisis de las facultades de las comisiones que, además, va en contra de lo recientemente resuelto por el Frente Amplio cuando conformó la comisión investigadora de Ancap. En esa instancia defendió la tesis contraria a la que hoy defiende. Y cuando en el período pasado conformamos la comisión con fines legislativos relativa a la empresa Montes del Plata, el Frente Amplio defendió la posición exactamente contraria a la que hoy defiende. Por lo tanto, creo que hay que tener cierta coherencia.

A su vez, la señora senadora está poco menos que afirmando –como muchas veces se afirma– que en esto de la corrupción hay un tema fundacional, en el 2005, del Frente Amplio. Me parece que debemos tener menos soberbia y más humildad.

En el año 2003, después del trabajo de la Cancillería de la época, Uruguay aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ya en el año 1994, durante el Gobierno del Partido Nacional, había aprobado la convención interamericana. Esas convenciones internacionales nos obligan a adoptar determinadas medidas, medidas estas que el Poder Ejecutivo y este Parlamento, desde el año 2005, se han negado a tratar. Las mayorías del Frente Amplio se han negado a avanzar como nos obligan los instrumentos internacionales, y eso no lo digo yo sino la Junta de Transparencia y Ética Pública, integrada por dos ciudadanos propuestos por el oficialismo y un ciudadano propuesto por la oposición. En el informe que se nos envía  –no sé si algunos señores senadores lo leen– se dice que el Poder Legislativo también ha mostrado resistencia a modificaciones sustantivas, como se desprende de discusiones parlamentarias; que ello revela cierta desconfianza y negativa a otorgarle potestades de control por parte de los legisladores y hasta cierto desconocimiento de las tendencias actuales en la materia, y especialmente en cuanto a las normas penales, puesto que no se volvió a discutir la tipicidad de los delitos ni a reconsiderar decisiones ya tomadas. El Poder Ejecutivo, por su parte, no promovió dos de las tres iniciativas más importantes que le fueron elevadas por la Junta de Transparencia y Ética Pública. En el informe hay un listado de veinte sugerencias que la Jutep hace al Poder Ejecutivo, al Parlamento, y que no tomamos, para cumplir.

La señora senadora Tourné hizo referencia a una respuesta que me dio el doctor Tabaré Vázquez en el año 2014, cuando ambos éramos candidatos. Hay que destacar que es una respuesta, tal como lo señaló la señora senadora. Es decir que quien tuvo la iniciativa de proponer al doctor Tabaré Vázquez un acuerdo para hacer todas estas cosas contra la corrupción fuimos nosotros, y esa respuesta que citó la señora senadora Tourné fue: «Sí, vamos a avanzar». Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Presentamos los proyectos de ley y en el último año y medio no hemos avanzado. Cuando proponemos una comisión con fines legislativos es para avanzar en el compromiso asumido en esa carta que me envió el señor presidente de la república, doctor Tabaré Vázquez. Él se comprometió a avanzar. ¿Cómo se hace? Con una comisión, no investigadora –no nos equivoquemos– sino con fines legislativos. ¿Por qué? Porque la Jutep dice, en octubre de 2005, que reitera al Poder Ejecutivo un proyecto de ley que había sido presentado al gobierno anterior, en julio de 2004. El Poder Ejecutivo nunca lo elevó al Poder Legislativo. En 2009 se presentó otro proyecto al Poder Ejecutivo que nunca fue remitido al Parlamento. Se trata de iniciativas sobre cometidos, normas y atribuciones de la Jutep, normas de fortalecimiento de la transparencia pública, normas penales…

(Suena el timbre indicador de tiempo)

–Ya termino, señor presidente.

En fin, es extensa la lista de proyectos que la Jutep eleva al Poder Ejecutivo y que este no manda al Parlamento. Si no tenemos que crear una comisión con fines legislativos para trabajar sobre todo esto, la verdad es que no lo entiendo.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: voy a empezar con una apreciación reglamentaria o legal, porque creo que hay un error en la interpretación que se hace de las normas sobre las comisiones que lleva después a un error en las exigencias que se plantean.

El artículo 120 de la Constitución, para comenzar por la cúspide de la pirámide normativa de Kelsen, dice: «Las Cámaras podrán nombrar comisiones parlamentarias de investigación o para suministrar datos con fines legislativos». Es decir que prevé dos tipos de comisiones: de investigación o para suministrar datos con fines legislativos. Claramente, en la solicitud presentada –y así lo reconocieron los dos miembros que informaron– lo que se propuso fue la creación de una comisión con fines legislativos. ¿Por qué hicimos esto? Porque analizamos los últimos antecedentes que existieron en la designación de comisiones, tanto de investigación como con fines legislativos, y en esos dos antecedentes se votó, por parte del oficialismo, en la forma en que postulo la interpretación.

La Ley n.º 16698 establece que en el caso de las comisiones para suministrar datos con fines legislativos, su designación procede cuando en las situaciones o asuntos a investigar no se presuma la existencia de irregularidades o ilicitudes. Y agrega que, sin embargo, si de la investigación realizada surgiere la comprobación de irregularidades o ilicitudes, obviamente que pueden asesorar a la Cámara. ¿Por qué hago esta precisión? Porque se dice que hay que denunciar hechos concretos a investigar y, en realidad, la ley dice que no procede la designación de este tipo de comisiones cuando no se presuma la existencia de irregularidades o ilicitudes. Es decir que nos están exigiendo la denuncia de hechos concretos pero la ley dice que se designan este tipo de comisiones cuando no se presume esto.

En el período pasado se solicitó una comisión investigadora para analizar los contratos de Montes del Plata, y cuando el tema se discutió en la comisión –recuerdo que informó el hoy canciller Nin Novoa, que era senador–, se llegó a la conclusión de que lo que correspondía era designar una comisión con fines legislativos para analizar una situación de falta de normativa para regular.

Cuando se votó la comisión investigadora de Ancap, se dio una gran discusión acerca de si debía establecerse que existía una presunción de irregularidades o no. Al final se resolvió no ingresar en ese campo porque si se decía que no existía, tenía que conformarse una comisión con fines legislativos. Esa fue la interpretación que hizo el oficialismo pacíficamente y que nosotros tomamos.

Sin perjuicio de eso, hay una contradicción entre lo que dispone la ley y lo que establece el reglamento, aunque no sé si en realidad es una contradicción; creo que lo que sucede es que el reglamento regula exclusivamente las comisiones investigadoras y no las comisiones para suministrar datos con fines legislativos. Esa duda que se planteó me llevó a realizar una consulta a un especialista en el tema, el doctor Jaime Sapolinski, profesor de Derecho Constitucional y Administrativo, que tiene trabajos escritos en la materia. Y el profesor Sapolinski, citando a Cassinelli Muñoz y a Korzeniak, concluye que no se puede exigir lo que se está reclamando ahora y, además, que en realidad ni siquiera está regulado el tema de las comisiones con fines legislativos. Es más, hasta entiende que quizás ni siquiera habría que formar una preinvestigadora y habría que discutir el tema exclusivamente en el Plenario.

De todas formas, para que no existieran dudas, nosotros justificamos el planteo. ¿Y cómo uno justifica la solicitud de conformar una comisión con fines legislativos? ¿Qué hechos denuncia? En este caso, son carencias en nuestro sistema legal y legislativo. Entonces, cuando uno denuncia esto, obviamente que va a los convenios internacionales de los cuales la república es parte y que nos obligamos a cumplir. Y en este sentido debemos mencionar la falta que existe en nuestro derecho positivo, desde hace más de once años, de las normas que estamos obligados a aprobar de acuerdo con esos convenios a los que adherimos libremente. Incluso, los convenios interamericanos de derechos humanos también nos obligan a aprobar esas normas.

Hecha esta a veces aburrida salvedad jurídica, quiero hacer algunas alertas, que no es la primera vez que planteo acá, señor presidente.

En el año 2008 advertimos al señor presidente de la república por escrito sobre lo que estaba pasando con la seguridad en el país; le enviamos 50 medidas y en aquel momento se nos contestó que eso no era cierto, que era una sensación térmica la inseguridad que había en el Uruguay. Esa sensación térmica se ha transformado en lo que hoy tenemos, al extremo de que el señor presidente nos llamó a todos los partidos para buscar soluciones juntos y ya nadie habla de sensación térmica, sino de una crisis enorme en la seguridad ciudadana en el país.

En abril de 2012, acá mismo interpelamos al entonces ministro de Educación y Cultura, el doctor Ricardo Ehrlich, y le dijimos que no estaba invirtiendo el dinero suficiente para tener los centros educativos en forma y que los resultados de la educación eran muy malos. Él nos señaló que estaban gastando el doble en pesos de lo que se gastaba en 2004 y nosotros le respondimos que no estaba haciendo la cuenta de cuánto había aumentado el costo de construcción: se había multiplicado por cuatro y el gasto se había duplicado, es decir que estaba invirtiendo la mitad. Al año después de esa advertencia, no pudieron empezar las clases en el Uruguay porque no estaban prontos los locales y no tenían el dinero para hacerlo. Obviamente, todos los estudios internacionales –las pruebas PISA, el Serce, el Terce– y nacionales están marcando que la situación está en retroceso. Sin embargo, pese a todas estas advertencias, hoy la señora ministra sigue diciendo que en educación estamos bien.

En abril de 2013 interpelamos al señor ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, y volvimos a hacerle una advertencia. Le manifestamos que había problemas con el déficit fiscal, con la inflación, con el resultado de las empresas públicas, y que estaba encaminando la economía uruguaya hacia un ajuste. Le dijimos: «Está a tiempo de evitarlo. Hágalo». Y le señalamos que había dos gobiernos paralelos en la economía. Sin embargo, el Frente Amplio, el oficialismo, con mano de yeso lo respaldó cien por ciento. Bueno, está en vías un ajuste fiscal. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal se disparó, porque la inflación se disparó y más vale no hablar mucho del resultado de las empresas públicas; o sí.

En setiembre de 2013 se llamó a sala al entonces ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero Kreimerman, para informarnos de la situación de Ancap y de las empresas públicas y le dijimos lo mismo, a lo que se nos respondió que las cosas se estaban haciendo muy bien, mientras estábamos invirtiendo un dineral. Les avisamos que estábamos mal, pero dijeron que todo estaba bien; sin embargo, en enero de este año tuvimos que votar una capitalización para Ancap de USD 650 millones.

No fuimos los únicos que hicimos advertencias en estos años; el Partido Nacional, una y otra vez, advirtió lo que sucedía en Pluna y le respondían que todo estaba bien; eso nos costó USD 300 millones.

Señor Presidente: hoy hacemos una nueva advertencia y queremos ser claros. Se viene un grave problema de corrupción en el Uruguay y tenemos que tomar medidas para prevenirlo. Avisamos por la inseguridad, avisamos por la economía, avisamos por las empresas públicas, avisamos por la educación y hoy estamos avisando por la corrupción. Es el tema que se viene; sepan que si no tomamos medidas vamos a tener serios problemas. No queremos retrotraernos a la situación de inseguridad del año 2008.

¿Por qué decimos esto? Porque están pasando muchas cosas, pero no solo lo decimos nosotros, sino también la Junta de Transparencia y Ética Pública y distinguidos ciudadanos adherentes al Frente Amplio lo han reconocido públicamente. El doctor Hoenir Sarthou lo ha manifestado en más de una columna diciendo que está fresco todavía lo ocurrido en el caso Pluna, donde fallaron todos los controles políticos; que están frescas las irregularidades de ASSE, que eran un secreto a voces desde hace muchos años; hechos que fueron denunciados y se negaron a crear una comisión investigadora. ¿Por qué? –se pregunta él–, por las mayorías parlamentarias, que no escuchan.

No tenemos otra tarea más que solicitar estas comisiones, avisar y alertar, porque todos conocemos la mayoría con que cuenta el Frente Amplio en la Cámara. Sabemos que eso es así, pero esa es la misión que nos encomendó la ciudadanía y vamos a continuar alertando. Lamentablemente, luego uno debe decir: «Te lo dije», «Te dije sobre la inseguridad», «Te dije sobre la educación», «Te dije sobre la economía», «Te dije sobre el déficit fiscal», «Te dije sobre Ancap», «Te dije sobre las empresas públicas», «Te dije sobre Pluna» y «Hoy te digo sobre la corrupción». Y lo están señalando también miembros del Gobierno. La semana pasada el canciller Rodolfo Nin Novoa manifestó que con corrupción en los países es muy difícil capitalizar la ayuda externa o promover los derechos humanos. ¡Qué coincidencia! Incluso, el papa Francisco lanza una advertencia al mundo, y fíjense qué interesante lo que dice: «El corrupto no percibe su corrupción […] se ha vuelto natural, al punto de llegar a constituir un estado personal y social ligado a la costumbre, una práctica habitual en las transacciones comerciales y financieras, en las contrataciones públicas, en cada negociación que implica a agentes del Estado. Es la victoria de la apariencia sobre la realidad y de la desfachatez impúdica sobre la discreción honorable».

Hemos sido claros, también, respecto a la corrupción en la región. Se me ha dicho que he hablado de Argentina y de Brasil, pero no de Uruguay. En esto quiero ser claro.  Si bien he aludido a esos países y a Venezuela, me refiero al impacto que lo que allí sucede tiene en nuestro país. Porque si lo que ocurre afuera tiene o puede tener impacto en Uruguay, obviamente, debemos prestarle atención.

En el caso de Brasil, existe un reconocimiento general acerca de que toda esta trama de la operación Lava Jato, de Petrobrás, etcétera, es un virus de corrupción que contagió a toda América Latina porque es una estructura muy grande que tiene a mucha gente comunicándose, y hay ramificaciones en la justicia de Argentina, de Perú, de Colombia, de Ecuador y de Uruguay por lo que sucedió en ese país. No voy a aburrir con las ramificaciones en Argentina o en Ecuador, pero sí voy a hablar de las de nuestro país.

Se están investigando los movimientos de cuentas bancarias entre GNLS –la firma encargada del desarrollo del proyecto para la planta regasificadora– y OAS en el Uruguay. ¿Por qué? Porque ya que estamos con las panameñas y los holdings, podemos tener en cuenta que esa sociedad que el Estado uruguayo –Gas Sayago– le dio a GNLS es una sociedad local, pero el holding era brasileño, GNLS Participaçoes, una empresa de esas que no operan por fuera. En este caso hay denuncias muy fuertes porque esta sociedad involucrada en la operación Lava Jato en Brasil intervino acá y contrató con el Estado uruguayo. No solo eso; en una delación premiada, el titular de OAS, uno de los principales de la firma, llamado Benedito Rodrigues, o Bené –tiene nombre de puntero izquierdo–, dijo que sobornó al exministro de industrias de Dilma Rousseff con USD  3 millones para que se trasladara a Uruguay y consiguiera con el Gobierno el contrato con la regasificadora. Y lo consiguió.

Ahora bien; no tengo pruebas de que Fernando Pimentel se haya quedado con todo o que el dinero haya ido cayendo por el camino. Pero lo recibió con el fin de actuar en Uruguay; lo sobornaron para eso. ¡Ojo! ¡Era Ministro de Industria y Comercio de Dilma Rousseff y recibió USD 3 millones para influir en el Gobierno uruguayo! Si ese no es un hecho importante como para investigar, creo que estamos en problemas.

Además, Fernando Pimentel era un funcionario muy cercano a nuestro Gobierno. No era cualquiera, sino alguien que tenía muy buenas relaciones con otro Gobierno, al extremo que hasta condecoró al entonces presidente con la “orden de la inconfidencia”.

¡Qué coincidencia! Lula da Silva y sus principales ministros están hoy ante la justicia, y más de un dirigente de nuestro país emite declaraciones de apoyo hacia él. Hoy la justicia de Brasil está indagando los casos de corrupción en Petrobrás. Incluso ha enviado exhortos a la justicia uruguaya para ver cuál es la ramificación en nuestro país. Hay un libro del expresidente y hoy senador José Mujica –que se ha hecho muy popular y está recorriendo el mundo–, en el que no se dice lo que se afirmó en un primer momento en cuanto a que Lula le había dicho al señor senador Mujica que, efectivamente, sabía de la corrupción y del mensalão, pero sí es cierto que Lula le dijo que fue sometido a chantaje. Esto se dijo públicamente y, además, se sostuvo que esa era la única forma de gobernar Brasil. Se trata de gente que venía a nuestro país y que hoy está acusada ante la Justicia; de todos modos, yo trato de ser respetuoso. La mano derecha de Lula Da Silva, a quien más de una vez desde la bancada del Frente Amplio defendieron en este ámbito, era José Dirceu. Acá se lo defendió y se rechazaron los argumentos en su contra; sin embargo, hace dos meses el Supremo Tribunal Federal lo condenó a una pena de 23 años y 3 meses por corrupción. Estoy hablando de la misma persona que venía a nuestro país y a la que se defendía. Creo que algún vínculo con él debe existir, ya que esa gente venía acá, actuaba acá, conseguía los contratos de la regasificadora. ¿Se puede decir que aquí no tenían nada que ver con esa persona? ¿Esto no es presunción de una posible irregularidad, si es que se quiere apuntar a eso? ¿Acaso este no es un hecho concreto? ¿Qué lo es, entonces? Tendríamos que meternos dentro de la trama de corrupción para tener más pruebas, porque si uno investiga, es para encontrarlas. Y si no hizo nada, investiguemos igual y alejemos todas las sospechas. Esa es mi opinión.

¿Qué decir de Argentina? ¡¿Qué decir de Argentina?! «El mejor gobierno de la Argentina en los últimos 40 años –nos decían acá– es el de los señores Kirchner»; ¡y ojo si decíamos que no estábamos de acuerdo con eso! Nosotros defendíamos nuestros intereses, nos quejábamos de las cosas que nos hacían y aquí nos respondían: «Eso es una conjura de la derecha». El secretario de Obras Públicas apareció a las 3 de la mañana tirando bolsos con US$ 9 millones y relojes Rolex por arriba de un muro de un convento de monjitas, una de las cuales, con 94 años, dijo: «Él es bueno, me trae sobrecitos de té verde y azúcar una vez por mes». ¿De qué estamos hablando? Mientras tanto, acá se decía que ese era el mejor gobierno de la historia. Y ni hablemos de Lázaro Báez, de Fariña y de tantos otros. ¡Todo esto es increíble! Me gustaría saber si hay alguien aquí que sigue pensando que el gobierno de los Kirchner fue el mejor que tuvo la Argentina en los últimos 40 años. Si lo siguen creyendo, ¡por lo menos díganlo! ¡Digan que siguen creyendo eso!

SEÑOR BORDABERRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: en su ya tradicional intento por desviar la atención de determinados temas, el señor senador Michelini ha abordado una cantidad de asuntos conexos que no hacen a la situación.

Voy a tratar de volver a encauzar el debate como es debido. Nosotros no sentimos que somos los dueños de la verdad ni que tenemos la bola de cristal; solo decimos que cuando estudiamos tenemos el deber de advertir si hay una situación que está mal y no dejar que se avance en lo que, consideramos, es un error. Cada vez que hemos hecho esto, desde el oficialismo se nos ha dicho que estamos persiguiendo un fin político, electoral, etcétera. Esto se nos ha repetido tanto en épocas de campaña electoral como también cuando estamos lejos de las elecciones, como en este caso. Y cité algunos ejemplos claros en los que se nos dijo eso. ¿Acaso no se nos dijo que no había inseguridad en el Uruguay y que se trataba de una sensación térmica?

(Intervención de una señora senadora que no se escucha).

–Con mucho gusto, le concedo a la señora senadora la interrupción que me solicita.

SEÑOR BORDABERRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR BORDABERRY.- Gracias, señor presidente.

Voy a ser bien claro con la señora senadora Tourné. No fue ella la que dijo que se trataba de una sensación térmica, y eso hay que reconocerlo en el debate público. Creo que fue un antecesor de ella en el ministerio quien sostenía esa tesis de que en el Uruguay no había problemas con la seguridad, sino que se trataba de una sensación térmica. Si uno va a los registros lo encuentra. Fue la primera defensa que se hizo cuando comenzamos a advertir todo eso.

Por otra parte, no voy a entrar en la discusión de si fueron cuarenta o cincuenta medidas. En lo personal, creo que fueron cincuenta, pero se las voy a enviar y vamos a arreglarlo por fuera porque no hace al contenido de lo que estamos tratando en el día de hoy.

Creo que estamos presenciando lo que se ha dado en llamar una  «disonancia cognitiva», que se estudia en la psicología moderna. A veces sucede que, cuando algo de la realidad afecta la ideología y el convencimiento de la persona, es peor para la realidad. No quiero aburrir al Cuerpo, pero hay un estudio estadounidense de León Festinger que se llama When prophecy fails, que habla de este tema. Esto está probado e, incluso, se han realizado experimentos sobre individuos que demuestran que, si la realidad afecta su convencimiento ideológico, les cuesta aceptar la realidad. Hay gente que hoy está negando que el señor López, en Argentina, sea un corrupto. Bueno, está bien, lo vieron tirando bolsos, lo agarraron, pero sostienen que fue producto de un pacto de alguien. Reitero que esto es lo que se llama disonancia cognitiva.

Hago estas referencias del señor del Brasil y del señor de Argentina porque ellos vinieron al Uruguay e intervinieron e interactuaron con jerarcas uruguayos. Si hubiera sido otra cosa no estaría haciendo la referencia, pero es cierto. Fueron procesados y condenados allá, y venían a hacer negocios acá. Obviamente, uno dice: «Pero fíjate, la regasificadora nos dejó un agujero de USD 75:000.000; eran USD 175:000.000, pero cobramos USD 100:000.000 de la garantía». Hay una empresa OAS, que contrató con otra empresa GNLS participaciones; con ella contrató Gas Sayago S.A –que pertenece a UTE y a Ancap– y dicen que le dieron  USD 3 millones. ¿No habrá que investigar? Bueno, está bien: no lo hagamos solo por ese caso, pero me parece que tendríamos que anotarlo como un posible antecedente. Pero resulta que encima los defienden, como lo hacían con Dirceu, que venía a cada rato. Entonces, ya empezamos a pensar que es más que una disociación cognitiva.

Por otro lado, tenemos lo que sucede en Argentina, y resulta que hasta hoy hay gente que dice que el modelo kirchnerista es en el que tiene que mirarse el Uruguay. Por las dudas, aviso que tengo las declaraciones en mi poder. En Argentina un arrepentido declara que venía por Melilla  trayendo bolsas de dinero porque ahí no había controles. ¡Y los que tenían que controlar eran autoridades! ¿No tendremos que investigar qué estaba pasando en Melilla que no había controles? ¿Por qué no los había si el señor decía que venía por ahí con la bolsa con dinero, y otro dice que venía por Carmelo? ¿No habrá que hacerlo? Creo que sí. Con respecto al convento, ahora se dice que también iba la cuñada de la expresidenta.

También venía a cada rato el hoy diputado y exministro de economía de Argentina, Kicillof, procesado por la causa del dólar a futuro. Estuvo en la inauguración de la planta de ALUR y de la planta desulfurizadora de La Teja; venía con la barra de La Cámpora y todas esas personas que gritaban. Los vimos. Todos esos, que iban y venían, ahora están procesados, pero no lo están porque se robaron algo, sino por cientos de millones de dólares. Estamos hablando del dólar a futuro, y siguen yendo. Cometían todas aquellas tropelías del otro lado, a media hora de avión, o a dos horas y media de barco de acá;  venían seguido y, encima, hay denuncias de que traían dinero y lo lavaban a través de sociedades y compras de inmuebles, pero todavía se sigue sosteniendo que hay que admirar el coraje de Cristina Kirchner, quien incluso  apoyaba en época de las elecciones. Cuando se investigue el financiamiento de los partidos políticos sería bueno averiguar también el apoyo de gobernadores y partidos políticos en Argentina, ¿no? ¿O nos olvidamos de los apoyos que brindaron cuando mandaron ómnibus con militantes? Eso también forma parte del financiamiento de los partidos políticos y es el peor de todos o, por lo menos, es tan malo como los otros porque, ¡vaya si cuando apoyan para llegar, después no vienen y presionan de otra manera!

¡Ni que hablar de lo que sucede con Venezuela! En estos rankings que tanto les gusta mirar apreciarán que es uno de los peores de la clase. ¡Y vaya si hemos tenido funcionarios uruguayos viajando a Venezuela y funcionarios venezolanos viajando a nuestro país! Venezuela es uno de los países más corruptos, no ya de la región, sino del mundo. ¡Y vaya si hay denuncias de fondos que se manejaron, de programas, de intermediaciones! ¡Vaya si las hay! ¿No habrá nada para ver ahí? También podemos hablar de quienes integran las comitivas presidenciales y después hacen negocios. Hay empresas muy notorias. Han sido mencionadas tantas veces que creo que no es necesario decirlo mucho más.

También se ha hecho referencia –como algo muy importante– a esta suerte de índices de transparencia internacional y se nos dice: «¡Uruguay está muy bien! ¡Uruguay está muy bien!» Siento que es lo mismo que cuando nos decían: «¡La educación está muy bien! ¡La educación está muy bien!» y no nos dábamos cuenta de que el mundo y la educación estaban cambiando y nos estábamos quedando atrás. También nos decían: «En seguridad estamos bien. Estamos mejor que los países de la región». Cuando nosotros señalábamos: «Sí, pero mirá que están teniendo unos problemas tremendos y nosotros tenemos que prepararnos», ellos contestaban: «No, estamos bien, están asustando a la gente». Un día nos alcanzó la realidad. No hicimos los deberes cuando debíamos hacerlos, que era cuando estábamos bien o debíamos estarlo. Si uno estudia esos indicadores debe tener en cuenta que, en realidad, son índices de percepción; no son datos de la realidad. ¡Es la percepción! Repito que es la sensación que tenemos sobre la corrupción en el país. Pero la sensación es una cosa y la realidad es otra; son conceptos distintos. ¿Vamos a esperar a que esa sensación cambie y se constate que hay corrupción para empezar a tomar las medidas?

Tampoco estamos tan bien; lo estamos si nos comparamos con la región. ¡Uy, somos el mejor de la región! Estuve analizando los indicadores: en partidos políticos el promedio es 3,8 %; el 1 % es nada corrupto, el 5 % es muy corrupto; el promedio es 3,8 %. Nosotros estamos en el 3,6 % y 3,8 % es el promedio. Veamos a qué países les estamos ganando: Burundi, Myanmar, Chad, República del Congo, Comoras, Kazajistán, Sierra Leona, Pakistán, Brasil, Catar, Chile, Emiratos Árabes. Tenemos que elevar la mira; personalmente me gusta mirar para arriba y saber quiénes nos están ganando para ver si podemos subir en el ranking.

Otra vez: se trata de la percepción, no de la realidad. Se pueden tomar decisiones exclusivamente desde la percepción porque los hechos no salen a la luz o están bien tapados. Creo que en el Uruguay ha habido repercusiones importantes de todos estos casos. No nos quedemos con mi opinión porque se me puede decir que soy un senador de la oposición, del Partido Colorado y un montón de cosas más. Veamos qué nos dice la Junta de Transparencia y Ética Pública. El 21 de julio de 2014, cuando envié al actual presidente y en ese momento candidato a la presidencia, doctor Tabaré Vázquez, una nota proponiéndole la suscripción de un pacto nacional y declaración contra la corrupción en favor de la transparencia, justo habían ocurrido algunos incidentes en Pluna y en ASSE. Se trató de hechos concretos que sucedieron y yo propuse tomar medidas, también concretas, respecto al delito de enriquecimiento ilícito, a la imprescriptibilidad de los delitos vinculados a la corrupción, mayor autonomía y poder a las fiscalías. Eso lo había sacado de la memoria y la recomendación de los expertos de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Esta junta es la que ahora dice que no estamos haciendo lo que debemos hacer. No lo digo yo, lo dice la junta.

Por lo tanto, me pareció bueno plantear un tema como el de la corrupción, que estoy seguro de que une a todos los partidos. No digo que los senadores que no votan esta comisión estén a favor de la corrupción; no pongan eso en mi boca porque no lo he dicho. Para decirlo debería tener pruebas; no las tengo y no creo que sea así. Lo que sí creo es que no le están dando a este tema la importancia que tiene. En fin, entender que algunos temas son más importantes son apreciaciones y perspectivas válidas. Nosotros entendemos que hoy este es un tema relevante por lo que está sucediendo y se está conociendo, pero en ningún momento voy a acusar a nadie de estar defendiendo la corrupción en esta casa; tengan la certeza de eso.

Es interesante la respuesta que dio el señor presidente, de la cual la señora senadora Tourné leyó una parte; yo fui a buscarla porque me acordaba de ella. El presidente hizo referencia a la Ley n.º  17060 del año 1998 y dijo que el Frente Amplio la apoyó. Eso es cierto. Fue enviada por el Poder Ejecutivo en un mensaje a la Asamblea General en julio de 1996.

En dicha respuesta el presidente hace referencia a las normas que se aprobaron a partir de 2005 y se saltea una que para mí es muy importante, que se aprobó en 2003 y 2005: la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En ella se establecen una cantidad de obligaciones para los países que no estamos cumpliendo. Ese es un hecho concreto que nos llevó a incluir en nuestro Programa de Gobierno del año 2014 una cantidad de objetivos, entre los que estaban estos de los que estamos hablando en el día de hoy. Entre ellos estaban: dar más poder a las comisiones investigadoras, crear el delito de enriquecimiento ilícito, la imprescriptibilidad de los delitos vinculados con la corrupción, ampliar las figuras del arrepentido, del informante, etcétera para llegar a combatir mejor la corrupción. Ahí está la importancia de esto. ¿Por qué hoy en día está surgiendo esto en Argentina y en Brasil? ¿Qué está pasando? ¿Cambiaron los gobiernos? En Argentina sí; en Brasil, no. Pero, ¿qué es lo que hay ahí? Hay instrumentos que nosotros no tenemos que permiten llegar al fondo de estos temas, por ejemplo, la delación premiada en los casos de corrupción, el informante, el agente encubierto, el delito de enriquecimiento ilícito. Ahora se puso de moda –yo lo hice– hacer públicas las declaraciones patrimoniales. ¡Hagámoslo! Aunque haya diferencias entre lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora –en mi caso lamentablemente me da para abajo porque, en realidad, tengo una diferencia de menos y no de más, ya que esta no es la actividad más rentable para uno, y ya paso el aviso–, no hay un delito porque no existe el delito de enriquecimiento ilícito. Estamos hablando de transparencia, de declaraciones, etcétera, pero si hay un aumento del patrimonio no es un delito; lo sería si creáramos, como nos lo impone la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el delito de enriquecimiento ilícito.  Hay un proyecto de ley al respecto que está hace más de un año en la Comisión de Constitución y Legislación y no ha sido incluido en el orden del día.

Hoy en día algunos están diciendo que Latinoamérica está haciendo un giro a la derecha o a la izquierda, pero no creo que sea eso. Me parece que lo que está sucediendo es que se terminaron las condiciones económicas internacionales de crecimiento y la economía está marcando cambios. Lo que sí está pasando es que está terminando el superpopulismo, esos gobiernos que, a caballo de situaciones económicas excepcionales, obviamente gastaron de más y hasta se lo llevaron para la casa. Diez años de gobiernos progresistas en Argentina y en Brasil estarán dejando avances en algunas áreas, pero no hay ninguna duda de que dejaron un gran retroceso en materia de corrupción. No hablamos de que se corrompen por poco dinero, sino por cientos y miles de millones de dólares. Algunos señalan que la década ganada de la que hablaban era cierta. Es una década ganada para ellos con todo el dinero que se llevaron para la casa ilícitamente.

En este momento, cuando quizás esa ley del péndulo haga que algunos quieran pasarse para el otro lado, deberíamos pensar que la lucha contra la corrupción no debe depender de la buena voluntad o de la valentía de unos pocos individuos, sino de la existencia de instituciones y reglas que desincentiven la corrupción, eliminen la impunidad y aumenten la transparencia en los actos de gobierno. Un comienzo puede ser poner los presupuestos públicos y las declaraciones patrimoniales en Internet, pero el paso siguiente debería ser tener los instrumentos para investigar la corrupción y los delitos por los cuales se tiene que ser penado.

Además, por suerte en las últimas semanas esto ya ha hecho carne en el Uruguay porque son muchos los proyectos de ley que se anuncia que se van a presentar en busca de la transparencia. Me parece que eso es muy bueno porque, repito: no hay que dormirse en los laureles de las percepciones, sino tomar medidas. Mientras tanto nosotros, cuando se hace alguna acusación personal como aquella a la que hizo referencia un senador que me interrumpió, hacemos lo que tenemos que hacer, sabiendo que, cuando somos hombres públicos, esas sospechas o acusaciones surgen e inmediatamente hay que aclararlas con documentación y no con verba. Cuando nos hacen acusaciones, presentamos la documentación correspondiente hecha por terceros imparciales que las refutan y los hechos posteriores nos dan la razón. Me parece que ese tiene que ser el camino y no nos tenemos que enojar. No hay que ser nesciente en estas cosas, sino trabajar coherentemente. Creo que el Uruguay haría un gran avance en todo sentido si se conformara esta comisión con fines legislativos –los fines a los que se hace referencia en el informe– y que de ella resultase la necesidad, como estoy seguro va a suceder, de legislar en esta materia.

Voy a resistir la tentación de decir «Avisé»; espero no tener que decir dentro de  algún tiempo que avisamos que el problema de la corrupción es mucho más profundo e importante de lo que nos imaginamos y tenemos que trabajar en ese sentido.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: veo que mi pedido ha hecho perder la serenidad a alguno. Voy a tratar de retomar esa serenidad que, según me dicen, muchos han perdido.

Es difícil sostener que se trata de un operativo mediático cuando en julio de 2014 enviamos una carta al presidente de la república; cuando en agosto de 2014 presentamos las medidas y las incluimos en el programa, y cuando en febrero de 2015 presentamos los proyectos de ley y empezamos a hablar de ellos. Hoy pedimos una comisión investigadora porque los hechos que están sucediendo en la región empiezan a tener repercusión en Uruguay. Bueno, entonces estamos en un operativo mediático desde julio de 2014, señor presidente. ¿En serio alguien puede creer que esto es una respuesta? Yo creo que no. Además, me parece que si lo analizamos con serenidad concluiremos que no es así.

Celebro que hayamos votado la conformación de comisiones investigadoras para analizar temas como los denominados Panamá papers, la trata de personas y el financiamiento de los partidos políticos. Son cosas que van en el mismo rumbo, pero en otra materia; todos tenemos la misma inquietud.

Y ya que se anuncia tanta investigación sobre los Panamá papers, espero que se vaya hasta el fondo, porque no olvidemos que EXOR, que contrataba con Ancap, era una sociedad de ese tipo; no olvidemos que las que contrataban con Gas Sayago eran sociedades de ese tipo; no olvidemos que el hijo del presidente de la república reconoció que tenía una sociedad a la que había girado USD 80.000 y después tenía que girar USD 400.000 por mes. Supongo que en el Uruguay no hay hijos y entenados. ¡Vamos a ir al fondo de los temas en serio! ¡Esperemos que así sea! Creo que sería bueno que así fuera.

Respecto al alcance de las comisiones con fines legislativos, me basé en un informe del doctor Sapolinsky, en el libro «Las comisiones parlamentarias de investigación y sus facultades», del doctor Korzeniak, y en las opiniones del doctor Cassinelli Muñoz. Por eso creo que lo que estoy pidiendo está dentro de las normas legales.

Reitero: no nos sentimos los dueños de la verdad, pero sí tenemos el derecho de expresar lo que entendemos es nuestra verdad, que no necesariamente será la verdad; ¡ojalá conociéramos todos la verdadera verdad! Uno puede expresar su opinión, su visión, y advertir que se viene la corrupción, que va a llegar: será este año, será el año que viene, será en el cambio de gobierno que se dará dentro de unos años. ¡Anticipémonos!

Gracias, señor presidente.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BORDABERRY.- ¡Celebro que empecemos a encontrar coincidencias!

El señor senador Martínez Huelmo leyó y estudió todos los proyectos de ley presentados por quien habla y dijo que con varios está de acuerdo. ¡Eso es un avance importante! Es más, expresó que habría que aprobar alguno de ellos. Reitero que me parece un avance en cuanto a este tema.

El señor senador Mieres está hablando de una comisión especial con fines legislativos y no de una comisión solo con fines legislativos. Otra coincidencia, que me parece muy bien.

Siendo el senador Mieres abogado como quien habla, le voy a llamar la atención sobre la redacción de los artículos 9.º y 10 de la Ley n.º 16698.

Sería bueno que los leyéramos juntos. El artículo 9.º expresa: «Las Comisiones de Investigación y para suministrar datos con fines legislativos pueden ser designadas por resolución de cada una de las Cámaras o de la Comisión Permanente». O sea que el legislador distingue, en este artículo, la comisión de investigación y aquellas para suministrar datos con fines legislativos.

Luego, el artículo 10 dice lo siguiente: «La designación de las Comisiones de Investigación debe ser precedida del nombramiento de una Comisión Preinvestigadora»; después establece las obligaciones de hacer una denuncia, etcétera, que es el mecanismo que sigue el reglamento del Senado. O sea que este artículo no habla de la designación de investigación y para suministrar datos con fines legislativos.

Creo que la intención del legislador al no especificar «para suministrar datos con fines legislativos» es distinguirlas. En realidad, cuando uno propone una comisión de investigación tiene que denunciar claramente el hecho a investigar; pero cuando es con fines legislativos, es otra cosa. Entonces, el tema de la entidad de la denuncia, que exige el artículo 10, no aplica a las comisiones con fines legislativos. Si es con fines legislativos, donde no se presume una irregularidad, no hay denuncia.

Lo cierto es que, al final del día, más allá de lo que dispone la ley, estamos de acuerdo en que es necesario que haya una comisión especial. Además, esto es lo que me dijeron en la primera consulta: para una comisión con fines legislativos ni siquiera habría que constituir una preinvestigadora; en todo caso, habría que decidirlo. Me parece que esa sería la idea; a pesar de que el procedimiento que se admite tradicionalmente es este, ni  siquiera se necesitaba estudiar la denuncia.

Disculpen los colegas esta desviación jurídica sobre el análisis del tema. En definitiva, vamos a llegar a lo que está diciendo el senador Mieres: será una comisión especial o será especial con fines legislativos.

 

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