Cambiar a tiempo es lo mejor

Por Daniel Bianchi

danielbianchi_slideEl Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) está una vez más bajo observación, en este caso debido a denuncias realizadas por Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) por malos tratos, hacinamiento de los internos, investigaciones judiciales a funcionarios y la explotación por parte de una red de tráfico sexual de menores de un centro de amparo del organismo.

Hace varios años que el INAU, en especial por todo lo relacionado a los escapes de internos de sus centros de detención de menores infractores es observado con lupa no sólo por los uruguayos, sino por organismos internacionales.

Los hogares de amparo -o de protección, como deberían llamarse de acuerdo a la opinión de las ONGs- que deben diferenciarse del Programa de Acogimiento Familiar (cuidadoras) y del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA) para menores que infringen la ley, alojan en la actualidad, de acuerdo a datos oficiales del INAU, un número cercano a los 1.000 adolescentes. La internación en aquellos hogares responde a varias causas, siendo las más comunes la negligencia en sus cuidados, la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad por parte de los padres e, incluso, casos de explotación sexual por parte de adultos.

Sobre fines de abril de este año, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y cerca de una treintena de organizaciones no gubernamentales dieron a conocer la existencia de maltratos y abusos, así como malas condiciones de reclusión en hogares del organismo dependientes del SIRPA.

Entre las acusaciones, se establecía que sigue habiendo “malos tratos” y “golpizas” en los centros, e incluso se dio a conocer el caso de un menor que fue encerrado desnudo y esposado a una cama durante tres días por haber denunciado en un canal de televisión de Montevideo que allí eran ultrajados y lesionados. También se ha denunciado que los menores eventualmente han sido trasladados a hospitales psiquiátricos, donde han sido medicados y drogados.

No es todo. Además, preocupa “la forma de investigar” estos hechos, por cuanto aquellos menores que denuncian este tipo de atropellos deberían contar con el auxilio de algún familiar o de un abogado al momento de que se les tomen declaraciones, lo que no sucede, y es claro que no se deberían labrar las Actas respectivas en los mismos lugares donde hubieren sido maltratados.

Los denunciantes advierten que debería haber en el INAU un mecanismo independiente de investigación, de conformidad a lo que establece el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y no, por ejemplo, que cuando los menores vayan a declarar a un Juzgado respecto a los malos tratos de que son objeto, sean conducidos por los mismos funcionarios que son acusados como golpeadores.

Para esclarecer las denuncias contra el sistema de privación de libertad del INAU existentes en distintos Juzgados del país, periódicamente son citados a declarar funcionarios del INAU. Al respecto, el presidente del sindicato, José Lorenzo López, admitió que “gente nuestra también está en la picota por estas denuncias”, y valoró que “este es el mejor SIRPA de los últimos 20 años” -debe serlo, seguramente, ya que el SIRPA fue creado por la Ley Nº 18.711 en junio de 2011, es decir, que lleva recién tres años en funcionamiento- y acusó a algunas ONGs de hacer denuncias porque necesitan “exposición pública” para justificar subvenciones provenientes del extranjero.

Para evitar situaciones tan indeseables y desagradables como las señaladas, y salvaguardar el derecho de todos, es que la Reforma Constitucional que se plebiscitará en forma conjunta con las Elecciones Nacionales el próximo mes de octubre, propone, entre otras cosas, la creación de un Instituto Nacional Penitenciario, por fuera de la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación (ex Sistema Nacional de Cárceles) y del INAU para remitir allí a los menores, de entre 16 y 18 años, responsables de delitos de homicidio simple, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, violación, lesiones graves y gravísimas, violencia doméstica, disparo con arma de fuego, acometimiento con arma apropiada, rapiña, secuestro y copamiento.

Es claro que el primero de los institutos mencionados, el INR, no es adecuado ni procedente. Remitir hoy a los menores a un establecimiento de reclusión, en las actuales condiciones, lejos estaría de lograr su rehabilitación. Y es claro, también, que el segundo de los nombrados, el INAU, no es idóneo para la función que se le atribuye en cuanto a menores infractores.

De ahí que la instalación de un instituto independiente de ambos organismos, que trabaje en la rehabilitación y reeducación de los menores que tengan conflictos con la ley por la comisión de delitos graves o gravísimos, es esencial si lo que se pretende es reencauzarlos para que corrijan sus actitudes y sean personas de bien.

Seguir con lo mismo, invariablemente, tendrá los mismos resultados que hasta el momento.

Que como queda claro, no son nada buenos.

 

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